Ayer la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó a la sociedad minera Explodesa, dueña de la mina Cardenilla de Catemu, una gigantesca multa de $5.200 millones, la segunda infracción más alta de su historia detrás de los $7.600 millones con que sancionó a la minera Caserones en 2013.

Pese a que la multa fue replicada en varios medios y redes, en lo que nadie reparó es en que se trata de una mina que pertenece al holding minero Cemin, de propiedad del empresario Juan Rassmuss Raier (55). El que también es dueño del 38% de Invercap, la sociedad matriz de CAP, con lo que ocupa la vicepresidencia de los directorios de ambas sociedades, además de la presidencia de la filial CAP Minería.

Rassmuss, de profesión ingeniero civil, también forma parte del directorio de la fundación de emprendimiento Endeavor. Asumió las riendas del holding Cemin hace poco más de tres años, tras el fallecimiento de su padre, Juan Rassmuss Echecopar. Pero vive la mayor parte del tiempo en Paraguay, desde donde participa en directorios de empresas en Chile, Perú, Argentina y ese país, en operaciones tan diversas como la minería, extracción de petróleo y gas, fundiciones, producción de cables y generación eléctrica, entre otras.

Cemin se fundó en 1982 como una compañía de la mediana minería dedicada a la extracción y procesamiento de cobre y oro. Cuenta con operaciones en Catemu y Pullalli, en la Región de Valparaíso, y Domeyko, en la Región de Atacama. Actualmente el grupo cuenta con aproximadamente 700 trabajadores propios, la mayoría locales, y 383 contratistas.

La empresa fue distinguida en la reciente cena anual de Sonami con el premio Sociedad Nacional de Minería 2019 a la mediana minera.

En una reciente entrevista con El Mercurio reconoció que vivir en Chile es una posibilidad que depende más bien de temas familiares. Sólo en ese caso, dijo, podría aventurarse en el mundo gremial, algo que ya intentó en 2010, cuando se presentó a las elecciones de la Sonami, junto a Manuel Feliú.

“Nos golpea profundamente”

“Esta sanción nos golpea profundamente, porque desde que asumió la nueva administración se han tomado todas las medidas para modernizar la empresa y llevarla a los estándares de sustentabilidad que hoy exige la minería”, dijo esta mañana Horacio Bruna, gerente general de Explodesa.

Entre los cargos que acusa la SMA, el más relevante es la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La compañía contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con un plazo definido, pero continuó operando sin permiso al menos seis meses más y extrajo más de 1,4 millón de toneladas brutas de manera ilícita durante ese período.

Bruna dijo que no comparten los fundamentos de una resolución que le aplica una multa sin precedentes, “porque consideramos, a diferencia de la autoridad, que se trata de un daño reparable y por eso recurriremos contra esta sanción”.

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