Justo cuando el Servicio Electoral (Servel) intentaba reacomodar su planificación a las tareas adquiridas tras el estallido social —como el plebiscito de abril— chocó con un actor que podría interferir en el orden de las cosas.

La multinacional Smartmatic International Holding B.V. quería entrar a Chile, pero no lo logró. Al menos no en el primer intento. En agosto postuló a la licitación del Servel para implementar la red de transmisión de datos de las elecciones 2020 y 2021, que finalmente se adjudicó Telefónica por $19.995 millones (sin IVA).

La compañía fundada por venezolanos —que hoy es un consorcio internacional— alega haber sido discriminada, pese a su oferta 15,7% más barata que la del contrincante. Por eso el 3 de enero ingresó al Tribunal de Contratación Pública una impugnación a la licitación, solicitando suspender el procedimiento y declarar la “ilegalidad de la resolución” respectiva.

En paralelo a ese procedimiento y apremiados por el tiempo, el organismo público pactó vía trato directo con Telefónica la red de transmisión de datos para el plebiscito de abril por unos $8 mil millones. Pese a que la determinación y el monto exacto aún no se reflejan en una orden de compra, el Servel habría fundado su nueva contratación en la necesidad de contar con una empresa conocida, en un contexto donde la situación político-social no permite errores.

Smartmatic —con sede en Londres y presencia en países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Panamá, Países Bajos y Taiwán— reclama que su oferta no fue evaluada en derecho, sosteniendo que hubo una interpretación errónea y arbitraria de su experiencia y trayectoria en proyectos similares, las cuales bajaron su calificación en la evaluación de la licitación. De haber sido valoradas correctamente, aseguran, habrían ganado.

“Las bases de licitación no establecieron en momento alguno que la experiencia debía ser necesariamente nacional como criterio de evaluación”, dice la demanda de impugnación.

En su presentación agregan que eso constituiría “una barrera de entrada ilegal que atenta contra el principio de igualdad de los oferentes”, debido a que Telefónica ha realizado todas las elecciones desde los 90, mientras que la experiencia de Smartmatic corresponde únicamente a proyectos internacionales.

Por eso, recalcan que su propuesta no se evaluó conforme a los criterios establecidos en las bases de licitación. La empresa también ha enfrentado polémicas en otros países, como por ejemplo Argentina, donde el año pasado logró desbancar a la española Indra —aliada de Telefónica en las elecciones chilenas— para hacerse cargo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO.

El jueves pasado, el Servel ingresó su respuesta al Tribunal. En ella puntualizó que ninguna de las experiencias que la empresa intenta acreditar es válida para las características del proceso chileno, ya que se ha desempeñado en procesos de votación electrónica y no manual.

“Si bien la empresa impugnante señala una nutrida experiencia en procesos electorales, lo cierto es que dichos procesos difieren diametralmente de la forma en que se desarrollan nuestras elecciones”, acota el documento presentado por el servicio. Bajo ese y otros argumentos, piden al Tribunal rechazar la impugnación de Smartmatic.

La licitación que ganó Telefónica contempla seis procesos electorales: la primaria de alcaldes y gobernadores (junio de este año); la elección de alcaldes, concejales y gobernadores (octubre); una eventual segunda vuelta de gobernadores y alcaldes (noviembre); primarias presidenciales y parlamentarias (julio 2021); elecciones presidencial, parlamentaria y de cores (noviembre 2021) y un posible balotaje presidencial (diciembre 2021).

A juicio de José Antonio Ramírez, abogado patrocinante de Smartmatic, la firma que representa debiese adjudicarse el proceso de licitación de los procesos electorales “por cumplir los requisitos de las bases y realizar una oferta económica mucho menor, aproximadamente 4 millones de dólares. El patrimonio fiscal debe resguardarse, así como la transparencia y confianza en este tipo de licitaciones públicas. Servel, bajo una errónea e ilegal interpretación, desconoce la experiencia internacional de Smartmatic”.

Actualmente, las partes están presentando pruebas, tras lo cual se estima que el Tribunal falle en febrero. La Segunda no obtuvo respuesta del Servel.