En “El hombre sin atributos”, la novela de Robert Musil, su personaje Clarisse señala: “La gran villanía de hoy no consiste en cometerla, sino en despreocuparse de ella; esta crece en el vacío”. Algo de eso es lo que ha sucedido tras las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez, la cual, como una manera de contrarrestar los anuncios de una acusación constitucional del Partido Socialista contra la ministra de Educación, afirmó que esta acción tenía por finalidad eludir las explicaciones que dicho partido debía ofrecer por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. El Presidente de la República apoyó esas palabras.

Las expresiones de la ministra Pérez fueron groseras y se apartan del principio de objetividad que se exige a los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Ello explica la reacción de la oposición, la cual, en señal de protesta, ha impedido que subsecretarios y asesores ingresen a las comisiones del Congreso. Hasta ahí, el debate no es más que un asunto propio de las contingencias de la política.

Sin embargo, un grupo de senadores de oposición decidió transformar esas chapuceras palabras en un problema legal, presentando una denuncia en el Ministerio Público porque la ministra Pérez habría omitido su deber de denunciar los ilícitos que enunciaba. Ello es confundir los incómodos ámbitos que genera el debate público, el que incluso debe aceptar groserías y tergiversaciones para contrastarlos con la certeza de los hechos, con los formalismos que impone el sistema penal.

Un sistema democrático razonable debe ser capaz de canalizar en los espacios de la política aquellos debates y reproches que forman parte de las inevitables adversidades que la competencia democrática provoca, aun en casos perturbadores, para así incidir en la agenda pública y obtener el favor de los votantes. Pero cuando la política sobrepasa esos límites, y entrega la capacidad de decisión de esos asuntos a los fiscales, al contralor o a los jueces, no solo tensiona a esas instituciones, empujándolas a resolver controversias que les son ajenas. También termina construyendo la necesidad de una especie de superhéroes, esos personajes que, al amparo de una ciudad corrupta, pueden barrer con los políticos porque solo importa la policía de la rectitud.

Resulta conveniente no olvidar que cuando la política pierde sus atributos para resolver las contingencias del debate público, permite que en el vacío crezcan quienes, bajo simples lealtades formales a la democracia, promueven idearios absolutos que no toleran la diversidad. Y la historia nos ha enseñado que, cuando nos damos cuenta de eso, ya es demasiado tarde. Porque, tal como señala la Clarisse de Musil, “la despreocupación es diez veces más peligrosa que la acción”.

Cuando nos proponemos enfrentar la delincuencia debemos considerar que se trata de un fenómeno en constante evolución, frente al cual tenemos que generar respuestas cada vez más innovadoras. En ello, el uso de la tecnología es fundamental.

Pero no hasta hace mucho, el empleo de estos dispositivos era una excepción en nuestro país, y aún existe una gran brecha entre las comunas que pueden acceder a ellos. Es por eso que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del Programa Calle Segura, ha apostado por cerrar esta brecha y dotar de más y mejor tecnología a las comunas que más lo requieren. Se trata de un plan ambicioso, que contempla la instalación de mil puntos de cámaras de alta definición; la puesta en funcionamiento de 30 pórticos lectores de patentes y la expansión del sistema de drones de televigilancia móvil, que en la actualidad funciona en las regiones Metropolitana y de Antofagasta. También dispondremos de una aplicación para que las instituciones públicas y, cualquier ciudadano, puedan detectar en línea vehículos con encargo por robo.

Es claro, no obstante, que la tecnología avanza a pasos agigantados. Por lo mismo, junto con el esfuerzo que estamos realizando como Estado, es necesario que el mundo privado comprenda que debe cumplir un rol clave si queremos estar a la vanguardia como país en esta materia. En este sentido, la feria Seguridad Expo 2019, que tendrá lugar a partir de este 27 de agosto, es una tremenda oportunidad para conocer los nuevos dispositivos que se están usando alrededor del mundo para enfrentar el delito, así como para analizar los desafíos que nos esperan en el futuro próximo, como la expansión del cibercrimen.

En total, serán más de 500 empresas y un completo panel de expertos los encargados de mostrarnos los últimos desarrollos para la seguridad pública y privada, pero, sobre todo, para proteger a las personas. Y es esta, precisamente, la meta que debe perseguir el uso de la tecnología a gran escala: lograr que cada familia, sin importar de qué comuna proviene, pueda vivir con tranquilidad y gozar de espacios públicos libres de delitos. En definitiva, democratizar como nunca antes nuestra política de seguridad, para llegar a lugares donde antes no llegábamos y aportar soluciones donde sean más necesarias.

Recientemente se dio a conocer una auditoría a la Dirección de Educación Pública y a diversos Servicios Locales de Educación. El resultado: en el servicio local de Huasco se detectaron giros de dinero por más de $400 millones, correspondientes a diversas subvenciones estatales, entre ellas, la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Estos recursos públicos fueron a parar a cuentas corrientes personales de funcionarios, y luego se les perdió el rastro.

Por ello urge que el Gobierno cumpla su promesa de modificar la legislación. En enero y en junio, tanto la ministra Cubillos como el Presidente Piñera anunciaron que se ingresaría un proyecto de ley para modificar la normativa que rige la SEP. Pero, hasta ahora, no hay indicios de su envío al Congreso. Si lo que se busca es mejorar la calidad de la educación escolar y evitar que los dineros se sigan perdiendo o mal utilizando, esta discusión no se debe postergar.

En sus primeros diez años de implementación, la SEP deja cifras buenas y otras preocupantes. Por un lado, son indiscutibles las positivas evaluaciones de su impacto. Un reporte del Centro de Políticas Públicas UC sobre la gestión y uso de estos recursos refleja el continuo fortalecimiento de esta política que, entre 2008 y 2017, ha aumentado significativamente su cobertura y el monto entregado por estudiante. Hoy la SEP beneficia hasta el 80% de los alumnos más vulnerables y es la segunda fuente de financiamiento más importante para las escuelas.

Sin embargo, esto contrasta con una preocupante baja ejecución de los recursos que se entregan. De acuerdo con las estimaciones realizadas, de todos los ingresos que se han otorgado a los sostenedores en ese período solo se ha utilizado el 66%. Existiría un saldo de más de $435 mil millones de pesos, que deberían estar en las cuentas corrientes de los sostenedores. No obstante, más de $196 mil millones —el 45% de estos saldos— no han sido acreditados por estos; es decir, los dineros se utilizaron en otros fines, quizá educativos o quizá improcedentes, pero no ajustados al objetivo para el que fueron otorgados.

Si los fondos que entrega el Estado para mejorar la calidad educativa de los estudiantes más vulnerables se acumulan en las cuentas corrientes de los sostenedores, se pierde el control y la visibilidad de estos dineros. El Mineduc tiene la facultad de pedir la restitución de estos recursos, pero hasta el momento ha optado por determinar que estos fondos pasen a formar parte de los ingresos SEP de los que disponen las escuelas.

Tras una década, es hora de discutir el mecanismo más adecuado para ejecutar estos saldos: a qué fines deben destinarse y en qué plazo. Luego, lo correcto sería que el cambio de ley contemple que los recursos no utilizados sean restituidos al Mineduc, evitando así replicar situaciones como la ocurrida en Huasco.