Un niña de cinco años diagnosticada con trastorno del espectro autista no clásico fue adoptada por una pareja homosexual de Copiapó, según informa hoy el diario Chañarcillo. Ello, cuando en el Congreso aún se discute el proyecto de ley que podría permitir esa opción a personas del mismo sexo.

La pareja está conformada por Jonathan (33), un periodista y asesor de comunicaciones de la Superintendencia de Educación de Atacama, y Sebastián (24), estudiante de turismo. Ellos contaron que el estado civil de ambos es “soltero” y que si hubieran firmado el AUC no habrían podido adoptar. Por eso, solo uno comenzó con el proceso, Jonathan, el mayor.

En 2016, Jonathan empezó a asistir a los talleres de preparación que imparte el Sename, cuando a medio camino del proceso —que es anual— le preguntaron si vivía en pareja. Tras responder que era un hombre le pidieron empezar todo de nuevo, pero esta vez acompañado por Sebastián. “Nos agradó profundamente la posibilidad de compartir juntos el proceso de adopción”, dijo Jonathan, y Sebastián agregó: “Mi único sueño es tener la posibilidad de cambiar la vida de un niño”.

En diciembre de 2017, el Tribunal de Familia les entregó a Catita, proveniente de una residencia del Sename, y Jonathan tuvo derecho a posnatal de tres meses. La recibieron en tratamiento médico, con déficit atencional y carencia afectiva, entre otros problemas. “Actuaba casi como un robot, eran solamente tres las palabras que comúnmente pronunciaba”, resumió Jonathan.

Pero le cambiaron el nombre, le dieron atención y la metieron a prekínder. “Nos dedicamos a nuestra hija entregándole lo mejor, atenciones, una adecuada formación y, por cierto, bastante cariño y amor. Es nuestra princesita”, concluyó Sebastián.

Un día sándwich se tomó el Tercer Tribunal Oral en lo Penal el lunes de la semana pasada, antes del feriado del 21 de mayo, haciendo una pausa al juicio oral del caso Corpesca, que tiene entre sus acusados al exsenador UDI Jaime Orpis, por delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco.

El descanso grafica lo agotadora que está resultando la causa para los intervinientes, cuya vista comenzó el 25 de marzo de este año y que las partes creen que incluso podría prolongarse hasta 2020.

El abogado querellante Mauricio Daza —quien representa a la fundación Ciudadano Inteligente— ya está molesto por la demora del juicio y apunta a las tres juezas que lo conducen (Doris Ocampo, Claudia Bugueño y María Inés González), pues las considera responsables de dilaciones innecesarias.

—Siempre se habló de que el caso duraría meses. Pero se dice que cree que podría extenderse más de lo previsto.

—Más allá de que se trata de un juicio en el cual se va a presentar abundante prueba, y que se preveía largo, la singular dinámica del tribunal hace pensar que se va a transformar en el juicio oral más extenso de la reforma procesal penal.

—Dice “dinámica del tribunal”. ¿Hay responsabilidad de las juezas?

—No es habitual que un tribunal pida que se le entreguen tres copias físicas de cada documento que se va a incorporar, cuando por ley se deben ingresan al juicio mediante su lectura. Esto resulta especialmente complejo cuando se han ofrecido miles de documentos para ser aportados al juicio. Tampoco es normal que el tribunal haga preguntas a los testigos, interrumpiendo el interrogatorio que hace el ministerio público.

Y añade: “El tribunal se ha dedicado objetar preguntas manifiestamente pertinentes de los fiscales o querellantes, aun cuando las defensas de los acusados no las han cuestionado. Es así como, sin objeción alguna de la defensa, el tribunal nos impidió hacerle preguntas a Jaime Orpis a fin de que aclarara y especificara sus dichos acerca del financiamiento de la política a través del pago de facturas falsas, especialmente respecto de que ‘todos hacían lo mismo' que él en esta materia”.

—¿Se ha burocratizado el sistema?

—Uno podría pensar que esto se debe a que existe una forma de actuar anclada en la lógica del proceso penal inquisitorio antiguo, pero ya han pasado más de 15 años desde el inicio de la reforma procesal penal como para que estas cosas sigan pasando. He participado en varios juicios complejos y extensos, como Cascadas, Kodama y el caso Bombas, entre otros, pero nunca vi un tribunal actuar de esta forma. Esto se ha planteado formalmente a través de peticiones que hemos hecho durante el transcurso del juicio… Se pone en riesgo el trabajo de todos quienes hemos intervenido en este juicio.

—¿Se puede invalidar el juicio?

—Espero que no ocurra. En todo caso, ya se han planteado varios incidentes en el juicio preparando ese escenario.

—¿Qué incidentes?

—Múltiples incidentes de nulidad procesal, que se han ventilado en el juicio por distintos intervinientes. Esto afecta finalmente a todas las partes, ya que independiente del resultado final, hay cuestionamientos serios y fundados a la forma como se está desarrollando el juicio.

Y concluye: “La idea es que un juicio oral, que incluso podría llegar a extenderse más allá de este año, se realice de forma expedita, pero respetando los derechos de las partes y los principios que fundan el nuevo sistema procesal penal. Si no, estamos en el peor de los mundos, donde lo peor del sistema antiguo se mezcla con las complejidades propias de un proceso oral”.