Ni Walter Alberto, que tiene estudios avanzados de lingüística, pudo desentrañar qué diablos quería decir exactamente el comunicado del Demre que anunciaba la suspensión de la PSU: si era únicamente en los 64 colegios afectados por manifestaciones o, quién sabe, en todos. Pero hoy mi amigo llegó al café blandiendo la portada de LUN como respuesta a sus desvelos.

—¡Ya sabemos quién tuvo la culpa!

—¿De qué estás hablando?

—Del comunicado del Demre, Jota Jota.

—¿Y quién fue?

—No sé el nombre, pero debe ser el mismo que redactó la pregunta de Comprensión Lectora basada en un cuento de Kafka, “Una confusión cotidiana”.

—No creo que en el Demre estén tan cortos de personal.

—Quién sabe. También es posible que haya en ese organismo una inusual concentración de estudiosos, seguidores e imitadores de Kafka.

—Eso es más probable. El diccionario define una situación “kafkiana” como “absurda o angustiosa”. No podrían haberlo ejemplificado mejor.

Al margen de las lecturas que han ensayado varios observadores en torno a Plaza Italia como epicentro de las manifestaciones tras el 18 de octubre, parece necesario detenerse en las posibilidades de reconstruir o reformular un espacio tan icónico para la capital, luego de la devastación que ha sufrido en las últimas semanas. Tal como lo han advertido numerosos urbanistas, parece un despropósito retornar al diseño original, no solamente desde el punto de vista de la movilidad, que resulta claramente obsoleto, sino incluso desde el ámbito paisajístico, que contemplaba la plantación de pensamientos.

Por lo pronto hay un consenso de que la actual rotonda que domina el lugar —propia de la ordenación de flujos vehiculares del siglo XX— debiese desaparecer en una reestructuración. En ese sentido, y más que una infraestructura destinada a un modo de transporte en específico, la nueva plaza debería ser concebida como un gran «espacio cívico», capaz de absorber un alto flujo peatonal a partir de una plaza dura que integre pavimentos y aceras para ser usada, flexiblemente, como calle y explanada para manifestaciones pacíficas. Al mismo tiempo se debería configurar un nudo vial que pueda dar cabida al automóvil, pero priorice y privilegie el transporte público.

Es, en algún sentido, lo que plantea el diseño con que la oficina Lyon-Bosch Arquitectos ganó en 2015 un concurso internacional organizado por la Intendencia Metropolitana, para la transformación del eje Alameda-Providencia, y que daba cuenta de los principales conflictos que se presentan en la plaza. Polémico en su momento, porque eliminaba el verde tradicional del centro de la zona, proponía a partir de los usos del área, una amplia explanada que minimizara los daños que tradicionalmente se producen tras las manifestaciones o celebraciones que se realizan ahí. Asimismo, y por el lado norte de la plaza, establecía una unión con los parques Forestal y Balmaceda que dialogara a nivel peatonal.

Por otra parte, y tal como lo señaló hace unos días el director de Arquitectura del MOP, es posible discutir también la pertinencia de mantener en la plaza la estatua del general Manuel Baquedano, la que ha sido severamente vandalizada durante los últimos días. Si se ha vuelto evidente que los organismos encargados de la protección patrimonial parecen incapaces de entregar las más mínimas seguridades para asegurar su mantenimiento, la posibilidad de retirar el monumento, construido en 1928, se vuelve una opción válida. Si bien dicha idea podría ser considerada una concesión al vandalismo, también es cierto que es imprescindible resguardar el valioso patrimonio que aún queda en la plaza, porque también es una forma de proteger un lugar que durante años ha permitido el encuentro y la integración entre los ciudadanos.

Señor Director:

Finalmente se ha vuelto realidad el tristemente célebre anhelo de bajar de los patines a nuestros jóvenes. Como la realidad siempre supera a la ficción, ahora la idea parece ser que ni siquiera puedan entrar a la pista.

Rodrigo de la Barra Cousiño

Señor Director:

Es lamentable ver cómo se vulnera el derecho a la educación y debemos quedarnos de brazos cruzados por no tener una acción constitucional de cautela rápida y eficaz. Es un error seguir manteniendo el derecho constitucional a la educación fuera del radio que protege el recurso de protección de garantías constitucionales.

Es imperativo consagrar a nivel constitucional el deber del Estado de velar por el derecho a la educación, y para ello modificar el inciso segundo del art. 20 de la Constitución Política, de manera de incluir entre los derechos susceptibles de ser amparados por el recurso de protección al derecho a la educación cuando sea afectado por un acto u omisión ilegal.

Cristián Norambuena

Señor Director:

Impresentable e inexplicable el error de redacción del Demre ayer para anunciar la suspensión de la PSU en algunos colegios tomados. La primera versión del comunicado daba a entender la cancelación nacional de la prueba, lo cual generó aun más ansiedad en los jóvenes y en sus familias. Errores de esta naturaleza demuestran una improvisación inaceptable.

María Magdalena Walker B.

Señor Director:

La PSU es una prueba obsoleta y debe desaparecer. Solo aporta temor, miedo y angustia a los alumnos, con sus cazabobos, inventados por mentes retrogradas. Así se ahorrará tiempo y dinero a las familias. La educación pública, labor de los profesores de primaria, es fundamental. Esto se asemeja a un clavo doblado al ser mal golpeado: difícilmente entrará si no es renovado a tiempo. Bastaría con medir al alumno con las calificaciones obtenidas en la enseñanza media para que los mejor calificados pudiesen optar a la universidad a la que deseen.

Renato Norero V.

Señor Director:

¡Qué ironía más grande y, a la vez, triste! Mientras una minoría larvaria de vándalos pisotea de manera descarada el derecho a la libertad religiosa, uno de los derechos humanos fundamentales, basales, se podría decir, dado que su ausencia debilita la posibilidad de ejercer todos los demás, a través de la profanación, saqueo e incendio de templos católicos, algunos dirigentes sociales siguen inventando movilizaciones, en tanto que líderes políticos de todo el espectro permanecen entrampados en un dogmatismo verdaderamente religioso.

Gustavo Cárdenas Ortega

Señor Director:

Estamos a pocos meses de las elecciones para definir si tendremos una nueva Constitución y (en caso de que sea así), cuál sería el mecanismo. Primero, hay que tener en cuenta que —además de un escenario económico, político y social poco propicio— ha habido poca información respecto de los efectos de elaborar una nueva Carta Magna, lo que supondría sumir a nuestro país en al menos dos años de incertidumbre, con todos los efectos económicos que eso conlleva.

Adicionalmente, ante la posibilidad de que gane el método de asamblea constituyente, tampoco hay claridad de cómo se definiría a quienes participarían en la redacción de este texto, ni cómo se garantizarían los equilibrios en un escenario tan trascendental.

Como poderes del Estado debemos estar activos no solo desde lo legislativo, sino también informando y comunicando lo que implica redactar una nueva Constitución. Lo peor que nos podría pasar es que el tema nos pille por sorpresa, y que luego de varios años de poco crecimiento y de incertidumbre tengamos que lamentar la premura con la que se dio el proceso que sentará las bases de Chile en los próximos años.

Osvaldo Urrutia

Diputado

Señor Director:

El rey alardea con su arribo en helicóptero al estadio. El estrafalario diputado, con una frugal colación en el hemiciclo, actos en nada habituales. No obstante el actual estallido social del pueblo, que clama por dignidad, equidad y justicia, no faltan quienes los aplauden. La “Abuela” guarda su numerito para más adelante, porque atrás no se queda.

Jorge Saavedra Moena