Los antecedentes conocidos de la investigación que lleva adelante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, respecto a la malversación de gastos reservados administrados por los anteriores comandantes en jefe del Ejército (CJE), ha causado comprensible indignación en la ciudadanía. El procesamiento del general (r) Humberto Oviedo, que ocupó el cargo entre marzo de 2014 y marzo de 2018, señala que parte de los fondos destinados a seguridad nacional fueron a incrementar el patrimonio personal del oficial, y que otra parte significativa se utilizó para comprar regalos a los generales, a sus señoras y, en algún caso, al ministro de Defensa de la época, así como para pagar chocolates, flores, personal auxiliar y otros bienes suntuarios para la casa destinada al uso personal del CJE. Tiempo antes había sido sometido a proceso el antecesor de Oviedo, Juan Miguel Fuente-Alba, acusado, también, de desviar fondos públicos para abultar sus cuentas.

Más allá de las responsabilidades penales que determine la justicia, el escándalo se suma a otros conocidos recientemente, como las irregularidades en el uso de pasajes aéreos y viáticos, y otros de más antigua data, como el pago de coimas en distintas compras de armamento, que tienen como patrón común el silencio —o la connivencia— de funcionarios de distinto rango que debían haber alertado acerca de estas prácticas, y la inadvertencia de los responsables civiles del sector. Lo primero no resulta extraño, dada la estructura jerárquica del Ejército y las características de la carrera militar, que no incentivan a denunciar dichas conductas. Pero es llamativo que ninguna autoridad civil, en la misma época en que los dos generales procesados ejercieron el mando, haya notado, investigado o denunciado la pompa en el estilo de vida de los oficiales, que manifiestamente no se correspondía con sus niveles de ingreso ni con el uso apropiado del dinero público.

Es evidente que la excesiva autonomía que el poder civil, de manera legal y también de facto, ha entregado a las instituciones armadas en el manejo de los recursos ha resultado terreno fértil para conductas de este tipo. Conocidos los alcances del caso de Oviedo, el Ministerio de Defensa ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley que aumenta la fiscalización sobre el uso de los gastos reservados, y que obliga a las FF.AA. a dar cuenta detallada al subsecretario. Ello debiera reducir el espacio para el mal uso de estos fondos. De la misma forma, el proyecto que elimina la Ley del Cobre, firmado en agosto de 2018, debiera contribuir a aumentar la transparencia en las compras militares, y la sujeción de todos los procedimientos de las FF.AA. —salvo excepciones explícitas y muy calificadas— a la revisión de la Contraloría y los órganos de transparencia, es requisito para terminar con la opacidad en este ámbito.

No sé cuáles serán los pronósticos para el Imacec de julio, si estará alineado con las predicciones de los economistas y si estos, a su vez, estarán alineados con la realidad. Pero podemos ir sacando cuentas: basta con mirar la productividad de la jornada del lunes y la de ayer, que el país dedicó a prepararse para el eclipse y a ver el eclipse, respectivamente. Y la que ha apreciado durante la mañana de hoy, que el país ha dedicado a preparar el partido de esta noche. Pensemos que ocurrirá esta tarde; mañana, si es que llegamos a ganarle a Perú, o el lunes, si pasamos a la final y le ganamos a Brasil. Por lo bajo, el equivalente a cinco días hábiles menos. Es posible, claro está, que ambos fenómenos contribuyan a estimular la economía, y no a deprimirla. Pero intuyo el alivio que deben sentir por estos días los ministros de Hacienda y Economía, y las autoridades económicas en general: si los números vienen mal —Dios no quiera— al menos tienen una explicación o una excusa.

Señor Director:

En la edición del jueves 27 de junio (p. 3), en la nota “Quién es Mónica Aguilera, la hermana del alcalde que desató la crisis del PS”, se hace una mención imprecisa a la votación obtenida por la mencionada consejera en 2017. Según los datos del Servel, la consejera Aguilera obtuvo 18.859 votos. Sin embargo, la primera mayoría, a diferencia de lo que señala la nota, la obtuvo el señor Miguel Ángel Garrido, de RN, con 26.094. La segunda mayoría fue para la consejera Fernanda Ortiz, del Partido Humanista, con 19.041 votos.

