Desde el 18 de octubre, el Gobierno se ha abierto a una serie de demandas sociales que, en parte, responden a las peticiones de los manifestantes que se han tomado las calles. Esa presión y la urgencia por llegar a acuerdos no ha permitido mucho espacio para debatir si esas medidas son las más adecuadas ni calibrar con calma el impacto fiscal del esfuerzo.

Una situación similar se vivió en 2011, con las demandas estudiantiles. Si bien la tramitación de la ley de gratuidad tomó cerca de dos años, los márgenes de esa discusión estaban delimitados de antemano. Y eso, como lo reconoció en abril pasado en una columna en El Mercurio el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés —quien tuvo a cargo la parte final de la tramitación de esa ley— no ayuda. “A medida que las presiones y dificultades se acumulan, resulta más difícil alcanzar buenas soluciones”. Justamente la presión que hoy tiene el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En medio de las diversas peticiones sociales, Briones parece un equilibrista. Los menores ingresos por una economía lastimada y la demanda por mayor gasto, imponen un desafío complejo. Ya se aumentaron impuestos, se planteó la idea de echar mano a fondos soberanos e incluso ayer en Emol el diputado PS Marcelo Díaz habló de utilizar el 2% constitucional. Y en medio de todas esas alternativas, pasa inadvertido que el Presupuesto 2020 considera US$ 1.500 millones para financiar el programa de gratuidad. Equivalente al gasto del “Marco para el Entendimiento Social” que logró acordar el Gobierno con el Senado. Esos recursos, por ejemplo, hubieran sido más que suficientes para aumentar la pensión básica solidaria en un 50% —la cuestionada iniciativa liderada por la diputada RN Ximena Ossandón— , que de acuerdo a la Dipres costaría US$ 1.000 millones.

El impacto del costo de la gratuidad se observa por todos lados. Si el presupuesto 2015, año previo a la gratuidad, el 17% del gasto del Mineduc iba a educación superior, para este año la proporción salta a 22%. De acuerdo a datos de la OCDE, el incremento del gasto en educación superior aumentó entre 2010 y 2016 en un 80%. Un estudio de los académicos UDP José Joaquín Brunner y Julio Labraña, muestra que la gratuidad significaría un gasto del 8,5% del ingreso tributario, casi tres veces superior al promedio que presentan los países de la OCDE.

Pese a ese aumento en el gasto público, eso no significa que el total de recursos del sistema haya crecido. Si bien un estudio del Ministerio de Hacienda mostró que, según sus estimaciones, el sistema había mantenido el monto de ingresos, advertía que las instituciones privadas sí tenían menores recursos. Asimismo, no descartaba “la existencia de instituciones que puedan estar peor en términos operacionales luego de entrar en el programa”, concluía una presentación de Francisca Dussaillant, coordinadora de política social del Ministerio de Hacienda en julio.

Más allá de la teoría, en la práctica hubo despidos de académicos de la Facultad de Derecho en la UDP y la suspensión de construcción de infraestructura en la UFT, ambas decisiones tomadas a fines del año pasado. Entre las universidades con aportes estatales, el decano de la Facultad de Economía de la UC, José Miguel Sánchez, reconoce que para esa institución los costos de la gratuidad no han llegado a ese nivel, en parte, porque “la universidad tenía una cantidad importante de becas que se financiaban con recursos propios y hoy esas becas no tenemos que darlas”. En otras palabras, el financiamiento público reemplazó al privado. Sánchez explica que esto genera un impacto negativo “porque significa postergar inversiones e iniciativas que, a la larga, repercuten en calidad”.

Aunque se sabía que había alternativas a la gratuidad, en Valparaíso prefirieron sumarse a las peticiones de los manifestantes. Un sistema de créditos con una tasa de interés subsidiada (2%) y pagos contingentes al ingreso que no superan el 10% de los ingresos de los egresados, como el que opera desde la primera administración Piñera era una salida menos costosa para el Estado y menos compleja para la instituciones.

En la misma columna de abril Valdés advertía que “si se hubiera implementado a tiempo un buen sistema de crédito contingente al ingreso, probablemente no se habría llegado a la gratuidad”.

Ello parece más grave cuando los primeros datos no muestran que la gratuidad haya tenido un impacto en inclusión. Los datos de cobertura de las encuestas CASEN antes (2015) y después (2017) de implementada esta política, prácticamente no se mueven. En el primer decil de ingresos la presencia de alumnos en la educación superior se mantuvo en torno al 28%. En el sexto subió desde 33,7% a 33,73%, es decir, por ahora, no hay cambios significativos. El promedio a nivel país se mantuvo en 37,4% entre ambas mediciones.

Esto también lo notan las instituciones, al menos las más selectivas. Para Sánchez, de la UC, en su facultad la gratuidad en términos de diversidad del alumnado “movió muy poco la aguja”. Recuerda que más impacto tuvieron programas propios de la universidad más relacionados con los mecanismos de admisión que con financiamiento. “Todos esos alumnos tenían acceso a algún tipo de financiamiento estatal o becas de la propia universidad. Ahora todos ellos tienen gratuidad”.

¿Mayor eficiencia? Desde el centro de estudios Acción Educar explican que los alumnos que estudian con Crédito con Aval del Estado tienen una retención más alta que alumnos de similares características beneficiados por la gratuidad.