El 26 de noviembre, el director de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, recibió a Falcon Security SPA. En una hora y media, ejecutivos de la empresa privada le contaron sobre «Bola Wrap», sistema de detención de personas que mediante un hilo lanzado a distancia permite envolver e inmovilizar al blanco.

Se trataría de un instrumento exclusivo para las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, cuyo uso requiere de una certificación que la compañía ofrece previa instrucción.

La Segunda revisó 878 reuniones transparentadas por los ministerios y sus servicios vía Ley del Lobby tras el estallido social del 18 de octubre y durante noviembre. Y aunque la mayoría de ellas no tuvo como foco la crisis —los privados con más audiencias acudieron con otras motivaciones— lobbistas y gestores de intereses aprovecharon la contingencia para acercarse a la autoridad y promover servicios, solicitar información o intentar influir en las decisiones en curso.

No es uno de los cinco ministerios que registran más audiencias de Lobby desde el inicio de la crisis hasta noviembre (ver recuadro), pero Interior fue una de las carteras que concentró más reuniones que tuvieron como foco la situación nacional. Pese a ello, el exministro Andrés Chadwick reportó audiencias hasta el 14 de octubre; su sucesor, Gonzalo Blumel no contaba con reuniones publicadas en el sitio web oficial al cierre de esta edición.

Quien sí informó audiencias fue el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. El 29 de noviembre recibió en La Moneda a Manuel López, Daniela Riutort y Enrique Ostalé, de Wallmart. Hablaron sobre el estado de los supermercados a nivel país y solicitaron evaluar espacios de colaboración.

A comienzos de mes había llegado a la oficina de Ubilla la exsubsecretaria de Economía de Michelle Bachelet, Katia Trusich, actual presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, preocupada por la seguridad del rubro. El 22 de noviembre, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, recibió a la Cámara de Comercio de Santiago. Los privados, liderados por Peter Hill, agradecieron ser atendidos por la autoridad, tras haber intentado infructuosamente reunirse con el ministro Blumel.

De acuerdo al acta publicada, ese día hicieron “ver la situación de indefensión de los centros comerciales que han sido saqueados y violentados y las consecuencias para el comercio”. Y pidieron dar a conocer “los millonarias pérdidas que han sufrido por los actos ocurridos”. La subsecretaria ofreció ayudarlos.

Un día antes, Martorell tuvo un encuentro con la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), que agradeció el trabajo efectuado con Ley Antiportonazos e informó la situación de 352 sucursales con daños en el último mes.

En la misma temática, el ministro de Economía, Lucas Palacios, recibió el 7 de noviembre a la Asociación de Bancos y el 11 de noviembre a la Cámara Nacional de Comercio. El titular de Energía, Juan Carlos Jobet, tuvo un encuentro similar un día después con la Compañía General de Electricidad. Y la empresa Traffic Engineering & Control Corporation ofreció al Ministerio de Transportes servicios para regularizar los semáforos dañados por las protestas. En tanto, Francisco Matte Risopatrón, jefe de gabinete del ministro de Hacienda, accedió a un encuentro con los taxis colectivos y Fenabus, ambas por la situación de transporte en la crisis.

La Dirección General de Movilización Nacional de Chile, organismo que depende del Ministerio de Defensa, fue otra de las instituciones más apetecidas en plena crisis. Se acercaron a ella particulares interesados en aclarar dudas sobre la normativa de armas. Ejemplo de ello fue Diexa SA (Distribuidora de Explosivos y Accesorios), que el 25 de octubre —aún en el periodo de toque de queda—se reunió con José Manuel Benítez, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, para conocer los alcances y medidas adoptadas tras el estado de emergencia para trámites relacionados con la Ley sobre Control de Armas.

El 20 de noviembre a la misma oficina acudió Roberto Lahsen, de Immaval (venta de artículos de caza y pesca) para solicitar permiso para importar emisores de gases lacrimógena para Carabineros.

También con Benítez se reunió el 29 de octubre Alfonso de Iruarrizaga, el exmedallista olímpico que provee de balines a Carabineros y cuya empresa de municiones —TEC Harseim SpA— fue cuestionada posteriormente por el general director de Carabineros. El 19 de noviembre la autoridad informó que tras un estudio se encontraron “diferencias técnicas con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica”.

Desde que se desató la crisis, distintas empresas de procesamiento de datos ofrecieron sus servicios al Gobierno.

Por ejemplo, el 23 de octubre Analitic consiguió una audiencia con María Eugenia Martínez, jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subdere. En su sitio web —donde asegura trabajar con Sernac y Corfo— la firma insta a mantener “tus redes sociales bajo control”, escuchar “a todos tus consumidores” y utilizar la información para mejorar el servicio. “Tu serás el primero en saber lo que dicen de tu marca y hacer algo al respecto”. Para dar los mejores pasos, asegura, “debes realizar estudios y consumir muchos datos, analizas varias industrias y te enfocas en saber cómo se comportan las empresas y los consumidores para identificar los puntos comunes y las brechas a mejorar”.

Un mes más tarde la empresa también se reunió con el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, para “mostrar el potencial y beneficios” de su “servicio de monitoreo y análisis de data proveniente desde Redes Sociales”.

