Con dos semanas de diferencia, dos de las principales empresas pesqueras de la Octava Región anunciaron el cierre de sus plantas procesadoras de jibia, tras la entrada en vigencia de la ley que prohibió la extracción de este recurso bajo el método de arrastre, dejando fuera de este segmento a los pescadores industriales.

El 9 de agosto, fue PacificBlu —ligada a las familias Sarquis, Santa Cruz y Stengel— la que anunció el cierre y despido de 367 trabajadores en Talcahuano, y hoy se sumó Pesquera Landes —ligada a la familia Fosk—, quien sostuvo que esta semana concretará el cese de las operaciones de su planta de jibia en la misma ciudad, con la desvinculación de 232 colaboradores.

“En 60 años de historia de nuestra compañía, el tsunami de 2010 y las leyes que está tramitando el Congreso, son las catástrofes más grandes que hemos tenido que enfrentar”, dijo Andrés Fosk, gerente general de la pesquera.

Pese a que la jibia representa un tercio de la operación de Landes, el ejecutivo dijo que la imposibilidad de abastecerse permanentemente de ella y de no poder usar sus propios barcos, implica incluso sacar “por ahora” uno de sus barcos del agua.

“Hicimos los análisis tomando en consideración los pocos días del mes que los artesanales jibieros pueden pescar para abastecernos y la incerteza de ese suministro, y simplemente los números no dan. No es posible tener una dotación permanente de trabajadores y una planta funcionando y tratar de honrar contratos con clientes nacionales y extranjeros”, enfatizó el ejecutivo.

En cuanto a la posibilidad de reconvertir los barcos industriales dedicados a la jibia en naves “poteras” (pesca con anzuelos), dijo que no se trata de un problema de inversión. “Es técnicamente inviable (...), las condiciones climáticas de nuestro país, con olas gigantes, no permite capturar la jibia a mano mar adentro. China, Perú y Corea, países que pescan con potera lo hacen con barcos factoría, procesan y congelan a bordo en buques factorías, naves que en Chile la legislación pesquera prohíbe pues se privilegia el trabajo de las plantas en tierra”.

Por eso Fosk cree que volver a levantarse en esta área de negocio es una posibilidad “muy incierta”. Principalmente por el “ánimo demoledor de los parlamentarios en contra de la pesca industrial y un gobierno que deja avanzar los cambios a las reglas del juego sin control”.

Describió que lo que está ocurriendo en el Parlamento es “un golpe demasiado grande” para la Región del Biobío, para la confianza empresarial y las certezas mínimas para invertir. “En el Congreso se están tramitando 19 mociones parlamentarias inconstitucionales, que además de ser ilegales, no tienen el mínimo respaldo técnico y terminarán ocasionando lo que nuestra empresa está comenzando a vivir con el cierre de operaciones. Es realmente doloroso ver cómo se sacrifican industrias de manera irresponsable”, se lamentó.

Con el ingreso la semana pasada de otra moción parlamentaria para prohibir la pesca de arrastre en la merluza, a juicio de Fosk queda en evidencia la ruta que está siguiendo el Congreso: “el cierre de la pesca industrial tal como la conocemos y cuyo efecto serán más de 8 mil cesantes a lo largo de Chile”.

Sobre el Gobierno dijo que “es francamente sorprendente que un gobierno que insiste en establecer una ruta de crecimiento y generar mayor competitividad no de señales claras para terminar con los proyectos inconstitucionales y sin argumentos técnicos que hoy inundan la discusión política en el Congreso. Es urgente que el país regrese a la senda de estabilidad y las reglas claras que permitan retomar la inversión, la seguridad jurídica y el reimpulso de la economía”, alegó.

Somos más de 19,1 millones en Chile, según la proyección del INE. Y casi 4,6 millones tenía al menos una deuda impaga al cierre del segundo trimestre. Si nos centramos solo en los mayores de 18 años, equivale al 34,4%, es decir, uno de cada tres adultos en el país. Sólo un 3% son extranjeros.

Y peor aún, el monto de los créditos morosos no se reduce, sino al revés. Creció 12,1% desde $1,621 millones a $1,82 millones entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019.

Así se desprende del último informe de Deuda Morosa que prepara la Universidad San Sebastián y Equifax, y que advierte respecto a las cifras en la tercera edad, dado que el tramo etario donde el número de morosos ha aumentado más es en los mayores de 60 años con un 7% y el monto de la deuda en quienes tienen más de 70 años subió 15,1%.

“Debemos hacernos cargo de nuestros adultos mayores, no solo con educación financiera y acompañamiento, sino con mejoras reales en sus pensiones y en beneficios que bajen su carga financiera”, pidió el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, Sergio Mena.

Otras advertencias se focalizaron en las regiones donde ha aumentado más la deuda morosa promedio. En Antofagasta, por ejemplo, aumentó 17% a $2,59 millones, en Tarapacá se elevó 12% a $2,08 millones, y en la Región Metropolitana aumentó 13% a $2,07 millones.

La única buena noticia que mostró el informe fue que la tasa de crecimiento en el número de morosos se desaceleró. Llegó a 2,3% en junio de 2019, la más baja en cinco años, frente al 2,8% del año pasado.

El número total de personas con deudas morosas corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas en el registro de Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día del mes considerado.