Presentar un nuevo proyecto de admisión universitaria, que sea aprobado este año con una crisis social en desarrollo, en medio de una batería de iniciativas legales que coparán la atención parlamentaria —como el cambio a los sistemas de pensiones y tributario— y que además logre ser implementado a tiempo, es la tarea casi imposible que tiene la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en su agenda 2020.

Consultada por “La Segunda”, ella dice que la “gradualidad” será la clave para enfrentar la transformación. Sin embargo, la tarea que dejó en manos del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, aún se ve cuesta arriba y más si se considera la presión que sobre el proceso impusieron dos sabotajes “exitosos” a la PSU, prueba que debiendo concluir en diciembre de 2019, lo hizo el 5 de febrero de este año.

Además, recién se está en la etapa de escuchar a los grupos de expertos a través de dos comités: uno compuesto por siete rectores del CRUCh y otro por rectores de centros de educación superior técnico-profesional. Por eso, borrador aún no hay y menos cuando todavía se está en la etapa de traspaso de mando del sistema de admisión desde el CRUCh y el Demre a la Subsecretaría de Educación Superior, etapa que comenzó en mayo del año pasado.

En medio de ese panorama, fuentes del CRUCh, del Comité de Acceso Técnico Profesional, dos analistas políticos y tres expertos en el área coinciden en que Cubillos y Vargas enfrentarán dificultades de tres tipos.

En una de las tres primeras sesiones de las seis que ha habido —dice uno de los rectores que participa de ellas— se analizaron las conclusiones del Informe Pearson de 2013, elaborado por esa compañía internacional y que, en síntesis, concluye que la PSU reproduce brechas socioeconómicas y de género, además de carecer de capacidad predictiva del desempeño de los estudiantes. Fueron convocados expertos en sistema de admisión de la UC y de la Chile, quienes plantearon visiones concordantes con ese diagnóstico.

El problema se produce a la hora de optar por cambios. El rector consultado dice que él es partidario de continuar con “una batería de pruebas estandarizadas”, pero mejoradas, mientras que la experta del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad de Chile Teresa Flórez cree que ello “sería un error”, ya que “existe una correlación entre las pruebas estandarizadas y el nivel socioeconómico”, por lo que sería caer en el mismo problema actual.

Flórez argumenta que el abanico de opciones es amplio e incluye, entre otros, un sistema no selectivo, como en Argentina, donde entran los que quieren a una carrera y luego pasan de curso los que pueden, lo cual es caro; un sistema en que las universidades definen sus formas de admisión, lo que requiere de un ente estatal que supervise; y un formato en que se integre una prueba externa con otros sistemas, al estilo inglés, donde profesores de secundaria “recopilan evidencia de sus estudiantes” y luego emiten un informe, lo que también supone fiscalización estatal.

“Nuestro interés como Gobierno es que (el proceso de cambio de sistema de admisión) sea lo más participativo posible”, afirma Cubillos. Pero pone un marco: que esa apertura sea “a todos los actores que tienen un compromiso por el diálogo y no la violencia”. La secretaria de Estados alude implícitamente a los voceros de la ACES, Víctor Chanfreau y Aylen Salgado, quienes llamaron a sabotear la PSU.

“El clima político es complejo para cualquiera”, dice la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre, quien cree que el CRUCh incidió en la polarización, pues “hemos observado que, en los últimos diez años, ha sido absolutamente irresponsable en no implementar las mejoras a la PSU que estaban reclamadas. El Consejo de Rectores ha sido tremendamente conservador y poco activo”.

Ello ha permitido —dice Eyzaguirre— que la ACES se posicione como un actor incómodo, a pesar de ser “un grupo extremadamente minoritario”.

“Lo que la ACES demanda —acceso universal a la educación superior— es una ridiculez: quieren meter a la fuerza al sistema universitario a estudiantes que no reúnen las capacidades de pensamiento abstracto necesarias para pasar provechosamente por ahí y luego ejercer lo estudiado. Es como demandar acceso a una piscina para personas que no saben nadar”, afirma el investigador del IES Pablo Ortúzar.

Pero al igual que Eyzaguirre, estima que hay que realizar cambios, que también son comunicacionales: “Cada año les hacemos pensar a miles de jóvenes que si no entran a la universidad no valen nada. Que no hay más alternativas. Eso no es así”.

El 8 de enero —concretado el boicot a las dos primeras jornadas de la PSU— la ministra llamó a la fiscalía y a los tribunales de justicia a estar “a la altura” de un Estado de Derecho. En el Demre y en el CRUCh sus críticas fueron consideradas como “provocativas”.

“Recojo —añade ella— lo que dijo el propio rector Vivaldi cuando asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido: que habían subestimado los llamados a la violencia”.

Para el investigador del Flacso Marco Moreno, Cubillos no está resultando funcional para los objetivos del Gobierno de “sintonizar con las emociones”, y cree que es percibida como “dura”. Y, además, “la gente no distingue respecto a los responsables del proceso de la PSU y la responsabilidad del Mineduc. Por eso evalúa mal la gestión de la ministra y del ministerio en este sabotaje de la PSU”, concluye.

Con Moreno concuerda el investigador de la Unesco Francisco Gil, para quien “la ministra tiene una confusión de roles con el ministro del Interior. Habla del orden público y se olvida de la parte educacional”.

Pero Ortúzar desdramatiza: “No creo que la forma directa y frontal le cueste el puesto, pero la pregunta es si para lo que viene, su agenda de orden público-educación es la más indicada o si se necesita un perfil distinto. Y asumiendo que cambiar el gabinete es un tema casi de supervivencia para el Gobierno, es razonable preguntarse si ella podría desempeñarse mejor en algún otro ministerio, como Defensa o Interior”.