Ayer, ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el superintendente subrogante de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, afirmó que, en el eventual escenario de que se retire la concesión a Essal en Osorno, “caducar esa sanitaria significa pasar un periodo extenso en donde hay que buscar una nueva empresa que opere esto”. Y advirtió que, de concretarse aquello, podría durar “meses” la transición hacia un nuevo operador y no podría garantizarse una servicio normal.

Estos son precisamente factores que está observando el Gobierno, para tomar una decisión frente a los emplazamientos que ha recibido tanto de la oposición, como del oficialismo. El hecho de que el Presidente Sebastián Piñera reciba un informe favorable de la SISS y decida firmar un decreto de caducidad, es sólo una de las múltiples etapas que se deberían concretar para la salida de Essal.

El mismo Mandatario enfatizó esta mañana en Radio Pudahuel que “la Superintendencia está haciendo la investigación y en base a la gravedad de la falta va a ser la sanción que la empresa reciba. Multas va a haber muchas y muy grandes, porque hay muchas faltas”.

Actualmente se desarrolla la investigación (no tiene plazo legal, pero se habla tentativamente del 3 de agosto) donde se aterrizan los hechos, bajo el sustento de relatos probatorios y técnicos. Indagaciones que no sólo abarcan lo que comenzó el jueves 11 de julio, sino que otros dos aspectos que exige la ley para poder caducar una concesión: probar la gravedad de las consecuencias y la reiteración de infracciones en su integridad, no sólo vinculadas al caso específico.

Con esta carpeta investigativa, la SISS debe concluir si hay antecedentes o no como para empezar un proceso de caducidad. En caso favorable, se abrirá un expediente y se le notificará a la empresa para que exponga su visión y antecedentes probatorios, de tenerlos. Así, de persistir en la decisión, la misma resolución debe incluir un pronunciamiento de tipo técnico en que señale que la afectación de una etapa de la concesión —en este caso de producción de agua potable— repercute o no en las demás que conforman el ciclo sanitario: distribución de agua potable, recolección de aguas servidas y el tratamiento de éstas.

Terminar la concesión no necesariamente podría incluir todos estos servicios, ya que la caducidad puede ser total o parcial, y esa es una de las interrogantes de las que se tendría que hacer cargo la SISS: aún cuando tuviera la convicción de caducar, debe determinar hasta qué etapa lo considerará. Si el organismo mantiene su convicción, sea en una o varias etapas del ciclo sanitario, deberá emitir un informe favorable y transmitir dicha información al Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas. Es ahí cuando el Presidente toma la decisión de dictar o no un decreto de caducidad, teniendo en cuenta que el informe emanado por el SISS no es vinculante.

Si sigue adelante y Contraloría toma razón del decreto, debiera nombrarse un administrador provisional, momento en el cual a la Superintendencia se le abre el plazo de hasta un año para licitar una nueva concesión.

Ahora bien, al margen del examen de legalidad que realiza la Contraloría del decreto de caducidad en sí, el reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios dispone que el afectado por la caducidad puede reclamar, y eso implicaría incluso la posibilidad de que la empresa llegue ante un juez civil con un proceso de reclamación (dentro del plazo de 10 días desde la notificación del decreto) que se tramite como juicio sumario, con todas sus etapas de apelación en las cortes. Es decir, un escenario de judicialización que el Ejecutivo preferiría evitar.

“Yo creo que los tiempos de hoy piden que sea una mujer la que presida el Colegio”, dice Macarena Letelier, la consejera más votada en la última elección del Colegio de Abogados, el 5, 6 y 7 de junio, donde se realizó la renovación parcial de consejeros y donde debutó un sistema de cuotas de género.

Dicho proceso culminó con la mantención de Arturo Alessandri (también de la lista gremial, que tiene mayoría) como presidente de la orden, dado que había un acuerdo previo para ello. Como vicepresidenta se escogió a Leonor Etcheberry, de la lista Volver al Colegio, como una forma de equilibrar la directiva.

Pero el tema igual motivó un quiebre dentro del Consejo: renunció la ex ministra y hoy presidenta de Enap, Loreto Silva, acusando “machismo inaceptable”, luego de lo cual Alessandri —quien se encontraba de viaje en Singapur— puso su cargo a disposición, a través de una carta que envió desde allá el 28 de junio.

Desde esa fecha, la presidencia del gremio se ha mantenido en la incertidumbre.

El Consejo volverá a reunirse el próximo lunes 29, para definir el tema. Letelier, sobre quien se concentraron las miradas tras la renuncia de Alessandri, asegura que no ha conversado con los demás miembros del Consejo sobre los escenarios posibles y que nadie le ha planteado la posibilidad de que ella sea elegida presidenta con el apoyo de alguna otra lista.

“Estaré toda esta semana en la playa concentrada en un paper que tengo que redactar, y voy a llegar al Consejo el lunes 29 con la mejor disposición para tomar una decisión que ayude al Colegio y responda a la confianza de todos, y si tenemos que recomponer y trabajar en conjunto, hay que hacerlo, somos 19 profesionales con capacidades para trabajar bien”, dijo Letelier a La Segunda. “A mí me gustaría que asumiera la presidencia una persona que concitara consenso, porque se viene un trabajo importante de reposicionar el Colegio, no alguien impuesto”, agregó.

“Arturo Alessandri se metió en un zapato chino al poner su cargo a disposición del Consejo, y creo que le va a costar la presidencia”, opina la consejera María de los Ángeles Coddou, de la lista De vuelta al colegio.

En tanto, desde la segunda lista más votada, Libertades Públicas, Elisa Walker dice que entienden que “la compleja situación en la que se encuentra actualmente el Colegio de Abogados amerita que se analice con detención quines lideren la mesa, para que ésta refleje adecuadamente la diversidad del Colegio”.

Alessandri, por su parte, ha mantenido un riguroso silencio desde que volvió de su viaje a Singapur, a la reunión mundial de los cónsules honorarios de ese país, calidad que ostenta en Chile desde 1990.

Los escenarios que pueden darse el próximo lunes son inciertos.

1 Una opción es que los gremialistas, que cuentan con 10 de los 19 consejeros, aprovechen su mayoría y ratifiquen a Alessandri en la presidencia, ya que sería el único nombre al interior de su lista que genera consenso entre ellos. En este escenario no habría motivo para que Leonor Etcheberry no se mantuviera como vicepresidenta.

2 Un segundo escenario posible es que Leonor Etcheberry, que fue elegida como vicepresidenta por aclamación, renuncie al cargo y sea elegida como presidenta con un amplio consenso, caso en el cual algún hombre del gremialismo podría ocupar la vicepresidencia. Esto último, por cuanto entre las tres mujeres de la lista, Carolina Fuensalida no está disponible por motivos personales, y según algunos consejeros ni Carmen Domínguez ni Macarena Letelier generan consenso dentro de la lista gremial.

3 Una tercera opción que se considera entre los consejeros es que Macarena Letelier, que fue la más votada en la última elección, sea elegida con los votos de algunos de sus pares gremialistas y de la lista progresista Libertades Públicas, quienes condicionarían su apoyo a que la vicepresidencia fuera ejercida por Mónica van der Schraft.

En todas las listas, en todo caso, se aseguró que el ánimo es buscar consensos para recomponer la camaradería al interior de la orden.

Hasta el momento, solo hay dos consejeras que han anunciado que no asistirán a la reunión del lunes: Carmen Domínguez y María de los Ángeles Coddou, y la posibilidad de que se postergue no ha tenido acogida.