Como abogado, Fernando Barros (61) ha logrado lo que muy pocos de sus pares: tener una presencia en el mundo empresarial que va mucho más allá de la asesoría legal y tributaria, su especialidad.

Públicamente se hizo conocido por defender al fallecido exdictador Augusto Pinochet detenido en Londres. Y luego, por ser abogado del Presidente Sebastián Piñera.

Hoy se sienta en los directorios de siete empresas (ver la red), es consejero electivo de la Sofofa, que agrupa a los industriales, ya está en Londres listo para participar mañana y pasado en el Chile Day, y desde el viernes pasado, con su columna en el DF, se transformó en un escéptico del cambio climático como una amenaza inminente y así, un crítico de la participación del empresariado en el financiamiento de la COP25 (Convenio Marco sobre Cambio Climático). “El mundo empresarial —agregó el sábado en El Mercurio— con esto quedará capturado”.

Bernardo Larraín, timonel de la Sofofa, le respondió ayer, en el mismo diario, que “(el calentamiento global) se funda en análisis serios y rigurosos y no como cree Fernando (Barros), en intereses ideológicos o económicos” Y reclamó que él no anticipó su postura en la Sofofa, donde participa. Esta mañana, el presidente de los agricultores, Ricardo Ariztía, se sumó a Larraín al afirmar que “tenemos que contribuir para que (la COP25) sea un éxito”.

Barros planteó en su polémica columna titulada “Clima riesgoso” que “si bien nadie discute la necesidad de una relación equilibrada del ser humano con la la naturaleza (...) la discusión del verdadero alcance del proceso climático abandonó el ámbito científico. Ya no se intenta conciliar una conclusión, sino que se descalifica a los que disienten y plantean ahondar integralmente el análisis”.

Incluso apuntó a la actividad que realiza una de las empresas en las que ocupa el cargo de vicepresidente: Agrosuper y la producción de carne. “Algunas personas erigidas como líderes de esta cruzada con amplia cobertura mediática, claman que los Estados deben velar por la eliminación de la ganadería, el reemplazo de la carne por legumbres”.

El abogado ya participaba en el directorio de Agrosuper —la mayor productora chilena de chanchos, pollos, pavos, cecinas y que también entró al negocio de los salmones— cuando, en 2012, la compañía debió cerrar su planta en Freirina por los malos olores y hacer la pérdida de una inversión de US$500 millones.

Oxiquim, un cliente que lo acompaña desde que en 1988 fundó su estudio Barros & Errázuriz, enfrentó críticas cuando en agosto del año pasado fue sindicada como una de las empresas responsables del episodio de contaminación en Quintero. En su rol de presidente del directorio, Barros defendió varias veces a la fabricante de productos químicos, sosteniendo que las acusaciones eran “injustas e infundadas”. “Ya transcurridos más de seis meses de los hechos antes mencionados, no se nos formuló cargo alguno", dijo en la última junta de accionistas en abril pasado. Barros también preside Sintex, la matriz de Oxiquim, que tiene los mismos directores, por lo cual no fue incluida en la red.

Su paso por la desaparecida auditora Peat Marwick (hoy KMPG) fue el puntapié para convertir a Barros en un experto tributarista. Terminó la carrera en la U. de Chile con un 7, pero no pudo hacer un master en leyes como le habría gustado porque a los 22 se casó con Natalia Vial —hermana de León, socio de LarraínVial, donde hasta 2018 fue director de su AGF—, y cuando se le dieron las cosas ya tenía cinco hijos. Con el tiempo llegaron a ser 13: una de ellas, Bernardita, murió en el accidente del viaje de estudios del colegio Cumbres en 2008.

Su estudio ha sido asesor de varias administradoras de fondos como Southern Cross, Moneda y Compass. Y también del Presidente Piñera, con Bancard y la compra de CHV y el cargo de uso de información privilegiada formulado por la ex Superintendencia de Valores en la compra de acciones de Lan.