En una reunión de una hora, realizada en La Moneda el 6 de noviembre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, el psicólogo y experto en big data, Jorge Selume junto a la jefa de gabinete del Presidente Piñera, Magdalena Díaz, más otras dos personas, le pidieron a académicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que a través de información disponible en las redes sociales, les confeccionaran un documento de “inteligencia”, que ayudara a comprobar la existencia de “intervención extranjera” en el estallido social del 18-O y su desarrollo posterior.

En entrevista con “La Segunda”, los profesores remarcan que ellos rechazaron realizar el trabajo y que no son quienes están detrás del informe que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel le entregó al fiscal nacional, Jorge Abbott el jueves 19 de diciembre, luego de que el titular del Ministerio Público asegurara el día anterior que no existen indicios de intervención extranjera en la crisis social, contradiciendo así a la vocera de palacio, Karla Rubilar y al propio Presidente.

El Mandatario dio a conocer su tesis el 11 de noviembre en el diario El País de España, donde aseguró que “he recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros. Insistió el lunes 16 de diciembre en una entrevista con Archi, donde aseguró que además “hay tecnología de punta, hay organización militar”.

Hoy el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra se refirió al informe entregado y dado a conocer por La Tercera el domingo 22 de diciembre, afirmando que “el aporte de antecedentes resulta bastante escaso para fundamentar la persecución penal y la intervención extranjera”.

Desde el Gobierno no se ha dado a conocer quién lo encargó ni la firma que lo realizó (ver recuadro). Los académicos consultados para este artículo sospechan que el documento final es de alguna firma que con posterioridad sí aceptó el trabajo. Sus versiones dan luz a un episodio, respecto del cual también consultamos en las oficinas de ministro Blumel y de Jorge Selume y Magdalena Piñera, quienes hasta el cierre de esta edición no se referían al tema.

La versión de la reunión del 6 de noviembre es contada por los académicos del centro científico Sebastián Valenzuela (UC), Juan Pablo Luna (UC) y Jorge Pérez (U. de Chile).

“Debe haber sido una semana después del 18 de octubre. Magdalena Díaz me consultó a mí, primero —pues un par de semanas antes habíamos participado en una reunión del Ministerio de Ciencias—, para pedir la opinión de distintos cientistas sociales respecto de lo que estaba ocurriendo en Chile. Como yo no entiendo tanto la parte tecnológica ni la parte de circulación de noticias falsas, convoqué al resto de la gente”, cuenta el cientista político Juan Pablo Luna.

Díaz y Selume luego recibieron a los académicos, incluyendo también a Bárbara Poblete de la U. de Chile.

“Magdalena Díaz partió muy honestamente comentando que no cachaba mucho de tecnología y que no tenía muy claro por qué estábamos ahí”, relata Valenzuela, quien agrega que ella fue al grano: “voy ser muy franca, yo quiero saber de inteligencia”, les comentó. “Ahí nos miramos las caras como diciendo ‘esto no va a salir bien'. Se confirmaban nuestros temores de que el Gobierno estaba realmente obsesionado con una cuestión que no se sostiene mucho”, añade Valenzuela.

“Nos preguntaron si como Instituto Milenio podíamos hacer un informe respecto a bots (cuenta virtual que publica mensajes reiterados). Dijimos que no, más allá de que tenemos un mandato de contribuir con el Estado”, cuenta Luna. “Le dijimos es que la información de redes sociales no puede vincular influencias extranjeras en desórdenes, ni identificar a personas que generan disturbios, ni nada de ese tipo de cosas que era lo que ellos estaban buscando”, complementa Pérez.

Valenzuela en ese momento pensó: “¿Inteligencia? Ustedes tienen a la PDI, al Ministerio Público, nosotros somos académicos”. “No hacemos labor policial”, les respondió.

“Ellos estaban muy preocupados de averiguar si los saqueos se podían predecir a partir de la información de redes sociales. Nosotros le respondimos que, a partir del grueso de la información que habíamos recopilado a través de Twitter, que es la única red pública, y algo de Facebook, es que la gran mayoría de la información que hay ahí tiene que ver con los abusos policiales. Eso aparentemente no les importó”, agrega

“Les dijimos que no había una operación de intervención clara, no habíamos visto evidencia que apuntara a eso. Habíamos revisado el tema de los bots, pero si uno toma como cuentas que probablemente son automatizadas, era un porcentaje ínfimo de todas las conversaciones. El grueso de las conversaciones son orgánicas. Cualquier usuario más o menos intensivo de Twitter te puede dar cuenta de que es muy difícil sostener que toda la conversación en torno al movimiento social ha sido una campaña orquestada. Pero ellos estaban con esa tesis”, remata.

Comenta que, tras la negativa, Díaz les consultó por algún contacto que los pudiera ayudar a elaborar un informe de inteligencia. Y “fuimos bastante claros en decirles que no se puede hacer inteligencia con datos no estructurados de redes públicas y quien diga que puede hacerlo, vende humo. Claramente no nos escucharon”, sostiene. Pérez explica que el análisis puede ser utilizado para campañas de marketing, pero no para labores de inteligencia. “Quién está detrás de los desórdenes y cuál es la influencia extranjera, lo único que vas a hacer es tratar de confirmar tus propios sesgos. Puedes tomar la temperatura de lo que está pasando con una vista parcial de información pública pero, al revés, imagínate que quieres armar una protesta y quieres incidir de alguna manera. Habría que ser tonto para hacerlo por Twitter. Ese fue nuestro punto de vista”, revela.

Según Valenzuela, Díaz habría sido quien más insistió durante la reunión, que se prolongó por cerca de una hora, por el trabajo de inteligencia, el vandalismo y la supuesta intervención extranjera. “Creo que nunca se salieron de esa tesis, porque claramente el informe que se publicó fue para buscarle por ahí la vuelta”. Selume no habría intervenido hasta el final de la cita, cuando se mostró interesado en el análisis de sentimiento a través de las redes sociales. “Yo les metí mucho el tema de las fake news, porque hay mucho que ahondar en eso, pero no me pescaron. Y les dije que gran parte de la desinformación es porque el Gobierno no comunica bien. Tampoco les cayó muy bien lo que dije, por lo que pude ver”, sostiene el investigador.

Luna cuenta que si bien Díaz y Selume mostraban interés respecto a las labores de inteligencia, “me pareció que Selume tenía un análisis preliminar hecho, pero tampoco lo comentó demasiado. Y Pérez remata: “Les recordé el papelón que hicieron con la aplicación Antorcha, que alguien les vendió que podía interceptar mensajes de WhatsApp y cosas así”.

Persiste el misterio respecto de quién realmente encargó el informe que sí se elaboró y de la firma que lo confeccionó. A través de un comunicado de la Subsecretaría del Interior, el Gobierno dice que lo obtuvo de la Agencia Nacional de Inteligencia, organismo que tiene el deber guardar reserva de sus actuaciones, por lo que no puede confirmar ni desmentir nada. El comunicado también descarta pagos con fondos públicos.

Aunque el informe dado a conocer por La Tercera contiene una serie de datos generales —como que el 19,3% de los comentarios indagados por el Gobierno tiene origen internacional—, el ministro del Interior Gonzalo Blumel lo validó al decir que lo entregado al fiscal nacional Jorge Abbott el jueves 19 de diciembre contenía “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología big data”. Consultamos a Interior por las razones de Blumel para darle ese respaldo al documento, pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta.