Mientras Eduardo Vargas, Marcos González y Arturo Vidal le encajaban tres goles a Venezuela en el Estadio Nacional, en el centro de Santiago Fernando Coloma (entonces Superintendente de Valores y Seguros) revisaba en su oficina, por enésima vez, la formulación de cargos que pretendía firmar y notificar ese día. Iba y venía entre su despacho y un salón donde sus asesores resolvían dudas y miraban la decimoquinta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014. Chile ganó 3-0.

Cuando se iba el viernes 6 de septiembre de 2013 y llegaba el sábado, Coloma terminó de afinar la resolución que, lo sabía, remecería al mercado de capitales chileno. Fanático del fútbol, hincha de la Universidad de Chile, casi no pudo prestar atención al televisor. Sus energías estaban puestas en la resolución que lo consumía esos últimos meses, con jornadas extenuantes. Un día se había ido a las cinco de la mañana a su casa. Leía y releía cada párrafo, cada argumentación. Ese viernes en la noche era el último día de revisiones.

Al día siguiente del partido Chile-Venezuela, en la mañana del sábado 7 de septiembre de 2013, desde la sucursal Plaza de Armas de Correos de Chile, la SVS despachó notificaciones a cuatro personas. Coloma se había impuesto la meta de firmar las acusaciones contra Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica antes de viajar a Londres para participar en el Chile Day, una jornada de exposición internacional que tenía más repercusión en Santiago que en cualquier otro lugar, pero que servía para reunir a inversores, autoridades, intermediarios, corredores, abogados, fiscalizadores y fiscalizados. Quería notificar a todos los involucrados antes del 11 de septiembre, porque a partir de ese día le restarían justos seis meses para el término del gobierno y quería ser él quien definiera, en el plazo máximo que otorga la ley, si la acusación se desechaba o se confirmaba. No lo pudo hacer. Dejó la SVS el 11 de marzo de 2014 sin el caso cerrado y volvió al Instituto de Economía de la Universidad Católica.

El martes 10 de septiembre a las 17:26, hora chilena, la SVS envió un correo electrónico a los medios de comunicación informando la formulación de cargos. Siete personas revisaron el comunicado de prensa, en busca de errores, antes de su divulgación. Se acusó a Ponce de ser el “ideólogo y promotor” de un esquema de negocios que le permitió comprar acciones bajo precio de mercado y venderlas luego a valores superiores, y le imputó cinco infracciones a las leyes de sociedades anónimas y de mercado de valores. Mientras, en Londres anochecía.

La superintendencia podía dejar bajo reserva la formulación de cargos, pero también tenía la facultad de divulgarla. Coloma fue contra la opinión de sus asesores, partidarios de no informar las acusaciones. “Había una necesidad de mercado clara, pues este tema había devenido en una preocupación pública mayor”, dice años más tarde.

Ese mismo 10 de septiembre, mientras Coloma estaba en Londres, Julio Ponce, ya notificado, fue personalmente al edificio de la SVS, acompañado de Pedro Mattar, que había sido fiscal de valores de la Superintendencia entre 1978 a 2001. El intendente de valores, Hernán López, les informó que las acusaciones se harían públicas; Ponce le pidió no hacerlo. “Me parece que es un ajusticiamiento en la plaza pública sin que nosotros nos hayamos defendido”, protestó luego ante los fiscales.

Cuatro meses después, la SVS amplió sus acusaciones contra once personas naturales y jurídicas. Entre ellas, la mayor corredora de bolsa del país, Larraín Vial, y su dueño, el emblemático Leonidas Vial Echeverría. Para la SVS, Vial no solo era un histórico amigo de Ponce. También era su cómplice.

Julio Ponce dijo alguna vez que tenía dos enemigos. Dos líderes de empresa que, dijo, lo habían presionado ilegítimamente en el caso Cascadas. Uno era Pablo Echeverría, el dueño de Moneda. El otro era el entonces presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán Matta. La única vez que Guzmán se ha sentado frente a Julio Ponce en su vida fue a raíz del caso Cascadas. El presidente de Soquimich lo visitó en las oficinas de Habitat y le hizo un relato que, en esos meses, repitió ante varios empresarios, dirigentes y periodistas: le contó sobre su trayectoria, sobre cómo había reconstruido la empresa, su pasión por los caballos. Más de la mitad de ese encuentro lo destinó a esa narración.

