Por $6 mil al mes, un hombre identificado como Víctor ofrece públicamente una parrilla de 2 mil canales de televisión del mundo. Dentro del portafolio, figuran señales de películas, programación deportiva con eventos premium como el campeonato nacional o la Copa Libertadores. Asegura que el sistema es “legal, serio y estable”. El servicio, que no proviene de un cableoperador tradicional, ofrece una clave y un tutorial de instalación en el portal Mercado Libre e incluso se puede pagar con tarjeta de crédito.

“Activamos la aplicación en minutos; solo debes realizar el pago y enviarnos la dirección MAC del televisor y lo activamos”, dice el vendedor.

Este servicio es conocido como IPTV (por sus siglas Internet Protocol Television), una modalidad de emisión de señales de TV a través de conexiones de banda ancha. No requiere decodificador y es preciso descargar una aplicación para que la grilla esté operativa en un Smart TV o una tablet. En tanto, el proveedor hackea la señal satelital que es usada por los cableoperadores, quienes pagan el derecho para su utilización y comercialización.

Según la ley, está penada la comercialización y distribución de “dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación” de señales de TV, no así la contratación.

“El riesgo al contratar o adquirir estos servicios denominados IPTV, es que no poseen un soporte técnico o backoffice establecido en el caso que el usuario presente problemas de señal, interrupción de servicios o mala calidad de la imagen. Además, son comercios no establecidos, por ende no emiten boletas o facturas”, dice la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

En la última medición de participaciones de mercado de TV de pago de Subtel, correspondiente a marzo de 2019, VTR encabeza la lista con un 32,6%; luego figura DirecTV con un 20,3%; Movistar, con un 18,8%; y Claro, con un 12,4%. Si bien no existe un número consolidado sobre la penetración de la piratería en todas sus modalidades—IPTV, decodificadores y colgados del TV cable—, en la industria estiman que “equivale a un tercer actor”.

Con la masificación del sistema IPTV, la industria ha intensificado sus reuniones con la autoridad pidiendo endurecer las penas que hoy pueden llegar a multas de $5 millones tras la última modificación a la ley realizada el año pasado.

Piden más fiscalización y que Aduanas intercepte los aparatos que utilizan los proveedores.

Los focos principales del lobby han sido el subsecretario de Hacienda, José Francisco Moreno; el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma y la subsecretaria Gidi. Las reuniones las ha liderado el gremio de televisión de pago Acceso TV, y una agrupación llamada Alianza contra la Piratería, donde a los cableoperadores se sumaron canales como ESPN y CDF, entre otras corporaciones.

“La reciente modificación a la Ley General de Telecomunicaciones sanciona lo que corresponde a esta materia. Sin embargo, se requiere de un mayor compromiso ”, sostiene Claudia Bobadilla, presidenta de Acceso TV.

En la misma línea, Catalina Achermann, gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Chile, reconoce que se han “se han sostenido conversaciones con las autoridades competentes con el fin de lograr que se adopten las medidas necesarias para implementar la nueva Ley que se publicó en noviembre de 2018, y que modifica la Ley General de Telecomunicaciones estableciendo sanciones a quienes decodifiquen, comercialicen y distribuyan en forma ilegal contenidos de TV pago, y a quienes importen dispositivos”. La ejecutiva agrega que este delito no solo golpea a la industria sino que también existen perjuicios para el fisco. “Afecta también al crecimiento económico del país, si pensamos en los recursos que el Estado deja de percibir por concepto de evasión de impuestos”. Según cifras de la Alianza contra la Piratería de TV pago, se estima que al año Chile pierde alrededor de US$42 millones en impuestos por este concepto, “una estimación conservadora si consideramos que se trata de un ilícito”, concluye Achermann.

Gladys Fuentes, directora Legal de Movistar Chile, sostiene que han desarrollado coordinaciones con Aduanas y con Transbank “para evitar que sistemas de pago remoto sean utilizados en la comercialización ilegal de señales de televisión”. Recuerda que incluso participaron en un plan con la policía que permitió desbaratar al operador de IPTV MegaPlay. Esta empresa fue allanada en julio de 2018 en Lo Espejo y contaba con unos 10 mil equipos que permitían introducir softwares ilegales y desencriptar señales satelitales.

Según la formalización del Ministerio Público, la empresa contaba incluso con un call center. Otro operativo se realizó en septiembre del 2019. La PDI incautó cerca de mil equipos de IPTV destinados a acceder ilegalmente a contenido protegido en un mall chino.

“Consideramos que se requieren mayores esfuerzos por parte de la autoridad para construir una persecución penal efectiva ante este tipo de ilegalidad”, reclama Diego Cortés, subgerente Legal de VTR. Una acción relevante, dice, sería “establecer mayores restricciones en el ingreso de importaciones de cajas decodificadoras de señal satelital o cajas IPTV piratas”.