Un aviso de media página en El Mercurio de esta mañana fue el detonante público del conflicto que enfrentan desde hace varias semanas dos compañías proveedoras de la minería: la constructora española Cobra y la chilena Service and Support Full (SSFull). Esta última provee de materiales de estructura a Tedagua, una filial del grupo Cobra, que en conjunto con la japonesa Mitsui (consorcio Caytan) está construyendo una planta desalinizadora para la mina Spence, de BHP Billiton —cuya inversión supera los US$600 millones—.

El conflicto partió con el rechazo de los españoles a la recepción de unas estructuras encargadas y el consiguiente no pago de facturas, según constató también el sitio Interferencia. “La empresa constructora española Cobra cuya práctica recurrente es no respetar las órdenes de compra que entregan y llevar a juicio todas las desviaciones de sus adjudicaciones, utilizando malas prácticas como negociaciones unilaterales, cláusulas abusivas para menoscabar patrimonialmente y financieramente a las pymes locales, sus trabajadores y sus familias”, describe duramente Juan Pereira, gerente general de SSFull en la inserción.

El acusado, Grupo Cobra, es un actor conocido en la construcción de grandes proyectos en el continente y en Chile en particular ha estado detrás de 37 iniciativas en minería, energía e infraestructura, según detalla en su página web. El dato no menor es que forma parte del holding español ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A.), donde el principal accionista es el empresario Florentino Pérez —tiene el 13% de las acciones—, presidente del club Real Madrid y uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna de US$2.200 millones según Forbes.

Pereira describió esta mañana a La Segunda que el contrato de SSFull con el grupo Cobra partió a comienzos de año, cuando firmaron dos órdenes de compra por estructuras de soporte de cañerías y de partes de edificios para la desaladora. Dice que realizaron el trabajo de ingeniería correspondiente y que una vez que la propia empresa aprobó esos estudios se pusieron a construir.

Pero en junio pasado, Cobra aludió problemas de ingeniería. “Después dijeron que esa estructura no les servía y que netamente era responsabilidad de nosotros, pese a que tenemos los documentos de aprobación. Así, dijeron que iban a recibir lo que a ellos les parecía y que el resto, según sus palabras, era chatarra”.

Entre las dos órdenes de trabajo están involucrados alrededor de $1.600 millones y no han recibido más del 20% de los pagos, alega. De hecho, dice que el compromiso de pago del 15% al comienzo lo redujeron arbitrariamente a 10%, aludiendo problema de contraloría internos.

El problema es que SSFull continuó trabajando y pese a que ya van dos meses en que no han tenido acercamientos, ya tienen construido y almacenado el 90% de la primera orden y 50% de la segunda.

Pero Cobra tiene una visión distinta. A través de un comunicado escrito, dijo que “en el caso de esta empresa proveedora, el último trabajo solicitado —vigas metálicas para la obra— no cumplió con los parámetros exigidos, lo que fue respaldado a través de un informe técnico e informado de manera oportuna a dicho proveedor. Al no cumplir con los requisitos, este insumo no podrá ser utilizado en las obras”. Y remató: “Queremos enfatizar que no existen pagos pendientes con esta sociedad”.

SSFull busca que la Asociación de Industriales de Antofagasta intermedie en este conflicto.

Mientras que desde la dueña de Spence dijeron: “BHP espera que las partes puedan llegar a una solución consensuada a este conflicto comercial”.

La planta desaladora en cuestión se levanta en Mejillones y llevará el agua a través de un acueducto de 154 kilómetros a Spence, al interior de Antofagasta.

Por enésima vez y como se viene anunciando hace dos décadas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, levantó la idea de convertir a Chile en un centro financiero regional. Pero esta vez la iniciativa al menos tiene una diferencia: para ese objetivo enviará un proyecto de ley “misceláneo” con varias modificaciones legales, pese a que buena parte de los cambios necesarios se pueden realizar a nivel administrativo.

Hoy el sistema financiero representa en torno al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De lograrse la meta, podría llegar a representar el doble e incrementar fuertemente los 170 mil empleos actuales del rubro, principalmente profesionales, proyectó Larraín desde Londres en Tele13 Radio.

El plan considera 10 ejes de trabajo, entre los que destacan: simplificar los procedimientos y reducir los requisitos de documentación para inversionistas no residentes, adoptar prácticas internacionales en mercados de renta fija, facilitar el registro de valores extranjeros en Chile, eliminar asimetrías impositivas entre locales y extranjeros, simplificar el proceso de emisión de valores y flexibilizar los límites de inversión de institucionales.

“Es un proyecto interesante, que tendrá sentido si vinculamos el mercado de capitales con el desarrollo tecnológico, y que nos impondrá nuevos desafíos en materias como ciberseguridad y protección de datos”, advirtió el presidente del Senado, Jaime Quintana, desde Londres.