Luego de ser destituido, el 24 de julio de 1978, el general Leigh redactó una declaración pública sobre los hechos de los que era víctima, que se envió a los medios de comunicación a través del Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea.

Los medios recibieron dicha declaración, pero el director de Dinacos, céleremente, puso en marcha su maquinaria de censura, prohibiendo a los medios que difundieran tanto esta declaración pública como las entrevistas hechas esa tarde al general Leigh o a cualquiera de los generales renunciados. Aclarando que únicamente tenían autorización para difundir las notas oficiales de prensa al respecto. Algunas radios ya habían transmitido sus palabras, por lo que fueron amonestadas. La declaración del general Leigh, que nunca fue conocida por la opinión pública, señalaba textualmente:

“Fuerza Aérea de Chile, Comandancia en jefe, Santiago, 24 de julio de 1978

“Para comunicar a la opinión pública que, en la sesión de la Junta de Gobierno sostenida en la mañana de hoy, el Presidente de la República con el señor almirante Merino y el señor general Mendoza procedieron a destituir como miembro de la Junta de Gobierno al comandante en jefe infrascrito.

“El planteamiento propuesto por la Fuerza Aérea en esta oportunidad, de constituirse en sesión permanente para buscar una solución al diferendo con el Presidente de la República, en cuanto al camino que se debe adoptar hacia la normalidad institucional dentro de un período de 5 años, que se propuso hacerlo a través de un ciclo de sesiones de la H. Junta de Gobierno, fue rechazado sin explicaciones.

“Teniendo presente la violación flagrante del Decreto Ley N° 527 de rango Constitucional, al adoptar facultades de las cuales carecen tanto el señor Presidente de la República como los miembros de la Junta, el infrascrito recurrirá a los Tribunales de Justicia en cuanto a la inaplicabilidad de la disposición adoptada.

“Declaro que inspirado, como siempre, en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, en los principios que la sustentan y en los superiores intereses de la Nación, la Fuerza Aérea de Chile, a pesar de su unidad monolítica, que me enorgullezco en reconocer, no hará ningún acto de fuerza y solo recurrirá a los principios jurídicos y disposiciones legales vigentes, con el objeto de hacer prevalecer el derecho y la razón sobre la fuerza”.

“Gustavo Leigh Guzmán. General del Aire”.

Después de hablar con los periodistas, Leigh se reunió con sus colaboradores de la Comisión Legislativa y de su gabinete, aconsejándoles que no renunciaran, como la mayoría quería hacer.

A las 17:20 horas abandonó para siempre su despacho del edificio Diego Portales, dirigiéndose acompañado de su escolta hacia la casa fiscal que ocupaba el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en la calle Málaga de Las Condes.

Ahí lo espera su mujer, Gabriela García, y buen número de sus renunciados oficiales. Con el correr de las horas, la residencia se fue colmando de oficiales de la Fuerza Aérea, tanto de generales que habían renunciado esa mañana como de los recién ascendidos que los habían reemplazado. Todos expresándole una sincera solidaridad.

Nunca más Leigh podría pisar ni la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea ni el edificio Diego Portales. Su sucesor (Fernando Matthei) emitió un instructivo interno, prohibiéndole absolutamente el ingreso a cualquier dependencia de la Fuerza Aérea, medida que se mantuvo por años y que fue levantada por el general (Ramón) Vega, cuando asumió la Comandancia en Jefe (1991-1995).

Pinochet tomó esta decisión varios días antes, incómodo por continuos reparos que Leigh venía haciéndole a su gestión desde comienzos de 1974, especialmente en lo referido a institucionalidad política, derechos humanos y economía. El relato está basado en los testimonios del propio general Leigh, que grabó subrepticiamente muchas de estas conversaciones con Pinochet.

La situación hizo crisis en la reunión almuerzo de la Junta de Gobierno del 19 de julio de 1978.

El día anterior, el diario italiano Corriere Della Sera había publicado una entrevista al general Leigh efectuada por el periodista Paolo Bugialli. En ella señalaba, entre otras cosas, que la Junta Militar no había marcado ningún calendario político, lo cual ponía en peligro su propia subsistencia política.

En la entrevista, Leigh calculaba en cinco años el plazo de devolución del poder a los civiles en Chile. Proponía, a la vez, un programa de cuatro puntos que incluía un estatuto de regulación de los partidos políticos, la restauración de los registros electorales, una ley general reguladora de elecciones libres y un texto constitucional a someter a referéndum y en cuya elaboración participaran personalidades civiles junto a las autoridades militares, ya que, según sus propias palabras al diario italiano, “los chilenos, que tenemos una dilatada tradición de libertades democráticas, no podemos permanecer hasta el infinito en la negación de la libertad”.

