6 NOVIEMBRE: Representantes de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom) y la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz, se reúnen con cuatro académicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, a quienes solicitan un informe de “inteligencia” a partir de información disponible en redes sociales, con el fin de acreditar intervención extranjera en el descontento social. Los expertos rechazan el requerimiento.

11 NOVIEMBRE: El Presidente Sebastián Piñera, en entrevista con el periódico español El País, asegura que hay intervención extranjera en el descontento y la violencia que acompañan el estallido social desatado el 18 de octubre.

2 Y 3 DICIEMBRE: Según Interferencia, el exsubsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, se reúne en dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con el gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, quien llegó acompañado de un representante de la agencia española Alto Data Analytics. Estos le hacen entrega del informe “Big Data”.

12 DICIEMBRE: En entrevista con la radio española SER, Piñera insiste en la tesis de la intervención extranjera y asegura que “hay tecnología de punta, hay organización militar” en los hechos de violencia asociados a las movilizaciones.

18 DICIEMBRE: El fiscal nacional Jorge Abbott sostiene que el Ministerio Público no ha recibido ningún antecedente que acredite la supuesta intervención extranjera en los ataques al Metro.

Menos de 24 horas le duró a La Moneda la buena noticia que significó la aprobación en el Senado de la Ley Antisaqueos y Antibarricadas (que ahora debe ser vista por la Cámara).

Hoy el medio electrónico Interferencia afirmó que el informe de Big Data, en que el Gobierno sustentaba presunciones de una intervención extranjera en el estallido social del 18 de Octubre pasado, había sido entregado por el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, actual gerente legal de Quiñenco, grupo económico que lidera el empresario Andrónico Luksic.

Quiñenco reiteró hoy que puso en contacto a la firma española Alto Data Analytics con el Gobierno. El holding comenzó a trabajar con esa agencia tras el fallido atentado contra Hinzpeter el pasado 25 de julio, a quien se le envió una bomba a su oficina. La revelación de este nuevo episodio revivió una polémica incómoda para el Gobierno, cuyas autoridades, hasta el cierre de esta edición, aún no daban una explicación de los hechos (ver nota página 7).

Cuando este informe fue filtrado a la prensa, La Moneda ya había sido objeto de críticas debido a que la propia Fiscalía desestimó la calidad de ese documento, que daba relevancia, ente otros, al K-Pop coreano (estilo musical) como un factor en el estallido.

Hasta hoy ninguna autoridad de Gobierno había revelado el origen de este estudio, por lo que este nuevo antecedente reabrió los cuestionamientos al Ejecutivo (ver recuadro de Twitter).

En especial las críticas se concentraban en el rol de Quiñenco y la supuesta participación de Hinzpeter el lunes 2 y el martes 3 de diciembre en reuniones en las dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), siempre según la versión de Interferencia.

El medio agrega que “en una mesa dispuesta en forma de U, se reunieron representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la ANI. Pero participaron tres personas más: el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, (…) Hinzpeter y un representante español de Alto Data Analytics”.

“La Segunda” consultó a cuatro expertos en inteligencia, quienes respondieron respecto de la procedencia o no de trabajar con la empresa privada y sobre de la validación que el ministro del Interior Gonzalo Blumel le dio al documento al hablar de que fue obtenido a través de tecnología “extraordinariamente sofisticada” (ver línea de tiempo).

Todos coincidieron en que la Agencia Nacional de Inteligencia —al igual que sus pares a nivel mundial— pueden valerse del mundo privado para obtener insumos; algunos cuestionan que se haya realizado la reunión de traspaso en las oficinas del organismo y todos opinan que el gran problema lo generó La Moneda al darle una relevancia indebida a un documento “básico” y al haberlo traspasado al Ministerio Público, donde resulta “inútil” para la persecución penal.

Para el exanalista de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Antonio Ramos, “la crisis social era de tal magnitud que el Gobierno y los actores involucrados no podían ponerse a pensar, a actuar con delicadeza. Había que reaccionar rápida y urgentemente. Considerando que no había inteligencia suficiente y que los organismos de inteligencia no habían sido capaces de preveer lo que estaba pasando, la presión y la desesperación impulsó a los empresarios a apoyar al Gobierno”. A su vez, este último también fue presa del “miedo”, al encontrarse en un escenario que lo agarró por sorpresa.

El asesor internacional y experto en inteligencia Guillermo Holzmann añade que “no es extraño que una empresa privada entregue algún tipo de información al Estado de estudios contratados por ellos. Cuando esa información se entrega a organismos de inteligencia, entra en un proceso de validación”.

“Y el Big data —continúa el ex director de la inteligencia de la Armada, Oscar Aranda— es una herramienta al servicio de la inteligencia como de investigaciones de hechos delictuales ocurridos”. Sin embargo, puntualiza que “la inteligencia que produce es de nivel básico; carece de la sofisticación como para ser entregada a una fiscalía y su mera divulgación puede atentar contra el resultado de una investigación, que se realice a partir de ella. A mi juicio hubo una suerte de despropósito al hacer eso”.

—¿Qué le pareció que Blumel validara el informe?

—Darle publicidad a una línea de investigación de la inteligencia nunca es bueno, provoca que los investigados tomen precauciones.

“El problema está en la relevancia que a ese informe le dio el propio gobierno”, concuerda el exasesor de Interior durante la primera administración de Piñera, Tomás Duval (U. Central). “El problema político —agrega— es que el ministro del Interior le otorgó una relevancia al informe que no correspondía. Si era un informe que considerado de inteligencia debió mantenerse en ese ámbito como un insumo más no más”.

A ello Holzmann agrega que “la propia reacción de la fiscalía (ver línea de tiempo) da cuenta de que ese informe no tenía nada del otro mundo ni cooperaba en los procesos. No correspondía pasarlo; no constituye evidencia”.

A parte de la validación y publicidad que el Gobierno le dio al documento, Tomás Duval apunta a un segundo problema: para él, la ANI debió recibir el informe y analizarlo con sus profesionales, sin aceptar una junta en sus dependencias. “Por un estudio de redes sociales hecho por una empresa es impropio hacer reuniones en un lugar de inteligencia”.

Si luego de analizado a en la ANI surgían dudas —concluye— entonces podían hacerse las consultas después. “Fue inadecuada esa forma de proceder”, cierra.

Diputado @GiorgioJackson

Así que Luksic tras el informe de k-pop. ¿Por qué el Gobierno no fue capaz de transparentar esto (…)?

Exsubsecretario Pedro @huichalaf

Impresentable sería que una empresa privada tenga tal nivel de injerencia que marca pautas de investigación y postura de un gobierno (…)

Secretario gral. CUT @NolbertoDiaz

Parece obvio que debe responder @aluksicc por la legítima inquietud pública de la impresentable intromisión de su operadora Quiñenco en el trabajo de Interior y Seguridad Publica (…)

Diputada @KarolCariola

(…) quiero preguntar públicamente al sr @aluksicc si es su grupo económico el que estuvo detrás (…).

Alejandro Navarro @senadornavarro

Piñera instaló tesis repitiendo hasta la saciedad: “hay un enemigo poderoso e implacable”. Ahora sabemos origen (…).

Diputado @diego_ibanezc

El 23 de diciembre oficiamos sobre autoría del informe, gasto público asociado y quién lo mandó a hacer (…). Han pasado 22 días y todavía no hemos recibido respuesta (…).