Era tan simple como consultar. En su calidad de presidente de Blanco y Negro por segunda vez, Gabriel Ruiz-Tagle declaró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “mi error de comprar y vender acciones durante el período de bloqueo fue producto de mi ignorancia de las normas existentes y de la ausencia de una política de Colo Colo de inducción e información”.

El 28 de mayo de 2018, el empresario conoció y aprobó, en reunión de directorio, el balance de Blanco y Negro que mostraba una caída interanual de 94,5% en las utilidades del primer trimestre. Al día siguiente, cuando los estados financieros aún no eran públicos, vendió 2,6 millones de acciones a $319 cada una y 1,3 millones a $300 por papel, obteniendo una utilidad de 12.500 UF ($353 millones).

El 31 de mayo, dos días después de las operaciones, el abogado Javier Díaz, socio de Barros & Errázuriz, envió un correo electrónico, a las 22:24 horas, en representación de su cliente Gabriel Ruiz Tagle, a la encargada de colaboración compensada de la CMF informando los hechos.

La decisión de autodenunciarse fue opuesta a la que tuvo como dueño de Pisa, la fábrica de papel higiénico, servilletas y toallas de cocina que se coludió con CMPC Tissue desde 2000 a 2011 para subir los precios y mantener sus participaciones de mercado.

Ruiz-Tagle, según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica del 28 de octubre de 2015, participó en las primeras reuniones con Jorge Morel, entonces gerente general de CMPC Tissue, en Las Brisas de Chicureo a mediados de 2000, donde acordaron poner fin a la guerra de precios y mantener las cuotas que tenían antes (76% para la firma de los Matte y 24% para la de Ruiz-Tagle). Fue su ex competidora CMPC la que el 27 de marzo de 2015 se acogió al beneficio de delación compensada, cooperó y se libró de pagar una multa a beneficio fiscal. Ruiz-Tagle, que no fue requerido, siempre sostuvo que actuó coaccionado por el poder de CMPC.

La sueca SCA, que le compró a Ruiz-Tagle el 50% de Pisa en 2003 y el otro 50% en 2012, pelea en la Corte Suprema para no cancelar los US$18 millones con lo que lo multó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La decisión de autodenunciarse, según datos recogidos por La Segunda, ocurrió gracias a Lipigas, empresa de la que Ruiz-Tagle era director y que le advirtió de la existencia de un “período de bloqueo” para hacer operaciones con sus papeles.

Ahí, según esta versión, se percató de que había vendido 4 millones de acciones de Blanco y Negro y comprado unas pocas (108 mil por un valor de $34,5 millones) durante el período prohibido.

“Antes de efectuar una venta de un paquete significativo de acciones y más aún cuando existe una utilidad, la cuestión es simple: hay que preguntar si está vigente o existe un período de bloqueo”, afirma Rodrigo Hinzpeter, consejero de la Sofofa y gerente legal de Quiñenco.

El 12 de noviembre, la CMF lo multó con 7.500 UF ($211 millones) por infringir el artículo 165 de la Ley de Valores que exige a un director guardar reserva de la información privilegiada, abstenerse de usarla para adquirir o enajenar valores (acciones) o valerse de ella para obtener beneficios o evitar pérdidas.

Fue la mitad de lo que le correspondía porque se autodenunció y, al final, obtuvo una ganancia de $142 millones. Quedó inhabilitado por cinco años para ser director de sociedades fiscalizadas por la CMF y tuvo que renunciar a Lipigas el 20 de noviembre.

El 28 de mayo, un día antes de las ventas de Ruiz-Tagle, las acciones de Blanco y Negro se dispararon un 25%. Desde $255 a $319, lo que debe haber constituido un imán para hacer una pasada.

El 29 se desprendió de 4 millones de papeles en una inusual jornada en la que se transaron 8,2 millones de papeles —un 8% de la propiedad de Blanco y Negro— con un precio de cierre de $300, según la Bolsa de Comercio. O sea, hubo al menos un accionista más que hizo lo mismo que Ruiz-Tagle ese día.

Entre sus descargos, Ruiz-Tagle observa que al día siguiente, el 30 de mayo, cuando se enviaron los resultados de la concesionaria a la CMF, el mercado no reaccionó. Se transaron apenas $473 mil. El 31, fueron $173 mil, siendo insuficientes para fijar un precio, menor, mayor y de cierre. Entre el 1 y 20 de junio el cierre estuvo pegado en $260, según la bolsa.

Siguiendo el consejo del penalista Jorge Chávez, socio de Gana & Chávez, Ruiz-Tagle se autodenunció en la Fiscalía Oriente el 29 de noviembre. La pena actual para el uso de información privilegiada va desde los 61 días hasta los cinco años de cárcel, lo que permite cumplirla en libertad.

En su presentación ante la fiscalía, Ruiz-Tagle asegura que no usó información privilegiada, porque no vendió pensando en que los resultados de Blanco y Negro iban a provocar una caída en el valor de la acción, que aunque la utilidad de la concesionaria al primer trimestre de 2018 fue mucho menor que la del año anterior no era una mala noticia, ya que la concesionaria cerró 2017 con pérdidas por $3 mil millones. Y que la primera quincena de junio la acción bajó un 13,3% y que él compró más acciones — 12,5 millones— desde el 29 de mayo en adelante a un promedio de $312.

“La ética tiene que ser un factor superior a cualquier cálculo económico. La prudencia y el estricto cumplimiento de las normas son requisitos fundamentales para la actividad empresarial”, sostiene el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Lorenzo Constans. “Cualquier comportamiento que sobrepase los límites legales me parece completamente condenable”, agrega su sucesor, Andrés Santa Cruz.