La revista Punto Final es una de las publicaciones más interesantes en el Chile revolucionario de la década de 1960 y primeros años de los 70. Desde el punto de vista ideológico y político, destacó por su asertividad, espíritu combativo y gran acopio de documentos, pese a que tuvo un modesto comienzo en septiembre de 1965, unas semanas después del nacimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con cuyos postulados se identificaba.

De hecho, en su primer número se definió como “un folleto que aparecerá dos veces al mes y divulgará reportajes sobre asuntos que inquieten a la opinión pública”. En cuanto a su posición, se definía “democrática y de avanzada”, convencida de que “las grandes masas son las protagonistas de la historia”, por lo cual se ponía a su servicio. Finalizaba señalando lo que se convertiría en parte de su estilo periodístico: “no rehuirá la polémica”, afirmando que tampoco “sentirá temor de decir la verdad”.

En su N° 2, del mismo mes, Punto Final comenzaría a mostrar una de sus características principales: su marcada línea en contra del presidente Eduardo Frei Montalva y la administración de la Democracia Cristiana. Cuando el gobierno se acercaba a su primer año, el periodista Eugenio Lira Massi publicó en la revista “una serie de retratos en forma directa y franca de los hombres del Gobierno”, bajo el título “Frei y los desconocidos de ahora!...”. La primera descripción era para el propio Frei, a quien definía como “un ser extraño”, “se ríe entero... su risa contagia”, que “tiene una habilidad extraordinaria para hacer entrar en confianza a la gente”. Los demás retratos son de Bernardo Leighton, Juan Hamilton, Germán Becker, Jorge Cash, Domingo Santa María, Raúl Troncoso y algunos otros, en general tratados con respeto, ironía y críticas.

Precisamente a través de las páginas de Punto Final, el líder socialista Salvador Allende, candidato presidencial en 1964, hizo un duro balance sobre el primer año del gobierno de Frei, su revolución y su partido. Allende denunciaba que “la ambigüedad y las contradicciones son características esenciales de la democracia cristiana”, que se trataba de un partido dividido, criticaba el funcionamiento de la economía, el déficit en la construcción de viviendas, “la sumisión a los intereses extranjeros” y el programa de Promoción Popular. En 1968, a través de la misma publicación y ya como Presidente del Senado, Salvador Allende sintetizó “el fracaso del gobierno democratacristiano”, expresado en un alto grado de descomposición: “en tres años se esfumaron los treinta que pretendían”. Acusaba la existencia de una fuerte represión y ofensiva contra la izquierda chilena, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. La entrevista aparece con el expresivo titular de la denuncia de Allende: “Frei arrastra el país al caos” (Punto Final, N° 54, 7 de mayo de 1968).

Las portadas de la publicación iban en la misma línea, al menos desde 1966. Veamos algunos ejemplos: “Los nuevos ricos del gobierno” (PF 16, noviembre de 1966); “¿Marcha de Frei al fascismo?” (PF 21, enero de 1967); “La colosal estafa de los chiri-bonos” (PF 42, noviembre de 1967); “Sangre del pueblo ahogó la ‘Revolución en Libertad'” (PF 43, diciembre de 1967); “Su Majestad el Presidente”, con la bajada “El Estado soy yo” (PF 46, enero de 1968); “Los penúltimos escándalos de la DC” (PF 58, julio de 1968); “5 nuevos escándalos de la DC” (PF 61, agosto de 1968); “Fraude aduanero para financiar la caja electoral gobiernista” (PF 72, enero de 1969); “El PDC trafica con monedas de oro” (PF 74, febrero de 1969). Todos esos ataques a la administración todavía no alcanzaban su expresión más alta, que aparecería después de los sucesos de Pampa Irigoin, con consecuencias para la propia publicación izquierdista.

