Aguas Andinas no es la única accionista de Essal, la sanitaria que dejó sin agua a Osorno durante diez días y cuya concesión está en entredicho. Si bien posee un 53,5% de la sanitaria a través de dos sociedades, hace siete años la compañía cuenta con otro socio que hasta ahora ha pasado desapercibido en medio de la crisis.

El 4 de mayo de 2012, la Corfo vendió en un remate el 40,46% de Essal. El comprador de ese paquete fue Stars, el family office de Felipe Ibáñez Scott (65), que pagó US$88 millones. La corporación estatal mantuvo solo un 5%, lo que no ha cambiado hasta la fecha.

Con esas acciones, que figuran a nombre de Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada, Ibáñez tiene derecho a designar a tres de los siete directores de Essal. Actualmente, es representado por Andrés Fernández, gerente de desarrollo de Stars desde 2011 —antes fue subgerente de desarrollo de Quiñenco, la matriz de negocios del grupo Luksic—, por Domingo Cruzat, también director de Enel Americas y Copefrut y ex presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP) durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera, y Eduardo Novoa, director de Cementos Bio Bio, Latam y Endesa Americas.

Administrador de empresas de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Felipe Ibáñez recibió junto a su hermano Nicolás un total de US$2.100 millones por la venta de sus acciones en D&S, la ex controladora de los supermercados Lider, a Walmart, en 2008 y 2013.

La Segunda no logró contactar a Ibáñez en Stars, ni en su oficina privada en La Dehesa, donde también opera la Fundación Ibáñez Atkinson, que promueve la cultura y la música, para consultar su opinión sobre las precarias condiciones de funcionamiento de la planta de Essal en Osorno, ni los perjuicios sufridos por sus 200 mil habitantes.

Criador de caballos andaluces en su fundo “Nobleza del Parque”, en Villarrica, que compiten en torneos ecuestres y de carruaje, es dueño de Marsol (cocinas industriales para restaurantes y hoteles); la Viña Anakena que posee plantaciones en los valles de Colchagua, Leyda y Cachapoal; la clínica Meds, a la que entró el año pasado a través de un aumento de capital por US$22 millones que suscribió Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada, y un campo ganadero en Los Lagos, entre otros activos.

De estilos muy diferentes, Felipe Ibáñez y su hermano Nicolás no tenían un pacto de actuación conjunta en D&S, pese a ser los controladores. Algo inusual en las empresas chilenas y que se traduce en que cada uno podía votar en el directorio o en la junta de accionistas de manera distinta. El único negocio que comparten es la Inmobiliaria Indesa, que ha levantado edificios en Las Condes y Vitacura y se apresta a su mayor proyecto: dos torres de uso mixto en la esquina de Manquehue y Alonso de Córdova, donde funciona un Líder.

“Actualmente este es un sistema que no sirve a nadie e impone una carga importante, especialmente a las jefaturas”. La honesta frase se refiere al sistema de calificaciones que actualmente rigen para los funcionarios públicos, y es el tercero de los seis pilares que componen la Agenda de Modernización del Estado que fue presentada este mañana en La Moneda por el presidente Sebastián Piñera, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

En este ámbito, el documento pretende dar un giro en la concepción del empleo público donde el mérito, el concurso como vía exclusiva de ingreso, una mayor estandarización en las remuneraciones e incluso despidos (para lo que se pretende introducir las indemnizaciones por años de servicio) sean elementos de una nueva carrera funcionaria.

Si bien todos esos aspectos son valiosos y se han discutido en el pasado —por ejemplo en la propuesta de centros de estudios de distintas sensibilidades presentado a comienzos de año—, en esta oportunidad no se dieron a conocer mayores detalles.

Y ahí estará el principal desafío. Tal como reconoce el informe “las necesarias reformas se han dejado de lado”. Para ahora sí lograr implementar los ejes de la propuesta, que el propio documento reconoce que es un trabajo de largo plazo, el Ejecutivo armó una “arquitectura para administrar el proceso” que incluye tres brazos: el Consejo Asesor Permanente (presidido por el ex Contralor Ramiro Mendoza), el Comité Ejecutivo para Modernización del Estado y la Secretaría encargada del tema del Ministerio de Hacienda.