Ante el inicial “¿cómo está?”, Mónica González contesta con una pregunta: “¿Qué se puede decir?”. Viene llegando del matinal de Mega, que la fichó como panelista una vez por semana. Cuenta que sus amigas se ríen al ver a la ganadora del Premio Nacional de Periodismo, autora de una decena de libros y fundadora de Ciper, con Luis Jara llorando en su hombro.

“Estamos pagando por décadas de abusos y corrupción. Eso es lo que ahora hizo explosión.”, comenta sobre la crisis que ya lleva 50 días.

A sus 70 años, cumplidos en octubre, le resulta difícil —confiesa— no recordar los tiempos de la dictadura, cuando integró las listas de perseguidos por el régimen. “Se me vienen a la mente imágenes que tenía sumergidas y que son del terror… Pero son privadas, no quiero hablar de eso”, afirma. En los años de Pinochet, fue objeto de seguimientos y amenazas, encarcelada y torturada. “No dejo de pensar en los que dieron la vida, cuyos huesos todavía no encontramos, pero que murieron creyendo que éramos capaces de construir un país mejor… (llora). Me siento avergonzadísima porque les fallamos”.

Mónica González ofrece café. Reconoce que duerme poco y mal. Que en otras circunstancias tomaría té, pero necesita mantenerse alerta. Las escenas de destrucción que ha visto en el país la desvelan.

“No tengo palabras. Los negocios destruidos, la violencia sin razón, no la podemos avalar. Los más perjudicados son siempre los pobres, quienes ahora deben caminar durante horas para llegar al trabajo o a sus casas. Duelen las personas que perdieron la vista, los heridos y aquellos que siguen en la calle porque no tienen nada que perder. Es tremendo ver las consecuencias de tanta indolencia y agresión, porque a estas alturas es innegable que era algo que venía arrastrándose. Estamos en una situación de gran incertidumbre, y la incertidumbre unida al miedo y a la violencia es una ecuación que provoca mucho daño”.

Al mismo tiempo critica la falta de empatía, que observa en sectores de la población: “Hay gente que dice ‘ay qué terrible lo que está pasando', pero a la empleada la dejaste hasta las 9 de la noche trabajando y no te preocupa cómo vuelve después a su casa; no te importa su vida, no la ves; si se te pierde algo la acusas de robo a la primera. Esa falta de conexión se notó cuando hubo autoridades que dijeron que la gente tenía que levantarse antes, no ser tan flojos, ¡cuando aquí muchos parten a las 5 de la mañana! Las mujeres que trabajan en los sectores pobres y que mantienen a sus hijos solas, son las heroínas en este país y sin embargo nadie da un 10 por ellas. Para estas trabajadoras hacer el amor es un lujo: ¿cómo puedes tener las manos cuidadas para acariciar, por ejemplo? Y no me van a decir que hacer el amor no es un derecho, ¡claro que lo es!”.

En una montaña rusa de subidas y bajadas anímicas anda la galardonada periodista. “Tengo rabia. Aquí hubo gente que dinamitó las instituciones y culparon a la prensa por haber destapado el financiamiento ilegal, la corrupción… No se puede entender cómo los parlamentarios no fueron capaces de denunciar desde el comienzo lo que se fue tejiendo a lo largo de años; no nos olvidemos que ‘financiamiento ilegal de la política' significa leyes hechas con coimas, un eufemismo comparable a llamar ‘apremio ilegítimo' a la tortura. La verdadera cara del llamado ‘financiamiento ilegal de la política' es una ley de pesca fraudulenta, por ejemplo… O la ley de royalty minero, que se hizo desde el computador del jefe jurídico de SQM. Todos esos casos se ampararon en la más absoluta impunidad, junto a una silla musical de tipos que venían de auditoras privadas para, acto seguido, instalarse en los más altos cargos del Servicio de Impuestos Internos”.

—¿Un precedente que se instaló desde los primeros años de la Concertación, cuando exautoridades de gobierno se fueron integrando a los directorios de las mismas empresas que antes tenían como contraparte? ¿O viene de antes?

—Se habla poco de esto, pero se trata de una práctica que comenzó en dictadura. Los que somos más viejos recordamos que en una época los militares eran despreciados por la élite; no entraban a los grandes salones. Después del golpe, los uniformados —que eran muy estatistas— fueron muy firmes en defender una lista de empresas estratégicas que según ellos no eran privatizables, como lo servicios de agua potable, la luz, etc.

—¿Pinochet estaba entre ellos?

—No quiero ser despectiva, pero él no estaba entre los militares pensantes. Sin embargo, en el Estado Mayor de las FF.AA. había otro grupo de oficiales inteligentes, que fueron objeto de una estrategia muy hábil: les abrieron los salones del club de Polo, del club de la Unión, empezaron a aparecer en las páginas de vida social... Luego se fueron incorporando como directores de empresas y así hasta que la lista de ‘no privatizables' se tiró a la basura.