“Señor Frei: usted es responsable”, era el lapidario titular de portada de Punto Final N° 77, del 25 de marzo de 1969. Debajo recordaban las palabras del propio Frei Montalva, cuando era senador en 1962: “Cuando el pueblo pide pan, le dan balas, cuando pide trabajo, le dan balas, y cuando pide techo, le dan balas...”. El número anunciaba un reportaje completo a la masacre de Puerto Montt.

El editorial resaltaba “la estirpe fascista de la Democracia Cristiana”, que relucía tras la matanza, la tercera durante sus años en La Moneda. Volviendo la vista a la historia, el director de la publicación, Manuel Cabieses, denunciaba la génesis de la Falange Nacional, “influenciada por los movimientos fascistas de España, Portugal e Italia”, a la vez que acusaba a Frei de haber defendido a Hitler y Mussolini desde las páginas de El Tarapacá, periódico que el Presidente de la República había dirigido en Iquique durante la década de 1930. Un artículo central de la revista, bajo la firma de Jaime Faivovich, culpaba directamente a Frei de los sucesos de Puerto Montt; señalaba que el Presidente era el responsable “de este Estado policial que está pesando cada vez más sobre el pueblo, con el fin de amedrentarlo, de silenciarlo, de impedirle combatir por sus derechos”. Finalmente, estimaba que el lema de “Revolución en Libertad” había cambiado por “Gobernar es masacrar al pueblo”.

Por último, un artículo firmado por Rodrigo Alvayay y José Miguel Arteaga analizaba el Grupo Móvil de Carabineros, que interpretaban como “un grupo destinado a perpetuar los privilegios de la burguesía a través de la represión política de las clases explotadas”. Bajo una lógica de lucha de clases, y con citas teóricas de Marx y Engels, concluía reflexionando contra la violencia estructural del Estado chileno, ejercida contra los sectores populares y que hacía de la libertad “una palabra hueca”: “Que así sucede con los campesinos y obreros lo prueba el Grupo Móvil, pues cuando aquellos eligen libremente lo que quieren de ‘su' gobierno, dinero para sobrevivir, un sitio donde habitar, entonces el gobierno se expresa a través de esa violencia ostensiva que no es sino la parte más visible y singular de una violencia ‘invisible' que está por todas partes” [destacado en el original].

Las acusaciones contra Frei generaron reacciones en el oficialismo. El diario de gobierno La Nación (28 de marzo de 1969) acusó a la “revista comunista-pekinista” —así califica a Punto Final— de actuar con fanatismo político y de desconocer conceptos como orden público, democracia o institucionalidad. La conclusión era, a su vez, acusadora: “su desesperada pretensión de sacudirse de la terrible responsabilidad que a todos los predicadores de la violencia cabe en estos hechos, ha resultado contraproducente al conducirla a tan penosa y censurable publicación”.

En realidad, los sucesos de Puerto Montt habían alterado gravemente la situación nacional. Como resume Arturo Olavarría Bravo en Chile bajo la Democracia Cristiana (tomo 5, Editorial Nascimento), “en el campo judicial comenzaron a llover las querellas criminales”. Desde luego, hubo tres contra Carabineros, una de ellas de parte de los familiares de los pobladores muertos. Sin embargo, el gobierno también jugó sus propias cartas, querellándose contra el diputado electo Luis Espinoza, a quien sindicaba como el instigador de los sucesos de Pampa Irigoin; otra contra la revista Punto Final, cuyas publicaciones estimó ofensivas contra el ministro del Interior y el subsecretario de la misma cartera.

La Ley N° 6.026, de Seguridad Interior del Estado establecía diversas penas para quienes cometieran delitos contra el régimen democrático de gobierno. Entre las conductas que serían castigadas se encontraban las siguientes: inducir a los miembros de las Fuerzas Armadas a la indisciplina y desobediencia; incitar a la subversión o la violencia contra el gobierno o la rebelión contra la forma de gobierno de la República; “propaguen de palabra, por escrito, o por cualquier otro medio, en el interior, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas, destinadas a perturbar el orden, tranquilidad y seguridad del país, el régimen monetario o la estabilidad de los valores y efectos públicos”.

