Dos son las áreas de especialización de la fiscal de Talcahuano Ana María Aldana: delitos ambientales —por ejemplo, llevó el caso Bocamina y la contaminación en la bahía de San Vicente— y delitos económicos. Esto ayuda a entender la frase de la persecutora a la titular del Juzgado de Garantía Antonia Flores, al terminar la audiencia de formalización del 28 de noviembre de 2019 en contra seis ejecutivos de ENAP por el caso de la contaminación de Quintero, que se abrió en agosto de 2018, presuntamente por la exposición al ambiente de crudo iraní, que contiene altas concentraciones de ácido sulfhídrico.

“Su señoría sabe que esta fiscal es especialista también en otras materias, no necesariamente ambientales”, expresó Aldana al solicitar un año y medio más para investigar. Según confirmó una alta fuente del Ministerio Público a “La Segunda”, el motivo de la prórroga es que la persecutora abrió una nueva arista: una presunta sobrevaloración en la tasación de 143 mil toneladas del crudo iraní, que ingresó a Chile en el buque tanque Monte Toledo. Según se confidenció, el costo total del embarque fue de US$68 millones y ahora la fiscal debe analizar los documentos contables para esclarecer el monto del sobreprecio.

“Todavía nos falta investigar toda una arista completa, que corresponde al ingreso de este crudo iraní al país, por qué es que llegó, las circunstancias en que se hizo y en las que podría haber otra figura (delictual) y todo eso requiere de una gran cantidad de antecedentes a recoger”, añadió la fiscal Aldana durante la formalización. En la misma audiencia la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Gisela Inostroza, que actúa como querellante, añadió que “hemos solicitado diligencias que tienen que ver con la contratación y adquisición de este crudo, sabiendo de antemano que esa información va a ser recién requerida por el Ministerio Público y además tiene que ser analizada. Es una información compleja, que tiene que ver con un análisis contable”. Ni la fiscal ni el CDE quisieron profundizar en esta nueva arista del caso.

El petróleo iraní en cuestión es conocido como Iranian Heavy. El embarque adquirido por ENAP llegó en julio de 2018 a las costas chilenas, tras una negociación por pagos pendientes de la National Iranian Oil Company (NIOC).

La historia partió en 2001 cuando Sipetrol, filial de la estatal chilena, firmó un acuerdo de exploración de un prospecto en suelo persa, al que se le denominó Bloque Mehr y del que también participaban la española Repsol y la austríaca OMV. Según el informe de una comisión investigadora de la Cámara que indagó las operaciones de la petrolera, ENAP invirtió US$105 millones. NIOC, al desistirse de continuar con las exploraciones en 2009, se obligó a restituir parte de los fondos a sus socios, quedando un saldo por cobrar de US$27,2 millones a favor de ENAP. Un año después la NIOC aceptó el monto y a partir de ahí negoció una “retrocompra” de su crudo, es decir, ir pagando la deuda con descuentos en embarques del petróleo enviados a Chile, los que debían ser valorizados. Esa valorización —y otras condiciones de la compra— es la que hoy investiga la fiscalía.

Desde ENAP se explicó que la administración anterior —cuando Marcelo Tokman era presidente de la compañía— es responsable de la transacción: “Los términos comerciales y las fechas de entrega respecto de la operación de importación del crudo iraní se negociaron a contar de 2016 y se cerraron en marzo de 2018, durante la administración anterior de la compañía”, afirma la estatal en un comunicado enviado a “La Segunda”.

En ENAP se explicó que no se darán a conocer los montos involucrados, pues podrían afectar convenios de confidencialidad, pero la empresa sí aseguró que “según los términos informados por la anterior administración al directorio de ENAP de la época, el acuerdo con la National Iranian Oil Company… contempló el envío de una serie de embarques provenientes desde Irán, que incluían un descuento aplicado al valor comercial del crudo como abono de una parte de la deuda que el consorcio solicitaba luego de la salida de sus operaciones en ese país el año 2009. ENAP recibió uno de esos embarques y el resto de los miembros del consorcio alcanzaron a recibir otros nueve, antes del restablecimiento de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos (el 4 de noviembre de 2018)”.

Marcelo Tokman optó por no emitir comentarios. Uno de sus cercanos dice que la valorización fue calculada por organismos técnicos y que es coincidente con las que realizaron los socios españoles y austriacos.