Un caso judicial salpica a una de las operadoras de Red (ex Transantiago), llamada Servicio de Transporte de Personas (STP), y que actualmente maneja una flota de 511 buses —25 de los cuales son eléctricos— y que cubre 34 recorridos en 20 comunas. Se trata de una demanda interpuesta en el 18° Juzgado Civil de Santiago el 24 de septiembre del 2018 por la Empresa de Transportes Vivaceta S.A.

De acuerdo al escrito, el caso se remonta al 2005 cuando la hoy quebrada empresa de Buses Gran Santiago (BGS) se adjudicó dos contratos para prestar servicios en Independencia, Huechuraba, Recoleta, San Bernardo, La Pintana y El Bosque, entre otras comunas.

El 2008 la demandada STP junto a Buses Brasil (BB) adquirió el 80% de BGS y el 30 de agosto del2010 las tres empresas celebraron un “contrato aleatorio de compraventa de flujos futuros”. Es decir, BGS vendía los ingresos que iba a recibir por los recorridos de los buses asignados con la letra B del Transantiago desde ese momento hasta la primera quincena de noviembre del 2010, a las otras dos compañías que eran sus controladoras.

La demandante Vivaceta —que tenía una participación de 7,49% en la quebrada BGS— alega que el contrato de venta de ingresos futuros la perjudicó económicamente y pide su anulación. Acusan que por los ingresos se pagaron $1.247.458.470 (por un periodo de cerca de tres meses del uso de estas vías) cuando “dicho concepto ascendían mensualmente a $4.151.407.270”, por lo que el pago total debió haber sido de $12.454.221.810. Esto, alega Vivaceta, habría mermado el monto a recibir según su porcentaje de participación: Un total de $1.055.343.348.

“El objeto de dicho contrato tuvo por fin traspasarle todos los flujos de BGS a los accionistas mayoritarios BB y STP, perjudicando gravemente con ello a los accionistas minoritarios”, dice la demanda.

“La Segunda” consultó al respecto al abogado de STP y BB, Juan Puga, quien no dio respuesta, pero la contestación de la demanda presentada el 23 de enero dice: “La demandante no sufrió perjuicio alguno merced de los contratos impugnados, pues sus acciones sobre un patrimonio groseramente negativo (de BGS) no valían nada y porque la empresa nunca estuvo en condiciones de distribuir utilidades dadas la pérdidas acumuladas”.

STP —del empresario Jorge Gómez y cuyo gerente general es Luis Barahona— tampoco respondió las consultas de este medio.

El caso podría complicar a la actual administración, ya que la demanda cita a las Bases de la Licitación del Transantiago 2003, las cuales establecen que en la concesión de las vías de 2005 no se puede “afectar cualquier derecho derivado de él o los pagos o cobros que provengan del contrato, sin autorización del ministerio”. Algo que habría infringido el contrato de venta de flujos de 2010, concretado durante el primer gobierno de Piñera y cuando la actual ministra de Transportes, Gloria Hutt, era subsecretaria de la misma cartera.

Un abogado demandante pidió vía Ley de Transparencia a la cartera una copia de la autorización de este contrato, pero el ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo, le respondió el 23 de enero que “el documento solicitado no figura en las dependencias” de esa cartera.

Por ello el abogado demandante, Raúl Toro, dice que “decidimos citar a prestar declaración, en calidad de testigos, a la actual ministra”. A juicio del abogado, “es imposible pensar que el ministerio no estaba en conocimiento de esta situación. El fisco debió haber impugnado el contrato. No se puede traspasar el precio de la concesión sin su autorización”.

La ministra Hutt no respondió las consultas de “La Segunda”.

Los demandantes también pedirán que declare el ex ministro de Transportes entre el 2007 y el 2010, René Cortázar. En la contestación a la demanda se asegura que la adquisición del 80% de BGS por parte de estas dos empresas fue a requerimiento suyo.

“Dada la situación de insolvencia por la que ya atravesaba en esa época la empresa BGS, mis representadas fueron llamadas por el entonces Ministro para que asumieran el control de esta empresa concesionaria del tristemente célebre Transantiago, ante el inminente colapso de BGS”, dice la contestación. Consultado por “La Segunda”, Cortázar no respondió.

Una ronda de entrevistas radiales realizó hoy el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en las que pasó por las emisoras Cooperativa, Infinita y Duna.

Allí la autoridad de la entidad fiscalizadora se refirió al proceso de modernización de las instituciones que está realizando el gobierno y que está liderado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En Duna, Bermúdez señaló que “me preocupa que en este proceso se pierdan algunos activos de nuestro país, como la independencia de la Contraloría”.

En Infinita el contralor dijo que “lo que sí me puede preocupar y me preocupa como contralor y como ciudadano, es que hay que tener ojo de que esa reforma no vaya a significar una pérdida de capacidades de control que es para lo que está llamada la Contraloría. Es un órgano autónomo políticamente. Eso es un activo que tenemos como institución”.

Y agregó: “Eso tenemos que cuidarlo. Cualquier reforma que vaya en una dirección que ayude a que tengamos instituciones más transparentes no podemos no estar de acuerdo”.

En esa misma emisora, Bermúdez también se refirió a la reunión que sostuvo el viernes pasado con el ministro de Defensa, Alberto Espina, en la que abordaron el decreto del gobierno que facilita la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

“Tuvimos una reunión con Defensa y le pedimos algunas precisiones respecto a la expresión de ‘colaboración' y ámbito geográfico donde se va a realizar”, dijo.