Infligen un profundo daño, a su propio país, los que menos han aportado y que más escasos conocimientos tienen de la vida; jóvenes —no exactamente los más humildes— destruyendo bienes públicos y privados, y haciendo todavía más precaria la cotidianidad de millones de ciudadanos. Y desconociendo, además, el alma de nuestra identidad nacional: destruyendo las efigies de nuestros héroes, decapitando sus esculturas. Horror y error que nos entristece, desorienta y avergüenza.

La marca país, reconstruida y robustecida en cuatro décadas, ha sido severamente afectada: paralización de inversiones extranjeras, pérdida de valor de nuestra moneda y desvalorización de nuestros activos. Sencillamente, nos hemos empobrecidos todos. El 58% de los hogares del país de clase media-baja y vulnerables, el 30% que depende de trabajos informales —51% de ellos jefatura femenina— son los más expuestos, quebrantados en su marginalidad.

Casi la unanimidad de las medidas económicas, mas allá de la loable justicia social, disminuirán el potencial de crecimiento del país. Si Chile puede endeudarse aún más es porque no tenemos el lastre de un sistema de pensiones de reparto y administrado por el Estado que agobia al mundo —léase Brasil—. La capitalización individual administrada por las AFP ha permitido evitar este pasivo fiscal y facilitar, entre otras cosas, un endeudamiento barato, como los millones de créditos hipotecarios cursados.

Estamos experimentando una “violencia constituyente” que será asociada con la Constitución de los saqueos. Ciertamente ha habido una complicidad de políticos de izquierda, validando en cierta medida a estas hordas aniquiladoras, que dicen condenar la violencia pero solo tienen contabilidad para los excesos de Carabineros. Y como la economía es una ciencia social, y no es sorda, autorizados economistas proyectan en este escenario una caída de un punto en el crecimiento y un desempleo de 900 mil personas.

Todos contra Piñera. Hay necesidad de buscar un solo culpable. Curioso, cuando lo único que ha unido a la oposición ha sido el bloqueo legislativo, con acento en proyectos sociales como la sala cuna y la protección a la clase media. En sus casi seis años de administración “normal”, Piñera creció a un promedio cercano al 5% y generó más de 1,2 millones de empleos, determinantes para el bienestar de amplios segmentos.

Qué duda cabe: la crisis social que vive Chile desde hace cinco semanas está causando estragos en el ya debilitado sistema de partidos, y en varios sentidos. En primer lugar, en un sentido sistémico: la desconfianza hacia los partidos es extrema, y de ella no se salva nadie. Prueba de ello es la total ausencia de banderas partidarias en las protestas y manifestaciones, lo que se traduce en epítetos ofensivos que pueden ser leídos en varios muros de las ciudades, todos referidos a los políticos. Es más: se ha vuelto muy frecuente la agresión verbal hacia diputados, senadores y hasta candidatas presidenciales, lo que es la etapa previa al paso a la violencia y a la irrupción del “que se vayan todos”. En tal sentido, resulta jocoso constatar intentos partidarios de interpretar a la calle, de representarla y encarnarla, de hablar por ella (“la gente quiere”), como si esa calle tuviese un mínimo de simpatía con la política establecida y como si los políticos entendieran algo de este sismo social.

En segundo lugar, se ha hecho patente la descomposición orgánica e ideológica de las izquierdas, las que penan en converger siquiera en declaraciones comunes de condena a las violaciones a los DD.HH. y a la violencia vandálica, y qué decir del rechazo ultrista al acuerdo por la paz y una nueva Constitución.

La derecha no ha estado exenta de tensiones internas pero, a decir verdad, son de menor intensidad: el canibalismo de la derecha parece haber quedado atrás. La eutanasia de la que fue objeto la Constitución de 1980 no produjo emoción en Chile Vamos, salvo una que otra cara larga. Esto quiere entonces decir que, a pesar de todo, el oficialismo se encuentra en un relativo mejor pie que la oposición, lo que es sorprendente con un Presidente que se mueve en la línea del 10% de confianza.

De lo anterior se siguen varias paradojas. A pesar de la impopularidad, un puñado de políticos se ha tomado los matinales de televisión, trasladando buena parte de la construcción de los liderazgos a las pantallas que obligan a hablar en fácil, sin regodeos y con cuñas. Todo indica que estos políticos entregan sintonía, la que no es transferible a los partidos que ellos habitan.

Otra paradoja es la voluntad transversal de permitir que se formen listas de candidatos independientes para delegados constituyentes. Si bien hay algo de maldad en esta idea (multiplicar esas listas para que, en medio de la fragmentación, se impongan los candidatos vinculados a partidos), está también presente la ilusión de sintonizar con la calle desechando a los partidos que estos mismos políticos dirigen.

Partido y anti-partido, política y anti-política: dos modos paradojales y oportunistas de enfrentar a un Chile fracturado por y para los propios partidos.

Un problema de autoridad no es un problema policial. Que Human Rights Watch no haya mencionado las faltas de la autoridad política solo sirve para llamar la atención sobre las responsabilidades políticas eludidas. Todo se describe como si Carabineros no estuviera sujeto a la autoridad del Gobierno. La institución se gobernaría por protocolos. Nada que no esté en los reglamentos pudo haber pasado. Si algo sucedió en materia de DD.HH. fue porque el oficial a cargo, en terreno, no leyó los manuales.

El apoyo del Gobierno a Carabineros tiene mal aspecto. Deposita en la fuerza policial todas las fallas y las culpas. Simultáneamente, entrega un respaldo a Carabineros cuyo eco protege solo a la autoridad que profiere la absolución y la condena en el mismo párrafo de su discurso.

No es difícil concordar en que se requiere resguardo policial para infraestructuras críticas. Pero no hay información comprensible sobre la debilidad de las fuerzas. De los 60 mil policías que se supone forman el contingente de Carabineros, ¿cuántos han participado en el reguardo del orden público? ¿Cuántos están equipados? ¿Cuántos están formados?

El Presidente Piñera ha reiterado su llamado al Congreso para aprobar una agenda de paz que incluye iniciativas que van desde la prohibición de capuchas en verano a la destinación de las FF.AA. como “punto fijo”. Desliga la presencia militar de la suspensión de los derechos ciudadanos y esa parece una buena idea. Pero el contexto de falta de resolución del Gobierno a favor de la política hace difícil recibir de buen ánimo sus propuestas.

Ahora se trata de proteger las comisarías. Ese es un reconocimiento tan abrumador del fracaso de la policía y de la autoridad que deja sin aliento. En este trance, el cambio por hacer es que sea el Congreso el que autorice los estados de emergencia. Es necesario hacer más difícil el uso de la violencia y no más fácil.

A las autoridades es necesario pedirles, respetuosamente, que si no pueden colaborar realmente con la paz, al menos no entorpezcan los esfuerzos que se hacen. Tal como sucedió en el Acuerdo Constitucional reciente. Es necesario que el Parlamento entienda que su deber es hacer justicia para aclarar la responsabilidad de las autoridades en las faltas cometidas por la fuerza pública en estas semanas. Simultáneamente tiene el deber de avanzar en un itinerario instituyente que incluya a la ciudadanía. En tercer lugar, tiene que definir una política de paz a partir de los barrios y de la gente.

Solo un trabajo desde las comunidades permitirá contener la violencia que hemos dejado desatarse. La paz que se impone por la fuerza no tiene arraigo ni duración. Es urgente organizar una reconciliación de Carabineros con sus poblaciones aledañas, para recuperar su papel disuasivo, el acompañamiento a la población y la relegitimación de su autoridad.