Plaza de Maipú, mediodía del sábado 19 de octubre. Un grupo de vecinos se reúne alrededor de la estación del metro que había sido destruida la noche anterior. Los periodistas se acercan y son expulsados. La razón: creen que la prensa ha tergiversado su protesta y que los trata como delincuentes. Hay jóvenes, adultos, pero sobre todo ancianos. Una periodista finalmente puede conversar con ellos. Los tres que hablan son viejos. Una tiene 104 años, otro anda con su bolsa de papeles acusando que el Estado solo lo tramita. El que más tiempo conversa, apoyado en su bastón, dice que no puede compartir la destrucción, pero que entiende la protesta. Él ya está viejo y no quiere que los jóvenes pasen por la miseria que está viviendo hoy. Termina quizá con la interpelación más brutal hacia toda la política: “Por qué tiene que quedar la cagá para que nos escuchen”.

No es cierto, como han planteado algunos estos días, que esta era una crisis que no se podía prever. Existen numerosos estudios, de distinguidos académicos en ciencias sociales, que desde hace algunos años han venido advirtiendo, con evidencia en mano, que se estaba incubando un profundo malestar, uno que solo alimentaba la frustración. Sin embargo, la élite prefirió escuchar la prédica de la “modernización capitalista”. Aunque Chile, según cifras del PNUD, se encuentra en el lugar 38 del Índice de Desarrollo Humano, esa misma institución ha advertido, como varios otros antes, los riesgos de la desigualdad para el progreso y estabilidad futura del país.

Como explicó Coleman, si las mejoras no satisfacen las expectativas creadas se producirá un proceso generalizado de frustración que puede conducir a estallidos. La política y algunos intelectuales públicos creen que esto es consecuencia de la suma de frustraciones individuales, pero es algo más complejo que eso. Se vincula con nuestras organizaciones, la sociedad que construimos, el Estado que tenemos, con la vida digna que deseamos vivir y compartir. El vínculo entre esa frustración individual y la indiferencia institucional es parte, quizá, de esta explosión.

Es evidente que la violencia y los saqueos son inadmisibles, pero también lo es —sin que esto justifique lo primero— que el Gobierno no entienda que esto va más allá del orden público; que la oposición, si es que la hay, comprenda que es el momento de discutir un acuerdo social sin chantajes y que algunos en la izquierda asuman que esto es más que la “intelectual” política universitaria que solían practicar.

Ese sábado en Maipú, un rato después, aparecieron los carabineros, que rápidamente fueron superados. Más tarde llegaron los militares. Los viejos se tuvieron que ir, no pudieron seguir conversando. Ganó el lumpen, que destruyó todo.

No tengo claro cómo definir el fenómeno de las protestas, pero sí tengo claro que esto es el resultado del error del Estado al desarrollar políticas públicas y leyes, como la de participación ciudadana (Ley 20.500), que quedan en nada más que un papel escrito.

Hace años, el gobierno de turno decidió ampliar la esfera de la participación ciudadana para ponerla al centro de la política pública. Pero no la incluyeron en el accionar de los decision-makers ni en la conciencia social. La situación actual es resultado directo de haber olvidado que la participación ciudadana debe ser una parte fundamental de nuestro quehacer en democracia. A pesar de que cada cuanto escogemos representantes —al Ejecutivo, al Congreso y a los municipios— no podemos obviar la importancia de continuar cerrando la brecha entre ciudadanos y aquellos que toman las decisiones.

La participación ciudadana brinda a los particulares la oportunidad de influir en las decisiones públicas y ser un componente del proceso democrático de toma de decisiones. Es debido a esta oportunidad que la relación entre la sociedad y el Estado está cambiando. Las protestas son el resultado de que el Gobierno tome en sus manos, sin corresponsabilidad, la función de diseñar políticas públicas. No veamos esto como un hecho aislado cuando el Congreso y el Ejecutivo se pasean discutiendo cosas tan importantes como son la reforma tributaria, el futuro del sistema de pensiones y la jornada laboral, sin que existan mecanismos de participación, colaboración y rendición de cuentas, entre Estado y los ciudadanos, que valide estas decisiones.

El Congreso y el Ejecutivo deben tomar en serio el derecho de los ciudadanos a participar de los procesos democráticos. Que dejen de una vez por todas de pensar en electores y comiencen a (re)conocer a los beneficiarios. Que los inviten a mesas de trabajo, a comisiones, a armar grupos a nivel municipal, a participar de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, a involucrarse en el diseño la política pública, y los empoderen para que puedan ejercer el derecho a una rendición de cuentas transparente. Y que los ciudadanos comprendan que el accountability no es un tema de algunas organizaciones de la sociedad civil, sino que todos debemos involucrarnos. No hay mayor brecha social que la que existe hoy entre aquellos que toman las decisiones y aquellos a las que nos afectan.

Resulta difícil explicar lo que está sucediendo, pero una forma de abordar el problema es identificar a los actores y distinguir sus elementos constitutivos.

En primer lugar, están los violentistas. Son un lugar común que, por las razones que sea, destruye toda fórmula de expresión razonable. Su psicología les impide evitar la agresión, el control que ejerce su lóbulo frontal es muy escaso o se encuentra inhibido. Esta vez, al no enfrentar contención efectiva, desataron su furia contra estaciones de metro, buses, locales comerciales, etc.

En segundo lugar, los oportunistas, que en este caso se expresan de dos formas. Están los políticos que se subieron al carro rápidamente apoyando las manifestaciones, pero que no han rechazado la violencia ni el vandalismo (o solo la que ejerce Carabineros). Creen que ese oportunismo les permitirá estar “vigentes” y apostar al reconocimiento de sectores que ni siquiera votan por ellos (el anarquismo), olvidando que también son parte del problema.

Hay, también, otros oportunistas: los que aprovechan para asaltar supermercados, farmacias y locales comerciales, casas o feriantes, etc. Después de todo, el resto está ocupado o en las barricadas, las calles, con cacerolas, etc. Este es el momento de consumir gratis: cuando no hay quién haga frente a estos “consumidores oportunistas”.

En tercer lugar, las fuerzas de orden, Carabineros y FF.AA., que han ejercido un control parcial e ineficaz. Tal vez la principal razón es que son los primeros en ser denunciados y acusados de uso excesivo de la fuerza. Desafortunadamente, las redes, contaminadas de subjetividad, solo muestran la reacción de ellos y no las acciones de quienes inician la agresión. Pero, cualquiera sea el caso, su acción ha sido completamente ineficaz para controlar a pirómanos y consumidores oportunistas.

El Gobierno y los políticos finalmente se allanan a cooperar. Mejor es tarde que nunca. Sin embargo, es claro que los oportunistas políticos no pueden desaprovechar la ocasión de seguir sacando ventajas. El chivo expiatorio son todos los que se oponen a las expresiones de descontento.

¿Y los ciudadanos? Los hay ingenuos, que pasivamente apoyan el reclamo pero no la violencia, y hoy no entienden hacia dónde van las cosas. Son quienes apoyan las protestas sin participar en ellas, y creen que estas son pacíficas y que quienes producen los desmanes son las fuerzas policiales. Además, no se hacen cargo de los desmanes y asaltos, asumiendo que son situaciones inconexas.

¿Acaso no hay un malestar objetivo? Sí, lo hay. Pero también hay un fallo de la democracia, la incapacidad de evitar la polarización y acudir al discurso del enfrentamiento. ¿Qué hacer? La falta de información es un patrón de toda crisis. Sin embargo, hay una pista primordial, y que la mayor parte estamos esperando: la restitución del orden.