Una creciente preocupación comenzó a circular en los últimos días en el oficialismo, cuando diputados de Chile Vamos se informaron del avance de la reforma que busca incorporar en la Constitución el principio de la “autonomía progresiva” de los menores de edad.

Entre los principales impulsores de la iniciativa está el diputado PS Marcelo Díaz y el texto había avanzado ante el silencio del oficialismo y la apertura del Ejecutivo expresada en la comisión de Constitución. Así está en condiciones de ser votado en sala en su primer trámite en la Cámara. Hasta que ayer, el presidente de RN, Mario Desbordes, relató a La Segunda que planteó la semana pasada su preocupación al propio Presidente Sebastián Piñera y le representó que esa iniciativa no está en el programa de gobierno.

“El concepto de autonomía progresiva implica reconocer a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo quieren ejercer un determinado derecho”, explica la abogada Pamela Pizarro, presidenta de Cuide Chile (entidad fundada por Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast).

—¿Qué consecuencias puede tener esto?

—Al elevar a rango constitucional este principio, la Constitución prima por encima de cualquier otra ley. Y además choca con otro principio garantizado por la Constitución, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque en la práctica limita este derecho y obliga a los padres a ceder parte de su autoridad, en este caso la patria potestad. También los niños podrían solicitar la eutanasia, si llega a ser derecho, o elegir su identidad sexual a cualquier edad.

—Algunos parlamentarios que defienden incorporar en la Constitución la autonomía progresiva aluden a una mayor protección de los niños frente a delitos sexuales.

—Lo que pasa es que el tema de los delitos sexuales ya está legislado, el Código Penal establece la responsabilidad de distintas personas del ámbito público de que si ven una vulneración tienen por obligación denunciarlo.

—¿Qué ha pasado con la autonomía progresiva en otros países?

—Por ejemplo en Noruega, Uruguay y España se ha llegado al extremo de que el Estado demanda a los padres y amenaza con quitarles los hijos. Insisto que se debe tener extrema precaución con este concepto, pues es en la práctica una expropiación del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Además, el Estado, que actualmente posee un rol subsidiario, pasaría a tener un rol predominante para que todos los niños sean formados y configurados bajo una única visión: el Estado. Y esto va totalmente contra el interés superior del niño.

La abogada previene que “hemos visto que los diputados que argumentan que se debe reconocer este principio, son los mismos que argumentaban que al menor de edad se le debía reconocer el cambio de sexo registral aun sin el consentimiento de los padres; o en el aborto. Y en el tema de la eutanasia, que hoy se está discutiendo en la Comisión de Salud, hay diputados que piden que se reconozca a los menores, incluso de menos de 14 años”.

Consultado por La Segunda, Díaz descarta un presunto apoyo del Gobierno, a cambio de un respaldo de la oposición a la iniciativa del Ejecutivo sobre los fondos del Sename. Pero sí sostiene que en el caso de la autonomía progresiva “esto fue una negociación con el ministro Gonzalo Blumel (Segpres) y su equipo, donde concordamos un texto que es el que está sometido a votación de la Sala”.

“Fuimos a ver al Ministerio de Justicia y nos dijeron ‘mira, nosotros tenemos problemas con esta reforma'. Fuimos a ver al ministro Moreno (ex Desarrollo Social) y nos dijo que tenían que ‘verlo interiormente como Ejecutivo' (…) Finalmente, (esta reforma) la pactamos en la Comisión de Constitución con el Ministro Blumel y su equipo, en persona”, afirma.

El informe de la citada comisión señala que Max Pavez, jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres, expuso que el Ejecutivo no tenía en sus planes presentar una reforma constitucional, pero que “acogieron la idea que tienen los parlamentarios de poder legislar en esta materia”. El texto agrega que la Segpres, tras conversaciones entre Blumel y “algunos parlamentarios fundamentalmente de oposición”, manifestó “su disponibilidad para concurrir con un texto que tuviera el acuerdo de la comisión”.

Sin embargo, el subsecretario Claudio Alvarado, a través de mensaje escrito, señaló a La Segunda, que el “Ejecutivo no comparte la incorporación de la autonomía progresiva” y comentó que en su Agenda de Infancia, el Gobierno “contempla 94 medidas, más de una decena son iniciativas legislativas y en ninguna se menciona esta reforma constitucional”.

“Yo estoy muy sorprendido porque veo que el Gobierno se desentiende, porque entiendo que el ministro Blumel representa al Gobierno”, comenta Díaz.

Reacciones extremas en el oficialismo genera esta reforma.

El diputado Cristóbal Urruticoechea (RN) asegura que rechazará este proyecto. A su juicio, la autonomía progresiva entra en conflicto con algunas instituciones del derecho civil, como la patria potestad y podría contravenir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. “Es un proyecto medianamente perverso, porque al aflorar parece bueno, pero no ha tenido buenos resultados en otros países. No se puede poner a los hijos delante de sus padres, que son sus primeros educadores”, dice.

No obstante, su par de RN, Gonzalo Fuenzalida, cree que el principio de la autonomía progresiva ya está reconocido en la legislación, por ejemplo, en la ley de entrevistas videograbadas para niños víctimas. Incluso está incorporada en la Convención de Derechos del Niño. “Toda la ley de responsabilidad penal adolescente está basada en la autonomía progresiva. Lo mismo ocurriría con el control de identidad adolescente”, explica. Por lo tanto, no cree que genere una ola de recursos judiciales de hijos contra padres.