Compra frutas y verduras en la feria; juega a la pelota en la liga universitaria de La Reina; no se pierde los partidos del Colo Colo, equipo del que Nelson Caucoto se declara hincha; compra él mismo los mariscos que se cocinan en su casa en el barrio de El Llano en San Miguel. Esta es la rutina de este abogado de Derechos Humanos, el rito que ha practicado cada fin de semana, a lo largo de décadas, como su método para escapar del horror y desconectarse. “No queda otra. En esta pega tienes que desenchufarte o estás jodido; es un trabajo demasiado fuerte y si te quedas pegado, no resistes”, argumenta uno de los fundadores de la Vicaría de la Solidaridad, que jugó un papel clave para denunciar y perseguir a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Sobre su escritorio hay apilados varios de los casos emblemáticos que le ha tocado asumir a lo largo de su trayectoria: Pisagua, Degollados, se lee entre rumas de hojas gastadas. “La historia de nuestro país se puede contar a través de los expedientes judiciales”. Claro que este mueble no alcanza para reunir las más de 200 querellas en las que ha sido litigante, por décadas en el rol de perdedor, curtido por las constantes derrotas, en las que debía volver a apelar, hasta conseguir una sentencia “más o menos favorable”.

“Hay que soportar tantos portazos... Si un ingeniero comercial hiciera un balance de las ganancias y pérdidas que tenemos los abogados de DD.HH., ¿qué diría?: “Esta empresa está quebrada, no sirve”. En cambio nosotros, si bien sabemos que estamos al debe, lo apostamos todo por seguir. En 1998, en plena democracia, alegaba en la Corte Suprema todos los días, y todos los días perdía 6-0, contando al auditor del Ejército. Así fue por años. Era una derrota constante. ¡Me acostumbré a perder!

—¿Y eso cómo influye en el estado de ánimo?

—Afecta, ¡por supuesto! Pero a la larga sabes que tienes la razón y hay que seguir no más. Se necesita cuero duro para ser abogado de DD.HH.

A Caucoto, hombre rudo, nacido y criado en el campamento salitrero Alianza, al interior de Iquique, y educado luego en la Universidad de Concepción, le cuesta reconocer que ha llorado. “Me he emocionado”, prefiere decir. Menciona el caso de Carlos, el niño Fariña, quien a sus 13 años se transformó en la víctima más joven asesinada en dictadura. “Estuvo desaparecido por casi treinta años (sus osamentas fueron encontradas en 2003). Su madre era una mujer humilde, analfabeta, minusválida, pobre entre los pobres, y sin embargo recorrió todos los lugares buscando a su hijo; fue al Estadio Nacional, al cerro Chena, el Estadio Chile, las comisarías. Hizo todo lo que pudo y murió sin saber de su paradero. Cuando al fin se hizo justicia (en 2006, con el procesamiento de Enrique Sandoval, quien trabajaba en ese momento como jefe en de seguridad de la Municipalidad de Providencia, entonces liderada por Cristián Labbé), les hablé a los ministros de la sala de esta gran mujer, de mi tristeza al ver que la causa terminaba y que ella no estuviese ahí… ‘Creo que ella está en el aire, en cada rincón de esta sala, viendo que al fin se hará justicia para su hijo', dije. Los ministros se emocionaron y yo también”.

El hombre que junto a otras figuras de la Vicaría trabajó por consignar ante la Justicia cada una de las desapariciones, las muertes y torturas ocurridas durante el régimen militar, da cuenta de un dato insospechado: “En Argentina o Perú, a los tipos como nosotros los mataban, pero mentiría si dijera que alguna vez recibí una amenaza; creo que a Roberto Garretón y Héctor Salazar les tiraron una cabeza de chanco a su casa; y José Zalaquett y Hernán Montealegre fueron detenidos, pero no hubo una afección a la integridad física ni estuvo en peligro nuestra vida. Me parece que Pinochet nos subestimó.

—En la Vicaría jugó un rol de liderazgo Cristián Precht, sacerdote expulsado hace un año por el Vaticano. ¿Cómo fue para usted ver su caída, desde ser un símbolo de la lucha contra la dictadura a estar en el banquillo de los abusadores?

—Fuertísimo. No creo que haya existido alguien tan importante en la Vicaría de la Solidaridad. Era nuestro referente. Nadie se lo imaginó; al contrario, creo que estaba en la mira de varias niñas y funcionarias que lo encontraban un hombre interesante. Pero él se mostraba como una persona seria, intachable… Era tal su proyección que pensaba que iba a ser el jefe de la Iglesia chilena.

Toma un poco de agua y agrega:

—Me duele, porque veo que hoy los jóvenes conocen a una iglesia en crisis a raíz de todos los abusos terribles que se han ido conociendo, en Chile y a nivel mundial. Me preocupa que trasladen esta visión a la iglesia de la dictadura y a la lucha que se dio ahí, que lo metan todo en un mismo saco. Porque no hay otro país en el mundo que haya tenido un episcopado como el nuestro. Los obispos eran una verdadera selección a favor de los DD.HH. ¡y eso no lo vamos a tener nunca más!