José Zuleta Bové

Secretario ejecutivo Consejo Regional Metropolitano de Santiago

Señor Director:

En noviembre de 2015, el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno emitió un documento en el cual se detallan señales de alerta, también conocidas como banderas rojas («red flags»). Estas señales de alerta nos permiten detectar la posible ocurrencia de fraudes, ilícitos o actos reñidos con los reglamentos y leyes. Su aplicación era para todas las organizaciones de gobierno, incluyendo las FF.AA., y es algo de común aplicación en el sector privado desde hace muchos años.

Me pregunto si es que este instructivo, el cual en su sección final detalla todas las conductas personales que se podrían considerar sospechosas, fue conocido por el personal del Ejército, y de haberlo sido, ¿por qué nadie levantó la mano o alertó de comportamientos de gastos que aparentemente no se condecían con los niveles de ingresos de un funcionario de gobierno? El acto de alertar se conoce como blow the whistle, el cual aparentemente no tuvo lugar y, si sucedió, no habría sido efectivo. Puede ser que ello no haya ocurrido por una falla de cultura interna que no promueve este tipo de acciones, o bien porque era considerado normal, o ambas. En lo personal, soy de la opinión de que ocurrió lo segundo, debido a que el Ejército es una organización con mucho foco en el control. En el minuto que dejaron de ser normales las conductas que hoy en día nos llaman la atención, lo que coincide con el cambio de administración en el Ejército de marzo de 2018, se acabó el problema, se estableció un new normal, y los ruidos que tenemos hoy en día sólo son ecos del pasado.

Richard Kouyoumdjian Inglis

Señor Director:

El 8,2% de rentabilidad real lograron en promedio los fondos de pensiones el primer semestre de 2019, el mejor resultado en los últimos 10 años.

La buena gestión de los fondos es un espaldarazo a nuestro modelo previsional, y un dato relevante para la discusión de la reforma en curso, en la cual parte importante de los legisladores quiere negar estas rentabilidades a la cotización adicional a cargo del empleador.

Endosar el problema de las bajas pensiones a las AFP es un diagnóstico errado. Prueba de ello es la rentabilidad acumulada del presente año y los más de USD 200 mil millones administrados, propiedad de todos los afiliados.

Jamás mejorarán las pensiones si una de cada dos personas en edad laboral no cotiza, o si los trabajadores independientes lo hacen de manera parcial. La reforma debe hacer frente al principal problema de toda pensión futura, las lagunas previsionales.

Eduardo Jerez Sanhueza

Señor Director:

Un programa de televisión las ha emprendido en contra de los capellanes de las Fuerzas Armadas. Esta institución ha existido desde los inicios de nuestro querido Chile como nación independiente. El Libertador Bernardo O'Higgins dotó de capellanes a nuestra Armada y a nuestro Ejército. El primer capellán naval, Cayetano Requena, se nombró en 1819. El primer Vicariato Castrense se erige en 1910, pues anteriormente los capellanes del norte de Chile dependían de la Arquidiócesis de Arequipa. En 1983 se constituye el primer Obispado Castrense de Chile.

Parece razonable revisar y regular todas aquellas materias administrativas susceptibles de mejorar, con el objetivo de dar más transparencia al rol que cumplen los capellanes de nuestras FF.AA. Otra cosa es desprestigiar de manera burda a sacerdotes que ya por 200 años han acompañado desde el inicio de su carrera militar a jóvenes patriotas que vieron en el servir a Chile su vocación. Los capellanes son quienes ayudan a darles espiritualidad a nuestras FF.AA. Para quienes no tienen fe es una pérdida de recursos, mas no para quienes requieren de apoyo en su juventud, con soledad, en la lejanía de sus familias y en un rol cada vez más incomprendido.

Andrés Montero J.