“No se detectó” y probablemente “no estaba en su pauta de auditoría”, dice el superintendente (s) de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, para intentar explicar la omisión del riesgo que representaba el estanque de petróleo desde el que se produjo el derrame que dejó, por diez días, sin abastecimiento de agua potable a unos 200 mil osorninos, en una auditoría ordenada por la entidad.

Esta acción fiscalizadora fue contratada a “un auditor experto”, explica Rivas, en 2018. Las primeras muestras se tomaron en mayo de ese año, y en octubre, el informe final fue entregado a la SISS.

Entre otros problemas, detallaba malas condiciones de los filtros o su obstrucción en las tomas de agua, donde incluso se había detectado la presencia de un tronco que había sido arrastrado por el río.

Pero además hizo una crítica mirada a las instalaciones en general, a las que se refiere como antiguas, con falta de limpieza, lechos de agua sucios y mantenimiento irregular de los equipos, los que describe como armados por partes, con piezas y partes de distinto origen.

Asimismo, refiere deficiencias en el proceso industrial del agua y también falta de control sobre los operarios.

Pero respecto del grupo electrógeno, solo se limita a hacer una descripción, sin emitir reparos respecto de su ubicación ni abastecimiento de combustible.

“No se detectó el problema del equipo generador, que no tenía un estándar adecuado. (…) Es por lo que hemos hecho una autocrítica, que necesitamos una coordinación más activa con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que es la encargada de fiscalizar el manejo de estos combustibles”, dice Rivas.

Asegura que es un aspecto que no volverá a quedar afuera y que, de hecho, ya está incorporado en las pautas con las que se está llevando a cabo la fiscalización extraordinaria que ordenó el Presidente de la República Sebastián Piñera.

“Ya hemos fiscalizado 33 plantas de 106, que esperamos terminar de revisar en un plazo de dos semanas”, explica.

Respecto de la investigación por el derrame y el largo corte de agua en Osorno, Rivas aseguró que están tratando de terminar antes del plazo, que se cumple el 2 de agosto.

Paralelamente sigue corriendo el otro plazo, que se cumple en septiembre, que le dio la SISS a Essal para resolver las falencias que detectó la auditoría.

Por oficio, le impuso tareas “prioritarias”, para corregir falencias que hacían “vulnerable” la producción en la planta Caipulli, que cubre el 60% de la demanda de Osorno.

“Flexibilidad para abordar ciertas turbiedades en el río Rahue, mejoramiento de la infraestructura de la captación en el río, asegurar capacidad de tratamiento en condiciones de demanda máxima, disponibilidad de fuentes de reserva y establecer controles y estandarización de los procesos de tratamiento que permitan actuar de manera preventiva para enfrentar cambios en la calidad del agua cruda, sin afectar la calidad y continuidad del servicio”, detalla el oficio fechado en febrero.

Ayer, en el Senado, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó que nunca se había hecho una auditoría a Essal, “la SISS contrató un equipo de expertos, porque veía las vulnerabilidades que tenía y las posibilidades de que pudiera haber cortes de suministro en Osorno”.

Un total de 503 denuncias relacionadas con las cancelaciones de matrículas y las medidas disciplinarias que adoptan los colegios recibió la Superintendencia de Educación este primer semestre. Aunque no se detalla que es por la aplicación de la Ley Aula Segura, ambos escenarios pueden ocurrir cuando se inicia un proceso por esa norma. Esto, porque cuando se realiza la investigación correspondiente, el alumno es suspendido.

Ese tipo de reclamos representa el 9% del total del período (5.621). La mayoría de las denuncias provino de la Región Metropolitana y responde a suspensiones, las cuales aumentaron en esa zona de 75 a 111.

Ante expulsiones, en tanto, la superintendencia recalca que “no tiene las facultades de exigir la reincorporación de los escolares”. “En caso de que el colegio no se ajuste a la normativa, se inicia un proceso administrativo que puede terminar en una sanción”, añade el superintendente de Educación (s), Cristián O'Ryan.

En paralelo a la Ley Aula Segura han surgido iniciativas que orientan a los apoderados ante estas medidas. En lugares de Santiago, como el Centro Cultural Casa Bolívar, se realizan charlas en las que también participan abogados y jóvenes que vivieron el proceso.