Agrega: “La misma práctica continuó tras el fin de la dictadura, donde hubo gente como Jaime Ravinet que nunca luchó por la democracia y que se subió al barco el 89. Otros simplemente se olvidaron y así se descuidó la democracia”.

No solo eso, argumenta. “Aquí hay gente —en el Gobierno, el Congreso, en diversas instituciones del Estado— cuyo deber es servir a los ciudadanos y que sin embargo hace tiempo que dejaron de ir a las poblaciones. Hay alcaldes que ni siquiera viven en las comunas para las que trabajan. Hay corrupción, como en San Ramón y donde Aguilera sigue siendo alcalde. Y casos muy parecidos existen en San Bernardo, Lo Espejo, Quilicura…”.

Sobre el poder de los narcos, advierte: “No estamos al mismo nivel de México, el Salvador o Guatemala, donde funciona un Estado paralelo, pero está avanzando y hay que pararlo. Porque un supermercado quemado, una farmacia destruida, un Registro Civil, un consultorio, un cajero incinerado, es el Estado que retrocede y donde los que avanzan y se toman el poder son ellos. Entonces creo que efectivamente están desplegando una estrategia”.

—¿Cree que el narcotráfico está detrás de la masiva destrucción de infraestructura y servicios públicos que hemos visto en estas semanas?

—No tengo pruebas y quiero ser rigurosa. Pero el narcotráfico nunca va ajeno del tráfico de armas porque necesita indumentaria pesada para imponer su poder; y en el último tiempo hemos tenido un mercado negro muy importante; estamos hablando de armamento de guerra que sale de los cuarteles, así como también hay cargamentos que se importan ilegalmente. Hay miembros del Ejército que han sido detenidos. El proceso de corrupción también abarca a las FF.AA., y no nos olvidemos de que el fraude del Ejército es monumental, 39 mil millones, sin contar el de Carabineros que ya va en 29 mil millones y suma 134 procesados.

Según la periodista, el caso Huracán, que implicó desmantelar el área de Inteligencia de Carabineros a raíz del escándalo por la fabricación de pruebas para involucrar a comuneros mapuche; seguido por el asesinato de Camilo Catrillanca, conformó un escenario peligroso, que ella describe como “un riesgo de seguridad pública” debido a la mermada imagen de la institución. “Si a esto se agrega lo ocurrido después del 18 de octubre, con heridos, muertos, violaciones a los DD.HH.; el odio que se venía forjando contra carabineros se consolidó. El problema es que estamos ante un peligro tan grande, con una policía a merced de delincuentes, que requiere urgente un rediseño a fondo, y donde los anuncios que se han escuchado por parte del Presidente —en cuanto a la seguridad— no van en esa dirección. Pero todo esto es producto de muchos años de corrupción que no solo no fue fiscalizada sino que fue permitida por sucesivos gobiernos”.

—En el fondo, estamos pagando con creces varias décadas de descomposición.

—Así es. La corrupción se nos fue metiendo hasta convertirse en sistemática. Es la madre de la mayor violencia que tenemos.

Pero no es la única, dice: “Las pensiones de los adultos mayores en Chile están en el centro de la vergüenza. Solo este 2019 las AFP ganaron 511 millones de dólares, esto es un 70% más que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en ninguna de las propuestas para paliar la crisis social he visto un pronunciamiento que exija una contribución del sector privado. No están dispuestos a romper con este esquema obsceno de ganancias. Llevamos 29 años de democracia, ¿por qué no se ha podido cambiar?, ¿cuál es el cinturón de castidad, cuál es la amenaza?”.

—Y su respuesta es…

—Nos engañaron, primero bajo la amenaza de que podía volver la dictadura, y luego con que los inversionistas se podían ir… Por eso hay gente que dice: ‘Llevo 41 días en la calle y voy a seguir protestando'. No tienen nada que perder.

—¿Qué consecuencias pueden tener las violaciones a los DD.HH. en esta crisis?

—Hay muertos y heridos; si los crímenes quedan impunes, eso va a acarrear una violencia inaudita en los años que vienen (...). Debe existir una total claridad sobre los incendios simultáneos a diversas estaciones del Metro y si fueron parte de una operación coordinada por un grupo de autores, que merecen castigo, del mismo modo que también necesitamos saber quién dejó ciego a Gustavo Gatica. En democracia no puede haber impunidad.

—¿Cómo se irá a contar la historia dentro de 30 años?

—Habrá que verlo, pero preparémonos porque no va a ser bonito. Vamos a tener que asumir las consecuencias y aquí nadie se escapa.