Pese a que hasta esta mañana no había sido ingresada una solicitud de formalización, al menos una señal indica que pronto el Ministerio Público adoptará una decisión respecto de llevar a los tribunales al suspendido fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, para formalizarlo.

El persecutor enfrenta una pesquisa en su contra por el delito de obstrucción a la investigación en la causa por falsificación de pruebas por parte de un equipo de Carabineros en contra de comuneros mapuches de la Región de la Araucanía, dentro del marco del caso Huracán.

La señal en cuestión corresponde a dos afirmaciones del Ministerio Público en la audiencia del viernes 17 de enero de reformalización de los 11 carabineros imputados en Huracán, a quienes, entre otros hechos, se les acusa de haber participado en la falsificación de mensajería WhatsApp, supuestamente interceptada a través del programa Antorcha, que en realidad nunca funcionó.

En un documento anexado a la causa, la fiscalía plasmó su convicción: Refiriéndose a uno de los informes con falsedades, señaló que ese documento fue elaborado con la participación de Moya. En uno de sus párrafos se destaca que el mayor de Carabineros “Patricio Marín Lazo lo revisó, corrigió y remitió por correo electrónico a Sergio Moya Domke, a la fecha fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Rancagua, quien concertado con el imputado antes aludido (Marín) y en conocimiento de la falsedad de los antecedentes expuestos en el documento, procedió a la revisión de su contenido, sugiriendo una serie de correcciones en este”.

Añade que luego lo devolvió al mayor, “tras lo cual este último, luego de incorporar las sugerencias de Moya Domke, hizo llegar el documento al (general) Aquiles Blu Rodríguez”, quien entonces era el director de Inteligencia de la policía uniformada.

El e-mail contiene instrucciones para proceder en Huracán y una de ellas, en el numeral 11, pide evitar pericias por parte de la PDI: “Los soportes informáticos de los chat tienen que ser entregados con cadena de custodia. Quien lo firme seguramente declarará en las investigaciones. Lo más probable es que lo pericien, por lo que hay que sugerir que se pericien por Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) para no revelar la técnica investigativa, pues si se revisan por la PDI se entregará al Cibercrimen, los que informarán que no es posible pinchar WhatsApp, y así se termina la investigación”.

En la misma reformalización, el Ministerio Público menciona otro episodio similar, referido a una orden de detención en contra de tres personas acusadas de participar de un supuesto tráfico de armas entre comuneros de Chile y Argentina, solicitada por Moya en diciembre de 2017 y para la cual se valió de liberación de informes de inteligencia, lo que coordinó con Marín.

Para pedir los datos de inteligencia, se elaboró un documento en el que Moya también —siempre según la fiscalía— se concertó con Marín.

“La Segunda” se contactó con el abogado del suspendido fiscal, Marcelo Hadwa, quien dijo que “no hemos recibido información respecto de una posible formalización” y que las explicaciones al mail en que Moya aparece dando instrucciones a Marín “mi representado ya se pronunció sobre aquello ante al tribunal de garantía de Temuco el 12 de julio de 2018”, donde descartó cualquier intervención de su parte.

Tres son los nombres que más suenan en el Partido Socialista para liderar el comando de la campaña #YoApruebo de cara al plebiscito del 26 de abril, en el que se consultará si se elabora o no una nueva Constitución. Se trata de la diputada Maya Fernández y de los senadores Isabel Allende y Carlos Montes, quienes figuran entre las opciones que se barajan para motivar la participación de los chilenos en el referéndum.

Según un mandato del último pleno del Comité Central —realizado el sábado— será la directiva, que preside el senador Álvaro Elizalde, la que deberá decidir tanto la integración como la forma de operar de esta instancia.

Una de las fórmulas es contar con un secretario ejecutivo que lidere el proceso, pero también se promueve la designación de un “rostro”, similar al esquema aplicado por la Democracia Cristiana en donde Carmen Frei es la vocera de la campaña.

El debate sobre quiénes serán las figuras se extenderá hasta el jueves, día en que habrá reunión de directiva.

La intención fundamental es abogar por una convención constitucional con participación ciudadana, insistiendo en la paridad de género y en los escaños reservados para pueblos indígenas.

Además, como lo expresó Elizalde en el Comité Central, trabajarán “para enfrentar la campaña de desinformación propuesta por la derecha”, dicen en el PS.