Las convocatorias son difundidas por redes sociales por agrupaciones como “Apoderados Organizados” y “Apoderadxs por Javierinas Dignas”. Reúnen a personas ligadas a liceos emblemáticos y en abril —cuando comenzaron los disturbios en el Instituto Nacional (IN)—, apoderados del Liceo 1 Javiera Carrera acudieron a dicho recinto para invitar a padres a organizarse.

Según Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, la sensación entre algunos papás sería de arbitrariedad por cómo se aplican las medidas.

Concha sostiene que Aula Segura se estaría usando para “aplacar el movimiento estudiantil”. Dice que han procurado informar a los padres sobre las herramientas que tienen: “Hemos recomendado hasta el cansancio las denuncias a la superintendencia cuando un apoderado o estudiante siente que se vulneran sus derechos”.

Sonja del Río, vocera de la agrupación Emblemáticos Unidos, cuestiona que “los adultos estén liderando estas luchas por eliminar procesos que tanto ha costado lograr”. Además, la apoderada del Liceo Arturo Alessandri Palma acusa que menores de edad participarían de estos encuentros. “¿Qué tiene que hacer un alumno en una reunión con políticos y gente sobreideologizada?”, cuestiona.

“Hay un aprovechamiento de los alumnos por parte de políticos y apoderados”, critica.

En el IN, según cuenta Aquiles Herrera, presidente de la Corporación de Padres y Apoderados del liceo, hay apoderados que han recibido invitaciones a participar de este tipo de encuentros. “Nos contaron que había abogados patrocinantes y toda una logística”, dice.

Ante los cuestionamientos, Concha dice que la suya es una postura legítima, y añade: “Eso no significa que no comparta que los niños tienen que estar en clases (…). Pero no me voy a confundir en que porque un muchacho lance una molotov tenga que venir Fuerzas Especiales y acribillarlo”.

Marisol Valenzuela, líder del Centro de Padres Todos Somos L1, del Liceo 1, afirma que si bien comparte demandas de jóvenes y familias —como una mejor infraestructura—, no valida la forma en que, a veces, se manifiestan las peticiones.

Ante la violencia, afirma, debe haber consecuencias: “Me cuesta a veces creer que tenga que haber sanciones, porque son personas menores; pero si se pone en riesgo la vida de otros, debe haber una sanción. Pero los padres ideologizados no lo creen”.

“Los 10 días de cierre me dejaron pérdidas por $3,5 millones, por lo que tuve que ir al banco y endeudarme”, dice Julio Poblete para cuantificar los perjuicios económicos que el corte de agua le significó en su joyería de Osorno. Por esta razón, anoche era parte de los 200 pequeños comerciantes reunidos con la Cámara de Comercio y Turismo local, para ser parte de la demanda civil que el gremio interpondrá contra Essal.

“Tengo un restaurante que tuve que cerrar por cinco días, pero esto trajo otros problemas que no son medibles en plata, como el estrés”, añade Emilio Hernández, quien acusa pérdidas por un millón de pesos. “Va a ser una batalla larga en tribunales, pero quiero dar la pelea”, sostiene el comerciante.

Marianela Monnier, dueña de una hostal, dijo que el Estado debe hacer algo para “mitigar el daño” que dejó la crisis. “Perdí poco más de un millón; pero me da lata, porque el Estado podría ofrecernos una condonación de impuestos, contribuciones, pero hasta la fecha no se ha escuchado nada”.

Horacio Carrasco, presidente de la cámara, destacó la convocatoria obtenida, pues llegaron representantes del Mercado Municipal y del barrio Lynch. “Con todos sinceramos las posiciones. Entendemos que tenemos grandes posibilidades de ganar esta demanda, pero igual transparentamos lo lento que puede ser esto. (…) Pero creemos que el daño debe ser reparado y en esto todos quieren hacerle frente”, precisó.

A través de un oficio, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) solicitó ayer a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) informar a la entidad fiscalizadora el impacto en materia económica que tuvo para la compañía el corte de agua que duró diez días.

“En relación al incidente sanitario ocurrido en la ciudad de Osorno, que involucró problemas en el suministro del servicio de agua potable (...), esta comisión solicita a usted informar los efectos financieros en los resultados de la sociedad, existencia de seguros comprometidos, eventuales multas asociadas, como asimismo cualquier otro antecedente que a juicio de la administración sea relevante para el mejor entendimiento de la situación”, afirma el organismo en el oficio.

En este se agrega que la información requerida tendrá que ser entregada a la comisión a más tardar el día de hoy.