Interpelado sobre el cambio de sus posiciones en el periodo de entreguerras, John Maynard Keynes sostuvo: “Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted no?”. Esta afirmación suele ser utilizada para defender el pensamiento independiente cuando se trata de asuntos públicos, en los cuales la adaptación a nuevas realidades requiere de flexibilidad y menos arrogancia.

El sábado, el Presidente Piñera señaló, en una entrevista, que estaba estudiando “reformas” a la Constitución, repitiendo aspectos que ya se encontraban en su programa y en la agenda de ajustes institucionales del exministro Chadwick. Sin embargo, el ministro Blumel anunció anoche, tras una reunión con su coalición, que optarían por un Congreso Constituyente, sin entregar más detalles. En dos días el cambio de posición fue radical.

El Gobierno reconoce así el inicio de un proceso constituyente —uno que en los hechos ya comenzó— que requiere ser encauzado en un procedimiento propio como medio que permita retomar el diálogo como mecanismo de convivencia, bajo criterios democráticos comúnmente aceptados; es decir, inclusivo, representativo y sin coacciones de ningún tipo. Una solución de ese tipo siempre ha sido institucional. Técnicamente un Congreso Constituyente implica elegir representantes con el propósito prioritario de dictar una nueva Constitución, que luego debe ser plebiscitada. Aceptar este mecanismo y establecer sus reglas, así como quienes pueden ser electos y las cuotas para su integración son asuntos que deberá resolver este Congreso.

Las razones de algunos para oponerse a este proceso han sido que la Constitución no resuelve los problemas de las personas; que existen textos bien escritos pero inútiles, o que muchos de los problemas tras esta crisis se pueden resolver con adecuadas políticas públicas. Sin embargo, esos argumentos olvidan quizás el aspecto central de este debate.

Las reglas constitucionales distribuyen el poder entre los individuos, la sociedad y el Estado, y lo hacen en términos verticales y horizontales. Por eso, una Constitución es un texto político que necesita de un pacto. Resolver el problema constitucional adecuadamente, es decir, sin imposiciones y mediante un procedimiento participativo, es también una cuestión de seguridad, la clave para la sanidad democrática, la estabilidad social y el desarrollo económico.

A estas alturas poco importa quién tenía la razón antes de esta crisis. Lo único cierto es que la forma de salir de ella es con los actores políticos y sociales que tenemos, todos los cuales, tras lo ocurrido en los últimos veinticinco días, probablemente aprecian las cosas de un modo distinto. Los hechos cambiaron y, con ello, también la manera de comprender nuestros estrechos mundos.

Para nadie es novedad que para ser exitoso en cualquier proyecto o emprendimiento, conocerlo al detalle es fundamental. Los agricultores conocen su tierra, están ahí día a día preocupados del riego, de las heladas, de la fertilización; los pescadores, por su lado, saben de marejadas, de corrientes, de tipos de peces, y los empresarios conocen en detalle sus productos, a sus clientes, a sus proveedores, etcétera.

Llama la atención entonces que quienes nos gobiernan —sean de izquierda, de derecha o de centro— no conozcan de cerca los temas sobre los cuáles hacen y aplican las leyes.

¿Cuántos de los ministros, diputados y senadores se van a diario en micro y/o metro al trabajo (o en bus a Valparaíso)? ¿Cómo van a legislar sobre transporte público si no lo usan, si los problemas del mismo no les afectan? Lo mismo pasa con la salud: ¿Cuántos atienden sus enfermedades y las de sus familias en hospitales públicos? ¿Cuántos de sus nombres están en las listas de espera para cirugías o tratamientos? ¿Qué jubilación es la que tendrán en promedio?

Y también, respecto de la educación, ¿qué porcentaje del Congreso fue a un liceo público y/o tiene a sus hijos hoy en uno de estos?

Pastelero a tus pasteles: aquel que quiera legislar y/o gobernar Chile debería tener que vivir como un chileno común y corriente; esto es, uno que utiliza diariamente el transporte público para ir al trabajo (sí, incluso para ir a Valparaíso), uno que se atiende en el servicio público de salud, y sus hijos deberían tener que ir a un liceo público.

No es lo mismo decir que se conoce una situación porque se visitan comunas y se hacen reuniones con líderes comunales y con “gente común”. Para conocer una situación hay que vivirla. Imagínense lo que ahorraríamos en paneles de expertos y lo rápido que se pondrían de acuerdo los honorables si es que las políticas que proponen también les afectaran directamente.

La duda es qué es lo que diría el Congreso a esta propuesta. A mi juicio, la respuesta es un indicador del nivel de compromiso real que existe con mejorar la calidad de las políticas públicas en nuestro país.

Varios estudios sobre el impacto de la subida en el salario mínimo han documentado spillovers positivos hacia otros salarios de la economía: el salario mínimo mayor reduce las desigualdades, no solo porque la gente que cobra el mínimo cobra más, sino que también porque la proporción de trabajadores que cobran salarios mayores al mínimo también se incrementa. El famoso trabajo académico de David Lee publicado en el “Quarterly Journal of Economics” en 1999 sugiere que estos efectos podrían explicar una gran parte del incremento en las desigualdades en EE.UU. en los 80, cuando disminuyó el salario mínimo en ese país.

El modelo teórico más usado para simular estos efectos fue publicado en la misma época por Ken Burdett y Dale Mortensen. No solo genera los spillovers salariales mencionados, sino que también explica por qué el salario mínimo afecta poco el empleo. La idea se basa en mercados imperfectos. Por el “poder de mercado” que tienen las empresas, estas pagan a los trabajadores menos que lo que están realmente dispuestas a pagar. Una subida en el salario mínimo no afecta el empleo mientras no supere la disposición a pagar de las empresas. Los spillovers positivos del salario mínimo a otros salarios ocurren porque las empresas deben pagar más a sus trabajadores para que no se vayan.

Este modelo nos permite entender parte de los mecanismos asociados a los spillovers y los incentivos económicos. ¿Cómo se pueden interpolar a la introducción de un ingreso mínimo garantizado (IMG) tal como se anunció el 22 de octubre en Chile? El IMG no funciona como un salario mínimo: es un subsidio del Estado para llegar a una remuneración mensual de 350 mil pesos. En este contexto, la preocupación es justamente que el IMG genere spillovers negativos. Una empresa nunca va a proponer un salario entre 301 mil y 350 mil: optaría por el salario mínimo, dado que el Estado cubriría cualquier diferencia. Incluso tendría muy pocos incentivos a proponer un sueldo un poco por encima de los 350 mil, dado que no solo tendría que pagar lo que hay por encima, sino que además perdería el subsidio. En este sentido, un análisis de incentivos sugiere que el IMG podría generar spillovers negativos. No se descarta que podría generar parte de los efectos positivos que se han documentado con el salario mínimo, pero estos deberían ser menos fuertes dados los efectos adicionales.

Al funcionar como un subsidio, existe sí un canal por el cual el IMG podría implicar spillovers positivos, vía mayor demanda laboral. Si el IMG reduce los costos laborales, debería implicar mayor contratación. Este canal se vuelve importante a medida que la demanda laboral es elástica. Dado que estudios sobre el salario mínimo han documentado que una subida no afecta mucho el empleo, parece que no debería ser importante. Pero no podemos descartar que compense los spillovers negativos mencionados si la demanda laboral fuera más elástica de lo que creemos.