La iniciativa de las 40 horas evidencia la manera deficitaria en la que se viene dando el debate político en Chile durante la última década. A un lado, hay una izquierda que opera con astucia política, sin reparar suficientemente en los costos económicos de sus propuestas. Karol Cariola se daba el lujo de confesar en pantalla que no sabía qué consecuencias económicas tendría la iniciativa de las 40 horas: “Mentiría si dijera que en este momento tenemos un estudio de impacto absoluto de lo que va a significar para el país… cuántos empleos se van a cerrar o se van a abrir”. Si para las grandes empresas se trata de un asunto casi de organización, para las pequeñas puede tener resultados nefastos, con el cierre masivo de puestos de trabajo.

Al frente, sin embargo, se manifiesta lo que han venido siendo las derechas. Aparecieron los recalcitrantes del economicismo, desentendidos de la vida concreta de los trabajadores, que no están dispuestos a ceder nada en virtud de sus cálculos de eficiencia, cuando no de sus contubernios con los económicamente poderosos. Los sectores más moderados reaccionaron entre desordenados y oportunistas.

Se sabía que el tema laboral es delicado, pues existe en la ciudadanía la sospecha de que hay sectores en la derecha que defienden intereses empresariales. Se sabía que la estrecha segunda vuelta entre Lagos y Lavín se perdió por una reforma laboral. Se sabía que asuntos como el laboral pueden desencadenar procesos sociales que acaban siendo funestos para el Gobierno (piénsese en las movilizaciones de 2011). ¿Por qué, entonces, la pausa y la imprevisión en un proyecto de tales alcance y riesgo?

Pensamiento político, consciencia territorial, noción de desarrollo integral, lucidez republicana sobre el tipo de instituciones que es menester fortalecer y configurar, capacidades retóricas para entrar con prestancia en el debate público con la izquierda y darle cauce y expresión adecuada a las pulsiones y anhelos populares, solo de esas maneras se logra contar con el aplomo para otorgarle dirección al gobierno y formar opinión política.

Algo así es difícil para un sector que fue hegemonizado por ingenieros comerciales admiradores de Chicago. Pero ya se debieran conocer los límites de ese tipo restrictivo de pensamiento económico. Allende el asunto de las 40 horas, al Gobierno se le venía acabando la energía junto con la guerra comercial y un modelo productivo que muestra sus límites. En el momento de las crisis, es oportuno reflexionar sobre cuentas largas. Es el instante para pensar en consensos con los sectores moderados de la oposición para prepararse ante los desafíos de las próximas décadas. Para pensar políticamente y poner el acento en reformas políticas. Con esa altura de mirada, la encuesta del lunes y las improvisaciones de diputadas comunistas quedarían donde deben: en lo anecdótico.

La semana pasada, un grupo de investigadores reportó haber detectado una importante filtración de datos. Un archivo con información de 14 millones de chilenos apareció en un repositorio en línea; incluyendo el nombre, RUT, domicilio, género y edad de los afectados.

Al investigar la fuente de la filtración llegaron a la conclusión de que el Servicio Electoral (Servel) estaba almacenando esta información sin las debidas medidas de seguridad. Lo que no sabían es que la información se publicó intencionalmente, porque la misma ley obliga al Servel a subir el padrón electoral a internet.

Para los estadounidenses parecía claro que debía tratarse de un error. La sola idea de poder conseguir el número de seguridad social (equivalente a nuestro RUT) de millones de personas sería un escándalo de proporciones en su país. Sin embargo, en Chile lo tenemos completamente naturalizado.

Como sociedad, no le hemos tomado el peso al hecho de que —para todos los efectos prácticos— el RUT, nombre y dirección de todos los chilenos es un dato público. Hoy cualquier base de datos que se quiera construir para perfilar usuarios, cruzar información o generar listas negras tiene como base los datos facilitados por el Servel.

La justificación para publicar el padrón es que exista una adecuada fiscalización por parte de la ciudadanía. Sin embargo, esto no implica que los datos personales de todos los habitantes del país tengan que publicarse en línea.

Otros mecanismos de fiscalización del padrón pueden alcanzar el mismo objetivo sin vulnerar los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, se puede entregar acceso a partidos políticos, investigadores o ciudadanos interesados, pero exclusivamente en una red cerrada en las dependencias del Servel, o se pueden entregar en formatos que no permitan su procesamiento masivo.

No enmendar el rumbo en esta materia puede tener gravísimas consecuencias en términos de ciberseguridad y protección de datos personales. El mundo está entrando en la era del big data, la inteligencia artificial y tratamiento algorítmico de bases de datos. Este futuro nos encontrará mal preparados si lo recibimos con la mentalidad de que un país entero tiene que vivir en una casa de cristal.

No es exagerado decir que la llegada de Teodoro Ribera le devolvió el tono republicano a la Cancillería. Sin embargo, aún no se logra percibir algo así como una visión de conjunto en materia internacional. El problema no consiste tanto en ciertas definiciones específicas adoptadas en este ámbito, como en el hecho de que ellas no dialogan entre sí.

Veamos un ejemplo reciente. Hace pocos meses, Chile y otros cuatro países enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordándole la necesidad de respetar la legítima autonomía de cada Estado. Motivos no faltaban para esta iniciativa. Existe una progresiva tendencia a confundir —o derechamente ignorar— el contenido de lo efectivamente acordado en tratados ratificados y vigentes, con interpretaciones extensivas, no vinculantes e inflacionarias de los mismos. Tal confusión desacredita el sistema internacional de DD.HH. y afecta la deliberación democrática, el estado de derecho y la soberanía de cada país. Esto es precisamente lo que justificaba la misiva a la Comisión.

Pero con su apoyo al protocolo facultativo Cedaw, que se tramita en el Senado, La Moneda borró con el codo lo escrito antes con la mano. Si antes reivindicaba la autonomía de cada país, ahora legitima al comité Cedaw, una burocracia cuasi jurisdiccional que se caracteriza por impulsar políticas muy determinadas. Aunque no hay tratados vinculantes que respalden su agenda, este comité —basta leer sus informes— con frecuencia insta a dictar o modificar leyes, invalidar sentencias, etc. Y como se ha instalado que sería el intérprete oficial en cuanto a los derechos de la mujer, la viabilidad de resistirse a sus “recomendaciones” tiende a cero.

Las preguntas, entonces, son inevitables: ¿dónde quedó la democracia, dónde el estado de derecho, dónde la soberanía previamente reivindicadas? ¿Cómo justificar un cambio de criterio tan abrupto? ¿Qué tipo de coherencia guardan estas decisiones entre sí?

Por desgracia, este tipo de dificultades e inconsistencias no son nuevas. Si en algún minuto se abrazó la retórica de la ONU —migración ordenada, segura y regular—, a última hora se decidió no adherir al Pacto de Marrakech; si a Nicolás Maduro se lo condena por ser un dictador, en China “cada uno tiene el sistema político que quiera darse”; y si en un momento se buscó liderar la ayuda humanitaria a Venezuela, al punto de que el presidente viajó a Cúcuta, la polémica en Chacalluta puso en tela de juicio el compromiso con ese país.

En una entrevista dominical, Álvaro Vargas Llosa decía que, “para el Presidente Piñera, la política exterior es una forma de darle proyección a su gobierno”. Lo menos que uno puede preguntarse, dado el panorama descrito, es en qué consiste realmente esa proyección.