“Para él, la perla era Soquimich”, recuerda Guzmán. Ponce comenzó ese encuentro tuteándolo, con un trato familiar que podía parecer impropio para quienes nunca habían conversado antes. Guzmán afirma que él lo trató siempre de “señor Ponce”. El presidente de SQM tuvo que cambiar los modos y terminó refiriéndose a su interlocutor como “señor Guzmán”. “Yo estaba con el fiscal de Habitat y nadie más. Él fue solo. Yo recibía a todo el mundo, así que no tenía ningún problema en recibirlo. Y yo le dije bueno, cómo explica esto, esto y lo de más allá. La verdad es que no tenía explicación. Me dijo que estaba dispuesto a devolver lo ganado irregularmente, cosa que nunca hizo, por lo demás”, relata Guzmán, un empresario de la construcción que fundó su empresa en 1980 y que ha desarrollado proyectos inmobiliarios en Santiago, Miami, Madrid y Milán. Guzmán tuvo roles gremiales de simbolismo mayor: fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el estratégico período de 1990 a 1996, y se ganó el apelativo de “gendarme del modelo”. Ingeniero civil de la Universidad de Chile, dirigió la Cámara Chilena de la Construcción en los últimos años de Augusto Pinochet, de quien fue un admirador porque, dijo, abrazó inesperadamente un modelo de libertad que contradecía la inclinación natural de los militares hacia el estatismo. De carácter afable y comedido, Guzmán nunca fue altisonante, pero siempre tuvo juicios taxativos. En el caso Cascadas también. Dice que la suya no fue una cruzada personal, sino de la AFP, que denunció el caso en julio de 2012 a la SVS y luego reclamó en público por la demora del superintendente en resolverlo.

Hasta antes del caso Cascadas, Guzmán no conocía a Ponce, pero sí a Patricio Contesse, quien alguna vez lo visitó en su oficina particular en Providencia para preguntarle –lo que excedía sus facultades como gerente general de SQM– si estaba disponible para entrar al directorio de la minera. Fue antes del cambio en el directorio de abril de 2005, cuando entró el empresario Wolf von Appen. La mesa también la integraban el exministro Hernán Büchi y el empresario pesquero Roberto Izquierdo Menéndez. Guzmán había sido presidente de Enersis y Endesa tras el escándalo del caso Chispas, y se negó porque ya vislumbraba que podía asumir la presidencia de la AFP Habitat, lo que hizo en 2006.

Guzmán estaba convencido de que las transacciones investigadas eran irregulares y así se lo repitió a Ponce cuando lo visitó. Ponce le reconoció las operaciones, pero le expuso que eran justificadas y necesarias para reforzar las finanzas de las cascadas. “Tenía una explicación para el tema, pero nunca negó que se había generado una materia prima, que fueron unas acciones no suscritas y que luego se las vendieron a un precio a algunos amigos, cercanos a él, y que después se las recompraron a otro precio, y que en la pasada las cascadas perdieron 320 o 340 millones de dólares, que ganaron los otros señores…”, resume Guzmán.

El presidente de Habitat leyó cuatro veces la formulación de cargos de Fernando Coloma. La primera vez lo hizo, para enojo de su esposa, en un crucero en el que recorrieron el norte de África, Casablanca y el sur de España, tras recibir por correo electrónico el texto. Estudió las acusaciones de la SVS porque se propuso manejar a la perfección el caso. Si quería ganar la batalla, no solo necesitaba que la autoridad les diera la razón, necesitaban convencer a sus pares. Guzmán expuso los antecedentes, PowerPoint incluidos, ante medios de comunicación, dirigentes empresariales y autoridades. En su cruzada consiguió el apoyo de sus pares. “En este tema evidentemente que sentí el respaldo empresarial, entre otras cosas porque no creo que Ponce fuera un personaje muy querido, y a pararle el carro no todos se atrevían”, dice.

Guzmán recibió en 2014, el año en que dejó Habitat, dos reconocimientos: los lectores del periódico Diario Financiero lo escogieron el empresario del año y la ESE Business School de la Universidad de los Andes lo premió como egresado destacado. El mismo año, Fernando Coloma fue distinguido con el Premio Ingeniero Comercial UC y reconocido por la organización In Best por su contribución al mercado de capitales, algo que cayó como un balde de agua fría sobre los socios y ejecutivos de Larraín Vial. Guzmán y Coloma creen que en todos esos reconocimientos hubo algo de apoyo implícito a sus gestiones en este caso. Y los acusados lo sintieron como una doble sanción. Fue el caso de Larraín Vial. “Me comentaron que estaban indignados”, confiesa Coloma, quien debió sufrir después la distancia con Leonidas Vial, cuyas esposas eran cercanas. “Más de alguno debe hablar pestes contra mí y me evitan. Claramente fui una persona muy incómoda”.