Como resultado de sus invectivas, el gobierno decidió cerrar Punto Final, en aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. La publicación, y su director Manuel Cabieses, enfrentaron “cinco juicios distintos”: dos por “ofensas” a Carabineros y a su director, ante la Justicia Militar; dos ante la justicia ordinaria por “injurias” contra el Partido Demócrata Cristiano y el subsecretario del Interior; finalmente una ante un ministro de corte, por “infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado”.

En la práctica, la revista dejó de aparecer de inmediato, mientras seguían los juicios, lo que Punto Final consideraba una inaceptable censura previa y total. La medida se extendió por un mes, durante el cual la revista no se publicó, reapareciendo en mayo con una elocuente portada: “Señor Frei. Otra vez en la pelea” (N° 78).

Durante abril, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, hubo numerosas adhesiones hacia la publicación, manifestaciones de solidaridad que incluso llegaban desde el extranjero. Una de las actividades más significativas fue el festival “¡PUNTO FINAL no callará!”, que se realizó en el Teatro Municipal de San Miguel “Domingo Gómez Rojas”, y que contó con la colaboración decidida del alcalde Tito Palestro. En la ocasión estuvieron presentes artistas como Ángel Parra, el grupo Quilapayún y Patricio Manns, entre otros. El objetivo era recaudar fondos “para adquirir ejemplares del Diario del Che Guevara”, cuya imagen destacaba detrás del escenario (“Afecto popular rodea a Punto Final”, PF 78). A ello se sumaron manifestaciones de apoyo de sindicatos, estudiantes, grupos socialistas y católicos de izquierda, quienes coincidían en defender a los periodistas de Punto Final y condenaban su clausura. También un grupo de estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica manifestó su condena contra la actitud del gobierno y la violación a la libertad de prensa, señalando que “la apología de la violencia revolucionaria no es delito” y que era la ley chilena la que mantenía un orden social injusto, que permitía “usar la violencia de los Carabineros y del Ejército en contra del pueblo”, y por lo mismo era una ley que ya no servía y no debía ser respetada.

Punto Final expresó su propia condena hacia la actitud del gobierno, que a su juicio se había caracterizado “por convertir la represión en un método político” y que era “convicto de reiteradas masacres contra el pueblo”. En un interesante artículo titulado “El proceso a Punto Final”, firmado por Jaime Faivovich, la publicación reiteraba ser “una revista de divulgación ideológica... que no ha ocultado su posición revolucionaria”. Agregaba que muchos dirigentes de la propia Democracia Cristiana habían usado las páginas de la revista para hacer sus planteamientos, “varias veces coincidentes con los nuestros”: recordemos a Rodrigo Ambrosio, Enrique Correa y Juan Enrique Vega, todos presidentes de la JDC. Por otra parte, reivindicaba el derecho a desarrollar “la tesis de la lucha armada”, que solo recoge “las enseñanzas del marxismo leninismo”, con lo cual está ejercitando la libertad de pensamiento, que Frei sostenía “que no podía vulnerarse en ningún país civilizado”. Por lo demás, los partidos Comunista y Socialista también profesaban la misma doctrina marxista leninista y tenían existencia legal y difundían sus obras. Una conclusión central del texto señalaba que “la violencia y la lucha armada son los temas centrales y candentes de la discusión y la confrontación política e ideológica” (PF 78, mayo de 1969).

Es necesario entender la situación de fondo que vivía en Chile en 1969, donde se inserta la clausura de Punto Final. El estilo agresivo de la publicación contra Frei y su administración y el tono de evidente polarización política que adquiría el debate de aquellos días debe entenderse en una perspectiva más amplia. Por una parte, desde comienzos del gobierno de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista había advertido que le negaría “la sal y el agua” a Frei, en una clara muestra de intransigencia e ideologización. Por otra parte, las tensiones de la democracia chilena eran evidentes y se manifestaban al menos en dos aspectos relevantes: la polarización política y la legitimación de la violencia como medio para alcanzar el poder.