Empresas CMPC, controlada por la familia Matte, anunció esta mañana que acordó la compra de la compañía brasileña Sepac Ltda., dedicada a la elaboración de productos de papel tissue, en unos US$332 millones.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión Financiera (CMF), CMPC señaló que la operación la realizará su filial Softys —ex CMPC Tissue— y se concretaría en un plazo de 120 días.

Sepac opera hace 45 años en Brasil (Estado de Paraná). En sus inicios se enfocó en el negocio forestal para luego derivar a la producción de papel tissue (papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañales desechables) con las marcas Duetto, Paloma, Stylus, Baby Boo y Maxim, alcanzando ventas estimadas en US$200 millones al año.

“Se trata de una operación muy relevante y coherente con nuestro objetivo de crecer en mercados con alto potencial de desarrollo para el negocio tissue, como es el caso de Brasil”, señaló el gerente general de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

El gerente general de Softys, Gonzalo Darraidou, agregó que “Sepac constituye un excelente complemento para las actuales operaciones de Softys Brasil, considerando, por ejemplo, su importante presencia en el sur de ese país y su diversificada cartera de clientes”.

Con esta operación, que está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, la filial de CMPC en ese país alcanzará una capacidad de producción de 280 mil toneladas anuales de productos tissue, duplicando su producción actual (145 mil toneladas anuales) y transformándose en el mayor productor de ese mercado.

Softys opera en Brasil desde 2009 y comercializa las marcas Elite, Sublime, Babysec y Ladysoft, entre las principales. La compañía también tiene operaciones en Chile, Perú, Argentina, México y Uruguay.

Hasta el cierre de esta edición, la acción de CMPC en la bolsa subía 1,15%.

Pese a la oposición de vecinos de la zona de Lo Curro, que solicitaban mayores medidas de mitigación, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, presidida por la intendenta Karla Rubilar, aprobó ambientalmente el Conjunto Armónico Portezuelo.

La iniciativa, propiedad de la empresa PyG Larraín, busca invertir US$250 millones en la construcción de 15 edificios, desagregados en nueve torres habitacionales y seis edificios destinados a apart hoteles, en un terreno de 10,7 hectáreas.

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la construcción de todo el complejo se desarrollará en un período de 14 años.

El proyecto se ubica al oriente de la intersección de Av. Santa María con la calle El Crepúsculo, específicamente en Av. Santa Teresa de Los Andes. Y si bien la iniciativacuenta con un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado en 2017, agrupaciones vecinales aseguran que las mitigaciones propuestas por la empresa en el sector serían insuficientes, generando “un colapso vial” en Av. Santa María y en sus calles laterales.

La semana pasada se dieron a conocer las cifras sobre denuncias de acoso por parte de la Dirección del Trabajo (DT), confirmando el alza sistemática observada en el último tiempo. Las denuncias por acoso sexual aumentaron un 31% y las relacionadas con acoso laboral un 14% durante el primer semestre del 2019. Durante 2018 se presentaron 500 denuncias por acoso sexual y 3.100 por vulneración de derechos fundamentales, terminando sobre 1.000 de estos casos en multas y sanciones. Es decir, el 27% de las denuncias ante la DT terminan en costos económicos para las empresas.

El Código del Trabajo establece diferentes canales para hacer una denuncia de acoso: la empresa, la DT y acciones legales. En el caso que el acoso sea probado la empresa puede ser sancionada con multas pues ante la ley si el acosador(a) es gerente, la responsable es la compañía. En caso que la persona denunciante decida ir a tribunales mediante una acción de tutela por vulneración de los derechos fundamentales, y la pretensión sea acogida, la empresa debe poner cese de inmediato al acoso, tomar las medidas reparatorias necesarias y pagar las indemnizaciones que correspondan.

Es relevante entender que los casos de acoso, que son una realidad innegable en Chile, afectan la dignidad de las personas y además son un riesgo financiero, en especial en casos de neglicencia. Es difícil que una empresa está libre personas que puedan a ser acosadores, pero sí pueden tener regalas claras, protocolos, procedimientos y sanciones específicas. Hoy es fundamental focalizarse en la prevención, para garantizar tanto la dignidad de las personas como la estabilidad financiera de las empresas.

La cadena de tiendas por departamento Barneys New York solicitó hoy su bancarrota con la idea de cerrar la mayoría de sus tiendas y buscar un salvataje financiero. Por ahora aseguró US$75 millones para cumplir con una serie de compromisos financieros.

El plan de reestructuración —gatillado por la caída de las ventas minoristas y el alza de los arriendos comerciales en Estados Unidos— contempla que la compañía cierre operaciones en 15 ciudades entre ellas Chicago, Las Vegas y Seattle y continúe operando siete locales, incluida su icónica tienda de Manhattan.

En 1996 Barneys ya se había declarado en bancarrota, lo que significó el cierre de varias de sus tiendas en el país del norte, Japón y Singapur y la salida de su propiedad de sus fundadores, la familia Pressman.