Otro caso es el de Christian Schalper, director de Administración y Finanzas de la Segegob, quien el escuchó el 15 de noviembre a Voice Analytics, empresa que trabaja principalmente con Twitter, blogs y portales de noticia “para generar estrategias basadas en el análisis y entendimiento de las temáticas, sentimientos y discursos sociales de la web”. Ofrecieron sistematizar las conversaciones en torno a la idea de un cambio constitucional hechas en la web, “para entender las voces que participan en esta discusión para la generación de una mejor propuesta”. La misma empresa conversó el 21 de noviembre con Gonzalo Vega, jefe de Gabinete del ministro Segpres. Ahí aseguraron ser “una consultora que escucha todas las conversaciones y emisiones públicas dentro de la web”.

Christian Rendic, subdirector de la Secretaría de Comunicaciones, recibió a TAP TAP Advertising SPA, que asegura tener una tecnología que permite “captar audiencia Mobile en base a los IDs de los celulares”, desde el lugar que la Secom les indique: “Una manifestación, una universidad, una zona especifica, una región ...Una vez que captamos el Id le podemos comunicar dentro de sus celulares”.

Al revisar la información relativa a lobby publicada por Presidencia en Gobierno Transparente, solo está disponible el registro de Julio Maiers, director administrativo de La Moneda —hasta antes de octubre— y tres integrantes de una comisión evaluadora. Ni el Presidente Sebastián Piñera ni el jefe de sus asesores, Cristián Larroulet, visibilizan sus reuniones con particulares.

Abogados explican que la norma consideró que la responsabilidad la tienen los ministros y jefes de servicios, y ellos son los sujetos de lobby. Por otra parte, resguardar al Mandatario también apuntaría a cuidar el privilegio deliberativo y la seguridad nacional. Pero algunos consideran que la obligación debería ampliarse a los asesores del Segundo Piso.

Rodrigo Mora, de Chile 21, considera que la ley excluyó al Mandatario por una razón más bien “ingenua”, que es que en general las actividades presidenciales son más o menos públicas y que sus razones para no publicar reuniones pueden ser discrecionales. “De todas maneras, los asesores directos del Presidente podrían ser como empleados de la dirección administrativa de Presidencia, sujetos a la ley, bastando una resolución administrativa al efecto”, comenta.

Entre quienes solicitaron audiencias vía lobby hay exfuncionarios públicos y exautoridades que se reinventaron. Por ejemplo, Gustavo Hasbún (exdiputado UDI, 2010-2018), se reunió el 6 de noviembre con el subdirector de Administración y Finanzas de Gendarmería, Carlos Esteffan, para presentar “una nueva alternativa alimenticia para la población penitenciaria y funcionarios de Gendarmería”.

Hasta mayo de este año, Carolina Fuensalida era la coordinadora de modernización tributaria del Ministerio de Hacienda. Desde que asumió esa labor aseguró que estaría por un tiempo acotado para ayudar en la redacción de la reforma tributaria. Y aunque en junio —en revista Capital— afirmó que se dedicaría a su familia quedándose en casa, retomó sus actividades como socia de Fuensalida & del Valle, con abogados especialistas en temas tributarios y corporativos. Así, el 25 de noviembre volvió al ministerio, como gestora de intereses junto a Gregorio Varas, director de asuntos legales corporativos de la minera Doña Inés de Collahuasi, y Soledad Martínez Tagle, gerente legal de esa firma. En reunión con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, se abordó el tratamiento impositivo de plan de reactivación económica propuesto por Collahuasi para Pymes.

Marcelo Trivelli (exintendente metropolitano en el gobierno de Ricardo Lagos) acudió al Ministerio de Desarrollo Social como gestor de intereses de la Fundación Semilla. En el listado de octubre a noviembre también figura Claudio Storm, exdirector del Fosis; como socio de la agencia de comunicaciones Nexos consiguió una cita con el titular del MOP, Alfredo Moreno, junto a Transap (operador ferroviario) y en Economía junto a Parque Central.

Una de las demandas que surgió avanzada la crisis, y que causó irritación en parte del movimiento social, fue No + Tag. César Azúa, de “Vamos motociclistas”, logró una reunión el 27 de noviembre con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para exponer sus demandas. También conversaron con el secretario de Estado por este tema los camioneros de la V región y la Asociación Gremial de Tolveros Metropolitana.

A fines de octubre el movimiento había bloqueado carreteras, ante lo cual incluso —y sin que fuera necesario solicitar audiencias vía Ley del Lobby— el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo que interceder. El 3 de diciembre finalmente el Gobierno llegó a acuerdo con el movimiento anunciando que las multas dejarán de ser acumulativas y se pagarán solo una vez por día. Junto a ello, quienes tengan una deuda podrán condonarla pagando el 20% del total en un plazo de dos años.

Días antes, Moreno también se reunió con Sacyr, concesionaria de seis carreteras, para hablar sobre la evolución de las inversiones y la revisión de tarifas. Y el 28 de octubre Moreno había recibido a la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), preocupada por la seguridad en las autopistas.