Las faltas de rendiciones de gastos por la contratación de traslado de enseres de casa hacia el lugar que se les asigna a quienes son destinados a vivir en el extranjero, entre ellos los agregados militares, son uno de los “hallazgos” más importantes efectuados por la Contraloría General durante la investigación administrativa que el organismo fiscalizador realiza a los gastos en la Armada.

La revisión en curso incluye a las diferentes secciones de “pasajes y fletes” de las Fuerzas Armadas y al Estado Mayor Conjunto, pero en la Marina el caso podría complicarse, pues —según quienes han tenido noticia del proceso fiscalizador— sus efectivos nunca han rendido ese gasto.

Las mismas fuentes señalan que la Armada se encuentra intentando justificar las razones por las que las contrataciones de esos servicios no fueron rendidas mediante boletas, facturas o algún documento que acreditara el gasto. Su línea inicial de defensa es que se trata de una costumbre, al interpretarse que el dinero entregado para ítem de traslado es un “derecho” de la persona que viaja producto del servicio, pasando así a formar parte de su patrimonio personal y pudiendo hacer uso discrecional de esos fondos. Lo asimilan a los viáticos.

Los argumentos son similares a los usados inicialmente por el Ejército cuando la ministra en visita, que investiga el fraude en dicha institución, Romy Rutherford, comenzó a preguntar por los pasajes al extranjero que ahí se adquirían, descubriendo que el dinero que se entregaba para comprarlos era también usado para escalas de varios días en destinos turísticos o que una parte de la plata se la quedaba el militar viajante. La ministra igualmente sometió a proceso a altos oficiales por estos hechos —como al general, entonces activo, Alejandro Villagra—, descartando la razonabilidad de esa tesis plasmada en el documento conocido como “informe Villagra”.

Fuentes de la Contraloría señalan que la investigación administrativa está en su última etapa. Agregan que ya fueron revisados los descargos de las ramas a los preinformes y estarían listos los informes finales. “Se ha atrasado por cierta documentación que el Ejército demoró en hacer llegar, debido a que muchos de los papeles en esta área están incautados por la ministra Rutherford”, acota otra fuente cercana.

El problema detectado con la Armada implica la no existencia de ningún papel que acredite los gastos en fletes realizados entre 2017 y 2018, que es el período fiscalizado por la Contraloría en esta pasada.

Se especifica que en la institución siempre se consideró el flete como un derecho del marino que era trasladado a la agregaduría militar. Este implica la contratación de medio container para el traslado de los enseres que iban desde mobiliario a la vajilla.

En la Armada, la unidad de “pasajes y fletes” proyectaba el valor en virtud de una cotización y entregaba un cheque por ese monto al marino que debía viajar para instalarse en alguna nueva nación como agregado militar. El marino cobraba el cheque y se encargaba de contratar él el traslado de enseres. Nadie entregaba las boletas o facturas de esa contratación, dando espacio a la práctica de “heredar” o comprar a un precio muy bajo los bienes que dejaba el agregado saliente.

Cabe hacer presente que los valores de fletes de esa magnitud son mayores que los precios de los pasajes. Las fuentes consultadas hablan de unos 2 millones de dólares comprometidos en total durante el período.

“El reproche que se hace es a la institución, no a personas específicas”, dice otra fuente, esta vez militar. En un escenario así, podría ser la jefatura de la sección la que tendría que correr con la devolución de los dineros.

Esto, además, porque esas jefaturas imputaron las platas al subtítulo 21 del clasificador presupuestario del Ministerio de Hacienda. Este incluye los gastos en personal, desde los sueldos a los “gastos de traslado” (viáticos), por los que no se exige rendición.

El subtítulo 22, en cambio, siempre debe rendirse. Incluye los “bienes y servicios de consumo” y es ahí donde figuran expresamente los “pasajes, fletes y bodegajes”. En la mayoría de las reparticiones públicas, además, el servicio lo contrata directamente la sección a cargo.

El escenario para la Armada conlleva otro riesgo: la ministra Rutherford ya está enterada del fenómeno y podría mirarlo con los misma óptica que usó para los viajes del Ejército, donde tiene procesados tanto por haber permitido la situación (las jefaturas de las secciones) como por haberse quedado con dinero no gastado efectivamente en los pasajes.

Abogados del caso indican que la ministra tiene hace meses antecedentes respecto al mal uso de fletes también en el Ejército, sin que hasta ahora existan procesamientos.

Consultada la Armada respecto de la no rendición de estos fondos, hasta el cierre de esta edición no había brindado respuesta.