Si hay un poder atomizado en el país, es el de los rectores.

En Santiago es clara la influencia política que tienen los rectores Ennio Vivaldi (Universidad de Chile), Ignacio Sánchez (Universidad Católica), Carlos Peña (Universidad Diego Portales) y Harald Beyer (Universidad Adolfo Ibáñez).

En regiones es más tenue. Si bien cada rector goza de cierta visibilidad en su región, algunos han desarrollado un mayor grado de relevancia al cultivar redes políticas, empresariales y culturales que los sitúan en escenarios que van más allá de las ciudades donde están las universidades que dirigen. Los dos ejemplos más claros son Aldo Valle (Universidad de Valparaíso) y Álvaro Rojas (Universidad de Talca).

Mientras que a Valle lo sondean como posible candidato para gobernador regional, Rojas ya tiene en su curriculum haber sido ministro de Agricultura y embajador en Alemania, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Sin embargo, el poder que poseen algunos rectores también emana del propio sistema.

“Lo que les da fuerza a los rectores, y no han potenciado, es la capacidad académica y profesional que tienen de hacer planteamientos a la élite política y a la clase gobernante. Ese es su mayor potencial”, dice José Joaquín Brunner, investigador y exministro.

En América Latina, los rectores suelen ser figuras políticas muy relevantes y muchas veces pertenecientes al partido de gobierno.

“Acá en Chile es distinto, los rectores están casi por encima del bien y del mal en la política coyuntural. Así que son sus contactos y redes lo que les da poder de negociación”, dice Brunner.

La diferencia ocurre —en parte— por el régimen de financiamiento que tiene el sistema universitario chileno. “En América Latina, la mayor parte del presupuesto de las universidades proviene del gobierno de turno, dependen del mundo político. Acá, el nivel de autofinanciamiento es alto y las universidades deben buscar recursos por todos lados”, agrega.

Pero esa independencia dura hasta que se tramitan leyes que los afectan. Es lo que ocurrió en 2017, cuando la reforma de educación superior de Bachelet obligó a los rectores a articularse políticamente en dos bandos: los de las universidades estatales y los privados con aporte estatal.

Actualmente hay más de 60 universidades que en conjunto superan el millón 200 mil alumnos, pero el nivel de diferenciación y clasificación entre ellas es creciente. Están las acreditadas y las que no, las públicas y las privadas, las estatales, las privadas que reciben aporte estatal (por ejemplo, las católicas), las privadas que no tienen apoyo del Estado, las regionales, las adscritas a gratuidad... y suma y sigue.

En ese sentido, la competencia entre ellas —y que cada grupo insista en que su peculiaridad es más importante que la del resto— ha debilitado su influencia como grupo.

Otros regionales

Otras rectores influyentes en regiones son Claudio Elórtegui (Universidad Católica de Valparaíso) y Emilio Rodríguez (Universidad de Tarapacá).

Al primero se le reconoce como “progresista con mucho vínculo DC” y ligado a economistas de Cieplán. Fue seremi de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin (el DC Alejandro Foxley era ministro).

Mario Marfán, José Pablo Arellano y Ricardo French-Davis figuran entre sus contactos permanentes, al igual que Fuad Chahin (presidente actual de la DC) y los hermanos Walker (Ignacio y Matías, exsenador y actual diputado, ambos DC).

El rector Rodríguez, de la UTA, tampoco tiene militancia política, pero en 2014 fue nombrado intendente de Arica por la Presidenta Bachelet.

Entre sus amistades personales figuran los senadores José Miguel Durana (UDI) y José Miguel Insulza (PS). Y aunque fue una opción para postular al Senado, lo desechó por priorizar la academia.

Sergio Bitar (exministro PPD), José Palacios (presidente del directorio de la Universidad de las Américas) y Teodoro Ribera (rector de la Universidad Autónoma) figuran entre sus cercanos también.

“Aldo está en su mejor momento, capitalizando las redes que ha tejido”, dice un rector que lo conoce.

Va en poco más de la mitad de su tercer período consecutivo de cuatro años al mando de la Universidad de Valparaíso (desde 2008), tiempo durante el cual ha presidido tanto el Consejo de Rectores como el Consorcio de Universidades Estatales, cargos que le han dado visibilidad nacional al liderar —desde allí— el reclamo por las universidades públicas y estatales.

Es abogado, hijo de la educación pública porteña: nació en La Cruz y sus primeros estudios los hizo entre Quillota y Valparaíso. En 1975 entró a Derecho, en la sede que tenía entonces la Universidad de Chile en el puerto... pero se tituló de abogado de la Universidad de Valparaíso (vivió la desarticulación de la red de universidades públicas existentes hasta 1981).

Uno de sus mentores es Agustín Squella. Partió como su asistente en investigación, luego su ayudante en Introducción al Derecho, después jefe de gabinete cuando el Premio Nacional de Humanidades fue rector de la U. de Valparaíso y secretario general del plantel en el segundo período de rector de Squella.

Cercano al mundo PS y PPD (militó en ambos partidos), Valle encabezó la dirección jurídica de la Subsecretaría de Pesca en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, momento en que tejió redes con el mundo concertacionista.

A la rectoría llegó casi por obligación. Llevaba poco más de un año como decano de Derecho, cuando una crisis financiera (y una toma estudiantil de más de tres meses) estalló en el plantel, provocando la renuncia —a fines de 2007— del entonces rector Juan Riquelme.

Su “ponderación” le valió ser escogido como “hombre de consenso” y asumió el plantel con un déficit de $16 mil millones y un presupuesto total de $35 mil millones. Hoy, el presupuesto universitario supera los $100 mil millones.

Se identifica con la centroizquierda, con ideas progresistas y la socialdemocracia. Pero ahora está mucho más ligado al Frente Amplio. De hecho, fue uno de quienes apoyó a Jorge Sharp para la Alcaldía de Valparaíso.

Con el alcalde porteño generó un diálogo fluido, con mucho intercambio de ideas, que se mantiene hasta hoy.

Sus pares le reconocen que es ponderado, claro y cuidadoso de que lo que transmite en privado lo pueda mantener en público.

También es capaz de sentarse a conversar sus diferencias políticas y de marchar llevando los lienzos.

De hecho, en 2011 encabezó una marcha estudiantil hasta el Congreso, para pedir a los parlamentarios intervenir para mejorar la educación universitaria estatal. Dos años antes, en 2009, también había marchado por “la defensa de la universidad pública”.