En la misma publicación, cuando el periodista italiano le consultó si efectivamente Chile estaba involucrado en el asesinato de Orlando Letelier, el general Leigh le respondió que, si así fuera, reconsideraría su permanencia en la Junta de Gobierno.

En la reunión-almuerzo, Pinochet y Merino le enrostraron a Leigh la entrevista que concedió al diario italiano y el jefe de la aviación explicó con extrema rudeza los motivos que había tenido para expresarse de esa forma, reiterando su posición respecto de todo lo manifestado al medio europeo.

El ambiente alcanzó tal grado de crispación que el almuerzo finalizó repentinamente y se suspendió la sesión que tendría la Junta a las 15:30 horas.

Esa misma tarde, Pinochet decidió remover a Leigh.

En la noche se reunió con Merino, a la mañana siguiente con Mendoza y en la tarde del 20 de julio con ambos. En esta última oportunidad, Pinochet les señaló textualmente a los jefes de la Armada y Carabineros:

“Hay que echar a este gallo. Si este gallo nos pela fuera de Chile siendo parte del gobierno, ¿cómo lo vamos a tener dentro de la Junta?”. Merino y Mendoza se mostraron partidarios de la destitución del general Leigh, pero el almirante le dijo que él buscara la forma legal de hacerlo.

Por la noche del 20 de julio, Pinochet citó a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Tras explicarle la situación y sus intenciones, le dijo: “busca la fórmula, pero Leigh se va”.

El 24 de julio de 1979, Leigh emitió una declaración, con motivo de cumplirse un año de su destitución de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea y de la Junta de Gobierno.

Básicamente, en este documento reafirmó la ilegalidad de su destitución, identifica los motivos que impulsaron al general Pinochet para alejarlo del gobierno y reafirma la postura que mantuvo durante los casi cinco años que permaneció en la Junta Militar.

Se transcribe parte del texto de esta carta abierta (que no tuvo mayor difusión en la prensa de la época):

“Hoy, 24 de julio, se cumple un año desde que, por un simple decreto supremo, se destituyó de la Junta de Gobierno al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Para así hacerlo se recurrió a la fórmula de declararlo “absolutamente imposibilitado para seguir ejerciendo sus funciones”.

La historia, estoy cierto, juzgará severamente las graves infracciones a los principios y al derecho que estos actos implican.

Mi destitución fue la consecuencia directa de mi permanente esfuerzo para dar cabal cumplimiento a los postulados que inspiraron el movimiento del 11 de septiembre, en cuánto él fue motivado por la necesidad imperiosa de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada.

Es ésta la razón por la que nuestro Gobierno —que con tanto sacrificio y renunciamiento contribuimos a instaurar— no puede ni debe fracasar.

El tiempo, como nunca antes había sucedido, corre contra nosotros cada vez con más velocidad. Y, desgraciadamente, cada vez nos aleja más de nuestros objetivos, pues las resoluciones inconsultas concebidas y tramitadas en sigilo, la ausencia de flexibilidad para enfrentar los grandes problemas nacionales, el abandono de nuestra clase media y el sistemático enfrentamiento a los sectores laborales nos van a impedir alcanzar la paz y la convivencia armónica de todos los chilenos. No soy, ni pretendo serlo, representante de agrupaciones, corrientes o sectores de carácter político alguno.

Mi voz es un grito de alarma de un chileno cualquiera —que ama tanto a su país como aquellos que hoy se arrogan este sentimiento con carácter exclusivo— y que solo aflora ante la inequidad y la conculcación de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, cuyo término no es posible aún ni siquiera prever.

Gustavo Leigh Guzmán”.

Con el advenimiento de la democracia, Gustavo Leigh y su excamarada, el general Enrique Ruiz Bunger, continuaban con las actividades de corretaje de propiedades que habían iniciado poco tiempo después de que ambos debieron abandonar forzadamente la Fuerza Aérea de Chile.

Leigh y su socio llevaban una vida común y corriente en el negocio de la compra y venta de propiedades, manteniendo su oficina en la calle Luis Thayer Ojeda, a pasos de avenida Providencia.