José Antonio Guzmán sintió que el premio validaba lo que hizo en este caso. “Yo lo interpreté y lo sigo interpretando como que el mundo empresarial y los lectores informados valoraron el que un empresario pusiera las cosas en su lugar y pasara por encima de cualquier vinculación social, que no la tengo, por lo demás, pero de otro tipo que suelen ocurrir en este país, para defender los principios”, afirma Guzmán.

Los dirigentes del empresariado elevaron la voz una vez que la SVS destruyó la inmunidad invisible que Ponce había construido en dos décadas. Andrés Santa Cruz, presidente electo de la CPC en marzo de 2013, lanzó en el máximo encuentro empresarial local una frase que a Ponce no le resultó inocua. “Al fresco, fresco; al sinvergüenza, sinvergüenza; y al inocente, inocente”. Ponce, dicen en la CPC, sintió que esas palabras eran para él. “Estaba enojado y vino a quejarse”, dice un histórico integrante de la CPC. Darío Calderón concertó la reunión. El encuentro fue tenso y desagradable, ha recordado Santa Cruz en conversaciones privadas: sintió que Ponce lo estaba amenazando con acciones legales. Ponce intentó además reunirse con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio desde abril de 2014. Camus nunca lo recibió y Ponce lo sintió como una afrenta más. José Antonio Guzmán dejó Habitat en abril de 2014, tras ocho años como presidente, con una opinión formada de Ponce. “Es una persona muy inteligente, preparada, no es un improvisador ni un oportunista. Tenía su plan estratégico perfectamente delineado. No sé si eso es un piropo o una crítica: así lo veo yo. Y lo llevó a cabo, no creo que tuviera demasiados escrúpulos para llevar a cabo alguna de sus acciones”.

No solo a los dirigentes empresariales acudió Julio Ponce para explicar el caso y su historia de negocios. Su ofensiva incluyó a los medios de comunicación y tuvo varias reuniones off the record con influyentes periodistas. Entre ellos el equipo de prensa de CNN, incluyendo a sus conductores estrella, Mónica Rincón y Daniel Matamala. En la reunión, preguntó por el segundo apellido de uno de los profesionales de CNN. El interpelado, sorprendido, le respondió. El presidente de SQM planteó, entonces, su punto: “¿Por qué a mí me llaman Julio Ponce Lerou?”.

Era uno de sus reclamos más sentidos. Le molestaba la identificación permanente con sus dos apellidos. Julio Ponce hay muchos. Julio Ponce Lerou hay uno solo y al aludido le parecía una manera de estigmatizarlo, de marcarlo. A diversos medios de comunicación pidió en reiteradas ocasiones tratarlo solo como Julio Ponce. Y ahorrarse el Lerou.

En esos tiempos de cascadas también visitó a una de las periodistas que lo investigó en los años ochenta, Mónica González, un ícono de trabajo valeroso en tiempos difíciles que integró las revistas opositoras Cauce y Análisis, siguió en La Nación y revista Cosas en los años noventa, dirigió el diario Siete y creó, en 2007, el Centro de Investigación Periodística, Ciper. A Ponce no lo conoció en los ochenta, sino que dos décadas después, en democracia, cuando dirigía la revista Siete+7.

En su primer encuentro, él fue cordial y sereno y estuvo acompañado de un abogado que había pactado la reunión. La periodista lo recibió con recelos, con el recuerdo de sus artículos de prensa de los años ochenta. “Fue una conversación que no entendí nunca para qué fue”, dice González. Ponce llegó en varias ocasiones a las oficinas de Ciper en el barrio Bellas Artes, en el centro de Santiago. “En todas ellas él intentaba explicarme que el caso Cascadas era una mentira y que hasta cuándo yo le decía ‘el yerno de Pinochet,' una y otra vez”.

La reportera sigue sin comprender por qué Julio Ponce la visitaba, pero aclara de inmediato que nunca hizo un aporte económico al medio que ella dirigía: “Aquí no puso un veinte. Ni a Ciper ni en mi cuenta personal. Ni un solo peso”.

Ciper se financió durante años mayoritariamente con los aportes de Copesa, el grupo de medios que controlan Álvaro Saieh y su familia, y en menor medida de entidades como la Fundación Ford, la Universidad Diego Portales y la Open Society Foundation, de Londres. Mónica González cree que Ponce en realidad buscaba convencerla de algo que tiene que ver con el orgullo y la dignidad, con una trayectoria en entredicho. “Él siente que todo lo hizo a pulso. Eso es lo más raro. Él siente que los logros de Soquimich los hizo a pulso, que no es producto del poder benefactor y dictatorial de Pinochet, que lo que él hizo no tiene de por medio muertos y desaparecidos. A mí me impresionó eso”.

