La intervención telefónica al periodista Mauricio Weibel y las acusaciones del capitán Rafael Harvey de que querrían destituirlo—luego de que ambos denunciaran irregularidades— trajo de nuevo al debate la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción.

Expertos se han sumado al tema —como el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, en una columna publicada en La Tercera el 21 de agosto— , mientras el gobierno espera materializar un proyecto de ley para perfeccionar esta materia.

En el Ministerio Público ya se encuentran trabajando en una iniciativa, en la que han dialogado, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Contraloría General de la República (CGR) y el propio Ejecutivo.

Si bien actualmente existe la Ley 20.205 que protege al funcionario que denuncia irregularidades, según la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, “existen muchas falencias” en la legislación.

Para eso, el Ministerio Público ha elaborado algunas ideas para incorporar en la ley: fortalecer la confidencialidad y el anonimato en la denuncia; poder “relocalizar” al denunciante con un cambio de domicilio particular o de su grupo familiar.

Asimismo, incluir el cambio de identidad como medida más drástica. Y determinar el secreto de diligencia de investigación “que hasta ahora no es una posibilidad existente, respecto de una persona que no es interviniente como es el denunciante”, según Herrera.

Otras propuestas son añadir la asistencia económica al denunciante y medidas de traslado administrativo, cambiar de jefe al acusador o poder suspender sus funciones, pero manteniendo sus remuneraciones.

Desde Chile Transparente, Alberto Precht, sugiere como propuestas que “se den los incentivos para que hayan denuncias. Esto es delación compensada y premio económico al denunciante. Luego que se le proteja cuando tenga que comparecer a juicio, que pueda tener toda la seguridad de que no va a tener ninguna represalia física y tampoco en su ámbito familiar ni laboral”.

Precht plantea que “se debe asegurar que luego del juicio, en casos muy complejos, estas personas puedan rehacer su vida después de la denuncia”.

“La visión de la Fiscalía es bastante crítica respecto de esta materia. La ley tiene una regulación bien limitada”, dice Marta Herrera ejemplificando que no rige para Carabineros, el Ministerio Público o el sector privado, y que para el ámbito municipal tiene “más restricciones”.

Herrera agrega que la ley “solo alcanza el hecho de que la persona no pueda ser desvinculada dentro de los días siguientes a que hizo la denuncia, que no pueda ser evaluada o trasladada. Pero en este ámbito acotado de tiempo después que sea lo que Dios quiera con respecto a esa persona”.

Esto repercute en el número de denuncias por corrupción. Según Herrera, “tenemos un ingreso de los casos de corrupción a la Fiscalía que es como un 0,1 o 0,2% del total”. La cifra podría incluso ser menor.

Esto perjudica el trabajo de la entidad fiscalizadora. “Tenemos a personas que están asustadas, que no quieren dar su relato, porque además no tienen muchas garantías. Es muy frustrante porque nos quedamos sin testimonios por esta realidad”, dice.

La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, dice que “el Índice de Transparencia Internacional mide cómo se percibe por el sector privado la transparencia de las instituciones públicas. Dentro de la última versión de esta medición nuestro país se ubica en el puesto Nº 27 de 183 naciones, bajando en la posición que ostentaba en años anteriores”.

Manaud agrega que esto “puede ser interpretado como un aumento en la percepción ciudadana del nivel de corrupción en nuestro país, o también, como una mayor difusión de delitos, producto de una mayor transparencia”.