Guillermo Harding

El socio de Cruz Verde que no se cansa de pelear en tribunales

Inició una batalla legal contra Femsa, a la que en 2015 le vendió el control de la cadena. Batió un record en la colusión de las farmacias: contrató a 21 abogados y litigó tres años.

Por Ximena Pérez Villamil

De vuelta en los tribunales está Guillermo Harding Alvarado. El empresario viñamarino —ingeniero civil mecánico de la U. Federico Santa María, 67— se enemistó con Femsa, la licenciataria mexicana de Coca Cola, a la que en 2015 le vendió un 60% de Socofar, la matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde, en unos US$500 millones. El 40% que aún conserva el chileno es el origen de la discordia.

Contrincante de peso, capaz de contratar a un batallón de abogados y litigar por años, la mejor prueba fue lo ocurrido con la colusión de las farmacias para subir los precios de 222 remedios.

En tres años Cruz Verde presentó siete recursos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las cortes de Apelaciones y Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Contrató 21 abogados y no ganó ni un solo fallo. Cuando, al inicio, el presidente del TDLC, Eduardo Jara, les preguntó a los abogados de SalcoBrand y Cruz Verde si querían conciliar, recibió un no tajante. Quien entregó la negativa por Cruz Verde fue Pedro Mattar, el mismo que siendo fiscal nacional económico investigó cuatro años antes —en 2005— si los contratos de Socofar con sus franquiciados eran anticompetitivos y elevó una consulta al TDLC.

La sospecha de Mattar hace 14 años tenía sustento: en los últimos tres meses los franquiciados Lorena Ampuero y la sociedad de Jaime Pimentel e Italo Gentili, que operan 13 locales Cruz Verde, presentaron dos demandas por conductas abusivas en contra de Socofar ante el TDLC. Denuncian que están obligados a comprar el stock que la distribuidora Socofar les vende y a precios mayores a los que compran los locales propios de Cruz Verde, que los pagos a través de Transbank los reciben con un desfase de hasta 30 días, entre muchos otros puntos. De los 700 locales de la cadena de farmacias, 154 son franquiciados.

En libre competencia, Cruz Verde acumula un largo expediente: multada con $20 millones en la primera colusión de las farmacias en 1995 por la Comisión Resolutiva Antimonopolios, antecesora del TDLC, con el voto favorable de Pedro Mattar. Condenada en Colombia con el equivalente a $260 millones por vender remedios por sobre los precios máximos fijados por el gobierno. Y en Costa Rica, la cadena Cefa, que la chilena controló con un grupo local hasta 2015, fue condenada a pagar $9.900 millones (US$15 millones) por vender en sus locales remedios a precios inferiores que a mayorista.

Pelea con el hermano y ahora con Femsa

Poco queda de la empresa familiar, fundada por el patriarca Guillermo Harding Estay, a partir de una farmacia llamada Munich en Valparaíso en 1949, y de Socofar, una distribuidora de remedios creada junto a otros químicos farmacéuticos en 1954, a los que, más tarde, les compró.

Sus hijos Guillermo y Juan Carlos Harding Alvarado (ingeniero civil de la UC, 65) terminaron peleados y separando aguas en 2009. Guillermo le habría exigido a su hermano menor salir del negocio y la entrada de la tercera generación —cada uno es padre de cuatro hijos— complicó más la relación.

Juan Carlos tenía un 28% de la matriz Socofar, dueña también del laboratorio de genéricos Mintlab y la Droguería Munich. que terminó vendiéndole a su hermano mayor.

Con la entrada de Femsa a la propiedad de Socofar hace cuatro años, Guillermo Harding conservó el 40% y la presidencia del directorio, pero el afecto societario se acabó.

Las partes están a la espera de la designación de un tercer árbitro que se sume a Enrique Barros por Harding y Alberto Lyon por Femsa para dirimir las diferencias. El chileno acusa incumpliento del pacto de accionistas por uso de información para negocios distintos a Socofar y pide una multa de US$60 millones.

La mexicana retruca que si compró el 60% fue para tener derecho a información, no solo financiera, sino también de las filiales y acudió a otro arbitraje porque Harding declaró como activos US$3 millones en cuentas por cobrar de la filial Oncovida, la mayor red oncológica del país, que no eran tales. Cada parte interpreta el resultado del arbitraje a su favor.

Femsa asegura que las acciones legales de su socio minoritario que incluyen una medida prejudicial precautoria tienen como fin mejorar su posición negociadora. El 11 de abril Harding informó que haría uso del derecho de venta del 40% que posee.