Pasar por altos cargos de gobierno continúa siendo un activo apetecido a la hora de nombrar directores en las empresas de servicios básicos. Una de las críticas que brotaron en medio de la crisis del agua potable de Osorno fue que Guillermo Pickering —actual presidente de Aguas Andinas y de Essal, su filial en Los Lagos— fue subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cartera a cargo de aplicar la Ley de Concesiones y el Código de Aguas.

La Segunda revisó la composición de los actuales directorios que las compañías de agua, electricidad, combustible y gas informan en sus sitios web y a la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros). Según esos antecedentes, al menos 20 directores —entre unos 300— pasaron por altos cargos de gobierno o están vinculados hoy al Sistema de Empresas Públicas. El análisis incluyó a la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua (Sasipa) —100% propiedad Corfo— y a la Sanitaria Lago Peñuelas, cuyos principales accionistas son la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (64,05%) —99% de Corfo— y el fisco (34,62%).

Por lejos, las compañías con predilección política son las sanitarias. Allí se concentran 14 directores: 6 en Aguas Andinas (o su filial Essal), firma de capital español cuyo controlador directo en Chile es Inversiones Aguas Metropolitanas, compañía que a su vez tiene entre sus directores a Herman Chadwick Piñera, hermano del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y primo del Presidente Piñera. Este miércoles, esta última firma tuvo elección de directorio, nombrando allí a Rodrigo Azócar (expresidente de Metro) y a Hernán Cheyre, exvicepresidente de Corfo, quien estuvo a cargo de la fase final de la privatización de las sanitarias durante el primer gobierno de Piñera.

Otras dos exautoridades de gobierno se incorporaron al directorio de Aguas Andinas al poco tiempo de renunciar a sus cargos. En abril fueron nombrados el exintendente de La Araucanía Luis Mayol (5 meses después de su renuncia) y el fugaz ministro de las Culturas, Mauricio Rojas (8 meses después de su renuncia), tras ser propuestos a través de Corfo, que posee el 5% de las acciones de la sanitaria.

En los directorios de otras compañías también figuran familiares de políticos, como Pablo y Felipe Galilea (hermanos del senador RN Rodrigo Galilea) —Aguas San Pedro—, mientras que Herman Chadwick también es presidente de la eléctrica Enel Chile, de matriz italiana.

¿Cómo llega una exautoridad de gobierno a ser director de estas empresas?

Según explica el académico Hugo Caneo, de la U. de Chile, “el Estado tiene que tener participación en la propiedad, como es el caso de Aguas Andinas, y el número que pueda designar dependerá del porcentaje de propiedad que tenga”.

En todo caso, advierte, hay límites legales. No pueden ser directores funcionarios públicos en ejercicio, como diputados, ministros, intendentes y gobernadores. Y si el Estado no tiene participación accionaria en la empresa, esta puede reclutar a la ex autoridad.

La regulación actual impide que funcionarios de las instituciones fiscalizadoras pasen a ser parte de las firmas que regulaban antes de seis meses. El antropólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Pablo Ortúzar plantea un cuestionamiento más profundo. “El problema de la influencia política es que es difusa. Más allá de la puerta giratoria, que es el caso más obvio de captura de la autoridad política por parte del capital, está la cooptación de personas con influencia política en general, que es mucho más difícil de regular, porque se ubica en un espacio gris”, advierte.

Y señala que “tanto si una empresa suma a su directorio a un agente político de alto rango (aunque se desempeñe en un área distinta a la de la empresa) como si ese agente se dedica al lobby, nos encontramos en un terreno no reprochable, pero claramente problemático, porque la empresa que contrata a ese político adquiere un acceso privilegiado a su red de contactos. Es decir, un acceso privilegiado al poder mismo”. Agrega que en general se trata de “una forma a través de la cual el capital va capturando las decisiones del Estado a través de la relación que cultiva con las autoridades públicas”.

María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, puntualiza que donde se da más la «puerta giratoria» es en mercados altamente regulados, como sanitarias y eléctricas. De hecho, un estudio realizado en Chile por el PNUD en 2016 arrojó que este fenómeno se presenta con mayor grado en personas que ocuparon cargos en superintendencias (50%), ministerios (22,5%) y subsecretarías (17,8%). “Es preocupante que haya tanto nombramiento de políticos; no me parece óptimo, porque son monopolios naturales, concesiones”, dice Jaraquemada.

Y acota que el escenario actual permite que exautoridades hagan lobby en los servicios donde ejercían, influyendo en sus contactos para enfrentar regulaciones u otras situaciones. “También hay que evitar que usen información privilegiada a la que accedieron cuando eran autoridades y, por otra parte, que se desnaturalice que los nombramientos sean botines políticos y no personas que tengan competencias para estar en esos cargos”, añade.

El 6 de julio del año pasado, el gobierno envió al Congreso la “ley de integridad pública”. Si bien la redacción de la iniciativa estuvo motivada por los casos de contratación de parientes, también incorporó medidas para regular la llamada «puerta giratoria».

El proyecto —está en la comisión de gobierno del Senado— establece una limitación de un año (llamado “período de congelamiento”) en que ministros, subsecretarios, jefes de servicios y funcionarios hasta tercer nivel jerárquico de los organismos fiscalizadores no pueden trabajar en empresas respecto de las cuales tomaron una decisión. Es decir, para que se gatille la prohibición tiene que haber un pronunciamiento formal, un acto administrativo, como por ejemplo un proceso de fiscalización. Una de las formas de controlar que la norma se cumpla será mediante la extensión de la obligación de realizar declaraciones de patrimonio e interés a los seis meses y un año después de dejar el cargo; hoy solo se entrega una a los 30 días.

“Nosotros decimos que debe ser al revés: una prohibición del sector para los ministros —que en un año no puedan ir a una empresa del rubro— y en el caso del funcionario fiscalizador, no puede ir a trabajar a las instituciones que haya fiscalizado en concreto”, opina Jaraquemada.

El académico de la U. de Chile Luis Cordero acota que hay otra reforma pendiente: la de los gobiernos corporativos. Recuerda que durante el primer período de Michelle Bachelet se modificó este en Codelco, lo que en la práctica derivó en que ya no hay presencia de exministros en su directorio. Pero en las otras empresas estatales los cambios quedaron pendientes.

“Piñera 1 preparó un proyecto de ley para la profesionalización de los gobiernos corporativos de todo el resto de las empresas públicas o donde el Estado tuviera participación. Resulta indispensable volver a esa discusión para evitar, entre otras cosas, el nombramiento de directores como mecanismo de distribución de cargos políticos”, dice Cordero.