Desde su destitución de la Junta Militar y la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh no poseía escolta personal, excepto una vigilancia que ejercían sobre él en forma esporádica efectivos de seguridad, mas no para protegerlo, sino que para estar al tanto de sus pasos. Esto se registró especialmente entre 1978 y 1988.

El general, que a comienzos de 1990 tenía 69 años, llevaba una vida muy similar a la de cualquier pequeño empresario y padre de familia. Trabajaba toda la mañana, en muchas oportunidades iba a buscar a sus hijos al colegio Trewhela's y se confundía en el tráfago de la ciudad como cualquier otro santiaguino.

El 21 de marzo de 1990, día del aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, se encontraba en su oficina como todos los días, junto al general Ruiz. Circunstancialmente llegó esa mañana a visitarlo su antiguo y leal mayordomo, Francisco Arias, como solía hacerlo a menudo.

Siendo aproximadamente las 11:00 horas sonó el timbre de la oficina y Arias abrió la puerta al supuesto cliente.

Violentamente irrumpieron en la oficina tres hombres armados, que más tarde se comprobó eran miembros de la llamada Fracción Autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Uno de ellos inmovilizó a Arias, otro enfrentó al retirado general Ruiz Bunger y el tercero se asomó al pequeño despacho que ocupaba el general Leigh.

En cosa de segundos resonaban los disparos en el interior de la diminuta oficina. El general Enrique Ruiz Bunger recibió tres impactos de bala y se desplomó gravemente herido.

El general Leigh, que estaba sentado frente a su escritorio, al ver al terrorista que le apuntaba con una pistola, instintivamente trató de protegerse el rostro con una guía telefónica. Recibió cinco impactos de bala, que le comprometieron diversos órganos y le significaron la pérdida de un ojo. Tan rápido como entraron, los autores del atentado se dieron a la fuga a pie en dirección a Providencia, perdiéndose su rastro. El general Leigh fue trasladado en estado de suma gravedad hasta el Hospital Militar y el general Ruiz, al Hospital de la Fuerza Aérea, donde fueron sometidos a varias cirugías que finalmente les salvaron la vida, aunque quedaron con graves secuelas de carácter permanente.

Este atentado sumió en la consternación al reciente gobierno democrático de Chile. El Presidente Patricio Aylwin, que había asumido el poder diez días antes, suspendió todas las audiencias previstas en el Palacio de la Moneda.

Todos los partidos políticos expresaron su condena y su repulsa por la acción terrorista. El ministro del Interior, Enrique Krauss, pidió a la policía una investigación exhaustiva de los hechos, que sin embargo no tuvo resultados.

Tras este grave atentado, la Fuerza Aérea de Chile proporcionó al general Leigh una adecuada seguridad, la que obviamente siempre debió haber tenido, considerando el alto cargo que ocupó y la situación de violencia que vivía el país.

Continuó con sus actividades, pero con mayores dificultades como consecuencia del deterioro físico y la pérdida de uno de sus ojos.

Evitó, hasta donde pudo, opinar sobre su pasado en la Junta Militar, hasta que, cansado de numerosas tergiversaciones de la pasada realidad, se decidió nuevamente a hablar.

Fue en marzo de 1998, en improvisada reunión con la prensa, cuando los periodistas lo abordaron mientras Leigh recorría los stands de la Feria del Aire y del Espacio, Fidae. En esa ocasión puntualizó que la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, respondía directamente a las órdenes del expresidente y en ese momento flamante senador de la nación, Augusto Pinochet.

Las palabras de Leigh vinieron a confirmar las acusaciones que desde diciembre de 1997 realizaba desde su lugar de reclusión el exjefe de la Dina Manuel Contreras Sepúlveda, en el sentido de que era Pinochet el verdadero jefe del organismo.

Leigh aclaró que la Dina, según su decreto orgánico, dependía de la Junta de Gobierno, pero en la práctica obedecía exclusivamente a Pinochet.

“Nadie en la junta podía meterse en la Dina. Nosotros no teníamos nada que ver con ese organismo. Contreras se reunía todas las mañanas con el Presidente para recibir instrucciones”.

Prácticamente esta fue su última aparición mediática, ya que posteriormente se fue alejando de toda contingencia, con su salud muy quebrantada, no tanto por sus 77 años de edad como por las complicaciones físicas como consecuencia del atentado terrorista del que fue objeto.

El 22 de septiembre de 1999, debido a graves dolencias cardiovasculares, fue internado en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, donde falleció el 29 de septiembre, diez días después de haber cumplido los 79 años de edad.