Solo con la compañía de su abogado Maximiliano Murath, se presentó el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, a la audiencia en que fue formalizado por el presunto delito de lavado de dinero por el persecutor de la fiscalía Centro Norte, José Morales. Frente el juez Ponciano Sallés, defensor y defendido no dejaban de realizar correcciones a la minuta que les entregó el fiscal.

Las maniobras cuestionadas acaecieron entre 2010 y 2014, cuando Fuente-Alba se encontraba al mando. La cuantía: $422 millones y US$241 mil.

Según Morales, el origen ilícito del dinero fue disimulado con siete tipos de acciones financieras. Sin embargo, el lavado que se le imputa —al menos por ahora— es un monto menor comparado con los $3.500 millones que el general (r) habría malversado desde fondos reservados, según la investigación de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

La defensa refutó los informes de la PDI, diciendo que “fueron hechos de manera poco rigurosa, omitiendo información relevante, como compraventas anteriores al período… El general tuvo más de 20 destinaciones al extranjero, ha recibido herencia”, sentenció Murath.

Sobre la herencia. Morales retrucó que “es muy antigua y no justifica las cantidades que investigamos”.

Finalizando la audiencia, el juez denegó la solicitud de prisión preventiva, considerando que Fuente-Alba ya tiene esa medida, dictada por Rutherford.

Las fórmulas de lavado de activos, siempre según Morales, son:

Entre 2010 y 2014 Fuente-Alba adquirió vehículos de lujo por $90 millones en total. A la cifra llegó contabilizando las compras, devoluciones, recompras y ventas posteriores a familiares. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 2010 adquirió un Porche en $31 millones. De la compra se desistió ocho meses después para derivar la plata a un fondo mutuo. Al mes siguiente, compró otro auto por $37 millones en la misma automotora, que también devolvió. El procedimiento le habría permitido evitar las inscripciones y así triangular el dinero, disimulando el origen.

Entre 2011 y 2016, Fuente-Alba mantuvo 15 tarjetas de crédito personales y dos con su cónyuge, distribuidas en 8 cuentas bancarias. Las tarjetas “fueron utilizadas para distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de esta cantidad de productos”. Así, dijo Morales, realizaba traspasos entre cuentas el mismo día o en días consecutivos y ciertos pagos los hacía con cuentas “segundarias”, que eran cubiertos con fondos de la cuenta principal.

Entre 2011 y 2015 realizó operaciones de inversión en depósitos a plazo, fondos mutuos y un seguro de vida con ahorro “con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los bienes”. Una vez que asumió como comandante en jefe duplicó los aportes al seguro de vida con ahorro, además de realizar dos aportes extraordinarios en 2014 de $140 millones y $152 millones, financiándolos con “la mezcla de dineros ilícitos y ganancias de inversiones”.

Registró cinco créditos no hipotecarios y la mayoría fueron prepagados. Según la fiscalía, el objetivo fue “inyectar fondos que no forman parte sus ingresos legales”, permitiéndole aparentar la disposición de dineros para realizar nuevas inversiones.

Considerando que los gastos reservados se entregan en billetes, el fiscal dijo que el general “buscaba no ocupar dinero en efectivo en compras o restaurantes, de forma de disimular la alta disposición de efectivo, pagando con tarjeta”, cuyo cupo luego cancelaba por caja.”.

Entre 2010 y 2015 realizó compra y venta de inmuebles “entre él y dos de sus hijos”. Morales detalló que en la compra de un fundo en Colina, se escrituró un precio menor en $84 millones a lo realmente pagado.

Según el fiscal, el general utilizó a su cónyuge Anita Pinochet para inscribir bienes a su nombre y además le inyectó fondos de origen desconocido a su cuenta corriente y tarjetas de crédito.