El pasado martes 6 de agosto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ingresó a trámite legislativo el proyecto de ley de roaming nacional automático, que aunque pasó un poco desapercibido, ya está generando ciertas presiones entre las empresas y el gobierno.

La iniciativa busca que los usuarios de una empresa de telefonía móvil que no tiene señal en un sector del país puedan conectarse automáticamente a las redes de otras empresas que sí tengan cobertura en ese lugar. Esto funcionaría especialmente en sectores rurales, donde la industria de telecomunicaciones tiene poco incentivo económico para invertir porque hay poca concentración de clientes.

El proyecto es importante para la Subtel , ya que sigue los lineamientos que le dio el Presidente Sebastián Piñera, de trabajar en temas de telecomunicaciones que tengan efectos directos y tangibles en las personas.

“Con este proyecto, generaremos mayor competencia y lograremos que nunca más los usuarios de telecomunicaciones tengan que tener dos o tres chips para poder llamar por teléfono o conectarse a internet”, comenta la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

En Chile, son muchas las localidades que son atendidas por una sola compañía. Según el gobierno, más de 2.500 localidades tienen un solo operador para cobertura de una tecnología específica, como 2G o 3G. Y para 4G, son 700 los lugares que tienen solo una opción. “El roaming automático nacional permitiría introducir competencia en aquellas zonas aisladas”, explica el proyecto.

Pero podría no ser tan fácil su tramitación. El pasado miércoles, el proyecto fue discutido en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, donde también las empresas de la industria fueron invitadas para dar su opinión.

Ahí se generó un momento tenso cuando el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya, aseguró que la empresa no podría aplicar el roaming nacional si la Subtel no les entregaba mayor flexibilidad en otro tema caliente que hay en el sector: el fallo de la Corte Suprema del año pasado que obliga a las tres grandes telefónicas a devolver espectro radioeléctrico, y que hoy tiene a la industria en ascuas.

“Si sumamos a todo esto lo del roaming nacional automático, es imposible. Las antenas ya estarán con tráfico saturado, así que partiríamos con menos capacidad”, expuso Araya.

Según Entel, tener que cumplir con el plazo de 11 meses que le quedan a las empresas para devolver el espectro significa una importante inversión para sostener su mismo tráfico con menos recursos. “Necesitamos instalar 1.800 sitios nuevos y reacondicionar otros”, dice Araya.

Los mismos reparos tiene Movistar, aunque el director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos de Movistar Chile, Fernando Saiz, aseguró en la comisión: “Vamos a cumplir a cabalidad lo que dijo la corte y la Subtel, según su cronograma. Son inversiones cuantiosas que estamos comprometidos a llevar a cabo”.

Pero Movistar también le pone presión a la autoridad. “Durante este gobierno teníamos un plan de llegar a la mayoría de los hogares del país con fibra óptica. Pero con la inversión necesaria por este tema, tendremos que tachar 24 comunas. Quedará entonces para un futuro gobierno”, señaló Saiz.

A su vez, a la tercera grande, Claro, que se ve beneficiada por tener menos cobertura que Entel y Movistar, le gusta la idea: “El roaming es indispensable para el desarrollo económico principalmente en zonas extremas”, dijo Alfonso Emperanza, su director de Mercado Residencial.

Según el proyecto, también se considera que las empresas que hagan uso del roaming nacional deberán pagar una tarifa a aquellas compañías que les “presten” sus antenas donde las primeras no tengan cobertura. Dichos montos se definirán en un reglamento, pero ya se prevé conflicto.

“Es utilizado (el roaming nacional automático) en diversos países del mundo, con distintos grados de éxito. De parte de los operadores se enfrenta resistencia puesto que se trata justamente de posibles competidores y de compartir sus cuotas de mercado”, se lee en la iniciativa.

Hoy la mayor proveedora de este tipo de servicios es Movistar, de cuyas antenas hacen uso empresas como WOM y VTR a través de acuerdos comerciales privados. Los valores de estos contratos anuales pueden superar los U$10 millones, comentan expertos.

“Cuánto tendrán que pagar es una preocupación para las empresas pequeñas que miran este proyecto. ¿Qué pasa si las cifras son muy altas? Las firmas tendrían costos difíciles de predecir todos los meses por clientes que podrían ir a zonas donde no tienen cobertura”, explica el consultor de Alfa Centauro, Óscar Cabello.

En el espectro político, el proyecto cuenta con apoyo transversal. La idea de legislar el proyecto de roaming automático nacional fue aprobada unánimemente en la Comisión de Tranporte y Telecomunicaciones del Senado, integrada por Francisco Chahuán (RN), Alejandro García-Huidobro (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Jorge Pizarro (DC) y el independiente Jorge Soria.

Otro opositor, el senador Alejandro Guillier, también apoya la idea: “Contribuye al desarrollo equitativo de los los territorios en una economía que se digitaliza y por cierto estoy disponible a colaborar si el gobierno pone las urgencias necesarias para avanzar”.