Con la anulación del juicio en contra del ex gerente general de las sociedades cascada, Aldo Motta, su abogado defensor, Samuel Donoso, se anotó un doble triunfo.

Por un lado, su cliente, condenado a cuatro años de libertad vigilada por manipular el mercado en el esquema de operaciones sancionado por la Superintendencia de Valores, tendrá un nuevo juicio.

Y por otro, el fallo alejó aún más la posibilidad de formalizar o condenar a Julio Ponce, el controlador de las cascadas. En simple, la Corte Suprema sostuvo que hubo infracción al principio de “congruencia”, pues el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal que condenó a Motta consideró que era imposible que Ponce Lerou no conociera los movimientos de las sociedades y que hubo un plan urdido de su parte, pues un gerente general no tiene atribuciones por sí solo. Ese hecho, sin embargo, no estaba presente en la acusación del Ministerio Público, lo que tomó por sorpresa al abogado de Motta y vulneró su derecho a defensa, según el fallo.

Donoso tiene otro cliente ligado estrechamente a Julio Ponce: Patricio Contesse González, el ex gerente general de SQM, quien se negó a colaborar con la investigación sobre financiamiento irregular a la política. Algo que lamenta Carlos Gajardo, el fiscal que llevó el caso durante diez meses y salió por instrucción del fiscal nacional, Jorge Abbott. “Una llave muy importante para haber conocido toda la verdad era haber logrado un acuerdo con Patricio Contesse para que colaborara con la investigación y entregara toda la información que tenía. En dos sentidos: respecto a la responsabilidad de Julio Ponce y a la participación de los políticos que habían solicitado financiamiento”. Y agrega: “Contesse se mantuvo siempre en una posición de no colaborar, que le era muy funcional a los intereses de esas otras personas, pero que, desde mi punto de vista, es perjudicial para su propia defensa, por cuanto le impidió obtener un atenuante de colaboración sustancial con la investigación”.

A sus 54 años, Donoso es considerado uno de los abogados más políticos de la plaza: fue secretario general del PPD, presidente del Tribunal Supremo y miembro de su comisión política. Aunque la militancia terminó siendo incompatible con el ejercicio de la profesión, a juzgar por sus dos renuncias al partido. La última, en marzo de 2015, fue sin retorno y se originó por las críticas al interior del PPD por la defensa de Contesse y su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir que la fiscalía accediera a la contabilidad de SQM. Y así evitar que se tirara la hebra de los aportes ilegales que realizó la compañía a campañas políticas por casi US$15 millones entre 2009 y 2014.

Abogado y magíster en Derecho Público, es amigo del senador PPD Guido Girardi, a quien en 2006 salvó de perder el fuero e ir a juicio en la querella por injurias interpuesta por un grupo de ejecutivos de las AFP, a los que tildó de “delincuentes de cuello y corbata”. Con un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, logró que no fuera a tribunales.

Al año siguiente se hizo cargo de Ricardo Farías, el exjefe de gabinete de Girardi, querellado por fraude al fisco por incluir dos facturas falsas de la empresa Publicam en los gastos rendidos ante el Servel en la campaña a senador por Santiago Poniente de 2005.

SQM no le era una empresa desconocida. Ni su controlador Julio Ponce, a quien representó junto a Juan Pablo Hermosilla —ambos fueron socios en Hermosilla & Cía.— en una querella contra Moneda Asset, en 2013, que no pudo ser probada, por lo que la causa se sobreseyó.

Su ex partner, Juan Pablo Hermosilla, integra una familia históricamente ligada a SQM. Nurieldín, su padre, y Luis, su hermano, han sido asesores legales de la compañía.

Cuando recién partía el caso SQM, Donoso protagonizó un polémico episodio: se presentó como “asesor” del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (también PPD), en una reunión con el director del SII, Michel Jorratt, y lo conminó a no seguir adelante con las querellas por boletas falsas que encubrían las platas políticas de SQM. Nunca dijo que era defensor de Contesse.

En 2013, a solicitud del extimonel del PPD Sergio Bitar, defendió ad honorem a Michelle Bachelet y a Bitar (como exministro de Obras Públicas) en una querella por mal uso de recursos fiscales de un grupo de vecinos de La Pintana que resultó sobreseída. También fue parte del equipo formado por Enrique Correa y el penalista Luciano Fouillioux, para alejar cualquier responsabilidad de Bachelet en la alerta fallida del maremoto en 2010. Donoso tomó la defensa de Patricio Rosende, exsubsecretario del Interior de la primera administración de la expresidenta.