“La transparencia es un elemento central. No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar”, profesó el 3 de marzo de 2014 el Presidente Sebastián Piñera, al promulgar la Ley del Lobby.

Llegar a ese momento no fue fácil. La discusión legislativa tomó 11 años y mutó a través de tres iniciativas que dieron forma a la normativa actual. Esta, obliga a autoridades y ciertos funcionarios a publicar las reuniones solicitadas por privados, así como los viajes y donativos financiados por terceros. De esta manera, regula las gestiones y actividades de personas o entidades que buscan promover o representar un interés particular para influir en las decisiones de autoridades y funcionarios públicos.

A poco más de cinco años de su promulgación, los expertos valoran que ha otorgado dosis de transparencia a la relación público-privada, pero consideran que aún hay espacios donde “la luz solar” no penetra.

Este diagnóstico llevó a que, por ejemplo, en abril de este año el Consejo Para La Transparencia (CPLT) y el Centro de Estudios Internacionales de la UC publicaran el libro “Perfeccionamientos a la Ley de Lobby”. Uno de sus capítulos se titula “Hacia una ley de lobby 2.0”, elaborado por el consejo directivo del CPLT.

Ahí, resaltan que la ley no establece obligaciones a los lobbistas o gestores de intereses, planteando que se trata de un aspecto a modificar. Propuestas como esas surgieron entre los cinco expertos consultados por La Segunda —incluyendo el CPLT— sobre aspectos a mejorar. Con la letra chica ya clara, cinco fueron las materias que concitaron mayor consenso.

La ley tiene zonas grises que han dado lugar a interpretaciones “mañosas”. Por ejemplo, que funcionarios o autoridades consideren que solo deben ingresar al registro público las reuniones con privados que tienen lugar en un edificio público o en horario de trabajo. “Esto no aparece en ninguna parte de la ley ni de sus reglamentos”, critica Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

También ocurre que cuando las autoridades convocan a privados —con el fin de conocer una opinión técnica, por ejemplo— las reuniones por lo general no entran al registro de lobby, no habiendo cómo comprobar si se abordaron o no ahí temas de esa índole. Eso, a juicio de María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, “va en contra del espíritu de la ley”, por lo que se debería revisar.

“La evidencia está demostrando que el registro está siendo subutilizado por varias autoridades: no es posible ni concebible que una autoridad tenga 100 audiencias registradas en un mes y que otra tenga una, sabiendo que sus funciones son igual de críticas”, alerta Rodrigo Mora, director de transparencia y protección de datos de la Fundación Chile 21.

En paralelo, la abogada insta a dar un paso más allá y discutir la regulación de comunicaciones como correos electrónicos, llamadas telefónicas y whatsapps, las que no están dentro de la obligación de informar, abriendo un flanco de elusión. Estas sí están normadas en países como EEUU.

“Nadie está fiscalizando la calidad de la información reportada (...) Eso lleva a que tengamos una serie de datos erróneos, duplicados o inexactos”, apunta Precht.

Dado que si no es a través de una denuncia resulta difícil saber si alguien no registró una reunión, Jaraquemada sostiene que la fiscalización resulta compleja, sobre todo en un universo amplio a vigilar. Aunque la cifra es dinámica, actualmente unos 23.800 cargos están sujetos a la Ley del Lobby. La mayoría de ellos están en la administración central, pero la cantidad también incluye a municipios, órganos autónomos, empresas del Estado y poderes como el legislativo. Esa magnitud, cree Mora, dificulta un control eficiente, por lo que propone acotar a aquellos que efectivamente intervienen en las decisiones.

En ese afán de focalizar para facilitar la revisión recomienda que, en lugar de registrar todos los regalos recibidos —la mayoría son libros y revistas— se informen solo aquellos que superen 1 UTM. En cuanto a los viajes, precisa que la mayoría de los publicados son realizados en el ejercicio de las funciones públicas, como ir al Congreso.

“El sentido original de la ley era monitorear aquellos viajes pagados por terceros con el objeto de incentivar compras o generar el compromiso de normar de cierta manera. Por tanto, es necesario restringir la cantidad de viajes registrados para que estos tengan cierta relevancia para el control social”, comenta. Junto a ello cree que Contraloría debería tener control sobre todos los organismos, incluso los autónomos (hoy supervisa solo a la administración central). Jaraquemada considera que el Congreso debería crear una entidad independiente que los fiscalice y sancione.

Consultada sobre la existencia de sanciones, Contraloría informó a La Segunda que desde 2015 a la fecha ha realizado 192 acciones de fiscalización en las que surgieron observaciones asociadas a la Ley del Lobby. Hasta el momento, no se han cursado multas. Entre los principales entidades y servicios públicos fiscalizados hay 75 municipios, 16 hospitales, 9 servicios de salud, 9 subsecretarías y 7 seremías.

Los expertos también llaman a elevar las sanciones. Hoy, las multas establecidas en la Ley van de 10 a 30 UTM para quienes no informen en los plazos estipulados y de 20 a 50 UTM para quienes omitan contenido o incluyan “a sabiendas” antecedentes inexactos o falsos. Precht insiste en que el sistema sancionatorio vigente es “ineficiente e inoperable”.

“Se trata de una buena ley, pero que requiere ajustes”, concuerda Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT. Tanto para el organismo como para los especialistas, los privados que solicitan la gestión también deberían estar obligados a publicar. Hoy, el deber recae solo sobre la autoridad que los recibe.

En la legislación comparada, dice el libro del CPLT con la UC, se exige periódicamente que los lobbistas y gestores mantengan actualizada y a disposición del público información de relevancia en el ejercicio de su actividad. Por ejemplo, las autoridades con las que se han reunido, qué intereses han representado, quiénes se ven beneficiados, resultados esperados, etc. Por eso, los expertos locales proponen incorporar una norma que establezca obligaciones al respecto. Algunos opinan que podrían informar, por ejemplo, clientes y pagos por gestión.

Octavio del Favero, Coordinador de Incidencia de Ciudadanía Inteligente, afirma que junto con regular más estrictamente el lobby es importante avanzar en mecanismos de participación ciudadana, “incidentes y accesibles. Que den la oportunidad de influir a grupos amplios de la sociedad y no solo para aquellos que pueden pagar altas sumas de dinero”. Esto, con el fin de “emparejar la cancha” en el debate público.

Algo similar opina María Jaraquemada, quien ve falta de difusión y desconocimiento de la ley por parte de los ciudadano: “No todos saben de la posibilidad de solicitar una audiencia o reunión a través de esta ley”.

Del Favero recuerda que hoy no existen inhabilidades para ex funcionarios públicos que quieran ejercer actividades de gestión de intereses ni normas que regulen el paso de lobbistas al servicio público. Eso, dice, debiera ser regulado. Jaraquemada, del CPLT, enfatiza que el Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción del Consejo sugiere “un plazo prudente” —no recomienda temporalidad— en que ex autoridades y ex funcionarios no participen ni presten servicios de lobby o gestión de intereses en las industrias que estuvieron sujetos a su fiscalización, mediando una compensación por ello.

Mora cree además que una cierta cantidad de gestiones de lobby por persona o asistente a reuniones debiera redundar, además, en la prohibición de contribuir a futuras campañas políticas.