—La nueva generación política de izquierda hoy cuestiona el proceso de transición. ¿Qué le parece?

—Me parece pretencioso. No me gustan estos nuevos líderes que piensan que la historia comenzó con ellos. Por supuesto que muchos tenemos críticas con respecto a la transición, pero estos jóvenes ni siquiera la vivieron.

—¿Se pudo avanzar más en los primeros tiempos de democracia?

—A medida que pasan los años uno se va dando cuenta de que probablemente fuimos engañados: se nos hizo creer que habría espacio para la justicia y la verdad, pero fue un chantaje. Se nos pidió que bajáramos los brazos y no metiéramos bulla, pero pasaron siete años de una impunidad desatada. En 1996 empecé a llevar las denuncias ante la Comisión Interamericana de DD.HH.; nos transformamos en litigantes habituales, y logramos cuatro resoluciones que señalaron que Chile no puede aplicar la amnistía. Mi mayor alegría es que los lores mandaron a buscar los expedientes para el juicio de amparo de Pinochet en Londres. Ese fue nuestro aporte.

Caucoto señala que recién en 2000, con la mesa de diálogo (“que fue muy criticada porque se pensó que era para perpetuar la impunidad”), se designaron jueces con dedicación exclusiva quienes entre 2000 y 2003 lograron enjuiciar a 400 agentes del Estado. “Una cifra inaudita tras 27 años sin ningún procesamiento. Ese fue el momento de mayor verdad, con el más alto número de confesiones. Las condenas fueron “risibles”, pero… ¿quiere que le diga algo?”.

Mirando fijo, admite:

—Me siento culpable… Celebré esas migajas de justicia; ¡al menos era algo! Antes nadie había ido preso... Por eso digo que fuimos engañados. Me considero un tipo súper optimista, pero parece que en esa época lo era mucho más.

—¿Qué gobiernos de la era democrática diría que hicieron más y cuáles menos en materia de DD.HH.?

—Patricio Aylwin y su “justicia en la medida de lo posible” me pareció pésimo; era acotar todo el trabajo que estábamos desarrollando. Pero tiene el informe Rettig, que es una cuestión súper importante y los tiempos que le tocaron no fueron fáciles. En el caso del Presidente Frei, no se hizo nada en materia de DD.HH. Su aporte fue instituir dentro del Código Penal el delito de la tortura, que no existía; instituyó el decálogo de los Derechos del Detenido, que es como en las películas gringas cuando dicen tiene derecho a guardar silencio… Eso fue todo.

—¿Y Lagos?

—Él dejó el informe Valech, simplemente. Pero en todos esos gobiernos creo que se pudo hacer mucho más.

—Le faltó mencionar a Michelle Bachelet.

—Igual pudo hacer mucho más. Quedó al desnudo en su último gobierno al no cerrar Punta Peuco y cuando dejó un plan de DD.HH. como tarea para el gobierno siguiente, el segundo de Piñera, cuando pudo hacerlo ella. Sin duda esperaba mucho más de sus dos gobiernos, como también de todos los gobiernos de la Concertación. Pero como ya dije: nos engañaron.

—Si tuviera que hacer un balance, ¿en qué momento diría que nos encontramos en materia de DD.HH.?

—Hemos mejorado, aunque jamás llegamos a la altura de las penas que se aplican en Argentina, donde se han dictado 25 o 30 años de presidio efectivo. Pero hoy por lo menos la Corte Suprema las está dictando. Ahora estamos en un momento de una tremenda pasividad, con un problema muy grave, insoluble y del cual nadie habla: existe una norma según la cual todos los acusados o condenados mayores de 70 años deben efectuarse un examen de salud mental ante el Servicio Médico Legal. Pero no hay personal, la institución está colapsada y los informes tardan 8, 9 meses, y a veces más en resolverse, con el problema de que mientras tanto la causa no puede verse en la Corte. Así, se está produciendo una suerte de “impunidad biológica”: solo en nuestra oficina ya han muerto cuatro acusados sin que salga el fallo y, por lo tanto, sin pagar condena.

—En el fondo, se trata de una pelea contra el tiempo.

—Cada día es más difícil proseguir; el paso del tiempo deja su huella: desaparecen las pruebas, los testigos. Por eso es tan necesario apurar el tranco.

—¿Han dejado de importar estos casos?

—A pesar de todo soy optimista y no me dejo llevar por el desaliento. La otra vez casi me fui de espaldas cuando me enteré de lo siguiente: ¿Sabes cuál es la oficina más demandada por los estudiantes egresados de Derecho que deben hacer su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial? El área de Derechos Humanos, que creamos tras el cierre de la Vicaría de la Solidaridad, en 1996. Estos jóvenes, muchos de ellos de la élite de este país, quienes tal vez podrían escoger otras especialidades, como Civil, Laboral, Internacional, Familia, etc., mayoritariamente se van por DD.HH. ¡Y son cabros extraordinarios! Me he enterado de que incluso hay hijos de personalidades de la derecha. Muchos de los avances que se han hecho en materia de migrantes han salido de ahí. Así que no me echo a morir, todavía quedan esperanzas.