Eligió a un guerrero. Pretendía protagonizar una pelea sin tregua y para ello contrató a un abogado especializado en litigios, implacable. Raimundo Labarca era en 2012 dueño de su propio estudio y sumaba varias controversias ganadas y perdidas. Es un abogado más proclive al enfrentamiento que a la componenda, reacio a la negociación; siente que es engañar al cliente proponer una estrategia de choque y luego, a medio camino, cambiar de opinión y acercar posiciones con el adversario. Labarca dirigió la incesante estrategia del desgaste, una sumatoria de controversias en la justicia civil y penal, en el Tribunal Constitucional, en la SVS y en la Contraloría. El superintendente Fernando Coloma llegó a enumerar 45 recursos administrativos, dos acciones ante la Contraloría General de la República, cuatro recursos de protección, un recurso de ilegalidad, un recurso de queja, una queja disciplinaria y dos querellas.

Raimundo Labarca dedicó durante dos años la mayor parte de su tiempo a resolver los problemas de Julio Ponce. Conversó con su cliente a diario y se reunió en persona dos veces a la semana. Ponce siempre estuvo al tanto de los detalles, pero fue Labarca, veinte años menor que su cliente, quien definió, impulsó y dirigió la confrontación. Fue agresivo, como siempre lo era; algo que no compartió siempre el numeroso grupo de asesores que congregaron Ponce y los otros acusados por la SVS por el caso, quienes proponían “salir de los diarios”, dejar la primera línea de defensa pública que Labarca asumía con gusto.

A Labarca, egresado del Colegio San Ignacio de El Bosque y de la Universidad Católica, una condición de su cliente, con la que empatizó, lo hizo asumir su defensa: Ponce, millonario y poderoso, no pertenecía al club de la aristocracia chilena. “Julio es un outsider. No estudió en los Padres Franceses ni en el San Ignacio”, refrenda un empresario cercano a él a fines de 2015. “Yo vengo de liceo fiscal. No le tengo miedo a la cárcel”, había dicho a un intermediario de valores en los más intensos momentos del caso, cuando la amenaza era multilateral.

Como líder del grupo, Labarca programó alguna vez una reunión ampliada a la que asistieron todos los abogados ligados al caso, en el Hotel Neruda, en Providencia. Fueron los acusados Julio Ponce, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica. Labarca y Jorge Bofill asistieron por Ponce; Francisco Pfeffer y Julián López, por Aldo Motta; Gabriel Zaliasnik y Carlos Balbontín, por Roberto Guzmán. Sebastián Oddó, entonces socio de Labarca, por las cascadas. En ese encuentro –un abogado dice que fue más de uno– se estableció que ninguno de los acusados volviera a declarar frente a los investigadores de la SVS. Labarca era de la idea de hablar él con la prensa; no su cliente. Y eso hizo. Dio varias entrevistas e intentó presentar el caso como una disputa empresarial entre Julio Ponce, Moneda y Habitat, a los que agregó un actor que nadie había involucrado hasta que él lo hizo: el Presidente Sebastián Piñera.

Julio Ponce afirmaba que el esquema que había denunciado la SVS en su formulación de cargos no era más que una fantasía muy bien construida sobre la base de la campaña de descrédito de sus adversarios. Y que las operaciones cuestionadas tenían una explicación: el objetivo de las cascadas era mantener el control de SQM y en ese intento debieron comprar en la primera parte de 2008 las participaciones de la noruega Yara aguas arriba; y de Piñera, un 10% de Pampa Calichera. Ambas operaciones le significaron casi 500 millones de dólares. Luego vino la crisis subprime, que estrechó el financiamiento en todo el mundo, y las cascadas debieron hacer malabares para conseguir liquidez, mediante aumentos de capital, créditos y venta de acciones.

Poco después de la formulación de cargos de septiembre de 2013, Raimundo Labarca presentó una petición a la SVS que hizo llegar a la prensa y que resultó explosiva: pidió indagar las operaciones de compra y venta que habían hecho las sociedades de Sebastián Piñera, Inversiones Santa Cecilia, Axxion y Bancard, durante todo el período cuestionado. La divulgación de la diligencia ocasionó la respuesta de cinco ministros. “El gabinete del Presidente Piñera salió en masa a decir que esta solicitud de diligencias era vil”, recordó luego Labarca. Pero el abogado logró su objetivo y el Presidente de la República ya no pudo salir del caso. En lo sucesivo, el propio Ponce siguió esa estrategia: insinuó que Piñera estaba detrás de la investigación del caso y pidió públicamente que Fernando Coloma se inhabilitara. Fue el inicio de la última batalla que Julio Ponce y Sebastián Piñera han tenido hasta ahora.