De los $28.348.928.198 fijados en marzo como cifra total del fraude en la Intendencia de la policía uniformada, el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Contraloría, el OS7 y la Contraloría de Carabineros logró catastrar hasta marzo de 2019 entre $6 mil millones y 7 mil millones de pesos factibles de retornar a las arcas fiscales. Es decir, hasta el momento alrededor de 25% podría ser recuperado.

El porcentaje está compuesto por bienes ya incautados, como 140 inmuebles, 132 vehículos, 41 caballos y un yate; sociedades detectadas; testaferros descubiertos con parte del botín; acciones en empresas chilenas y extranjeras embargadas; depósitos a plazo y entregas voluntarias de dinero en efectivo, realizadas por algunos imputados con la esperanza de aminorar el castigo penal.

Caso especial es el de los vale vista, una forma de esconder dineros, que no había sido descubierta en otros casos. Es simple, pero eficaz: se entrega plata al banco para que éste entregue un vale vista, que no queda registrado en el patrimonio de la persona y que se puede cobrar en cualquier minuto. Uno de los imputados que más usó el mecanismo fue el coronel (r) Fernando Pérez Barría, con $280 millones en ese tipo de documentos.

Los bienes fueron solicitados para custodia fiscal en la acusación que el Ministerio Público presentó la semana pasada en la causa. Pero la recuperación efectiva de esos dineros dependerá de lo que dictamine el tribunal oral en lo penal, donde se llevará a cabo el juicio por asociación ilícita, lavado de activos y malversación, que los últimos dos años investigó el fiscal Eugenio Campos. Ahí también se debatirá la solicitud de recuperar mil millones de pesos a través de los desahucios de los acusados, que están congelados por una solicitud de Carabineros al Ministerio Público.

El cálculo de lo que queda por recuperar aún no es oficial, y aunque el 75% que aún falta parece elevado, al menos en términos porcentuales no se aleja de otras causas por grandes fraudes (ver recuadro de página 9). El Ministerio Público sigue algunas pistas del dinero y por ello, aunque el plazo de investigación culmina hoy, se podría abrir una arista separada de la causa central, por ejemplo, en el caso del coronel (r) Fernando Pérez Barría.

A él se le imputa haber recibido unos $3 mil millones y parte de su botín podría estar en el extranjero: un cuñado denunció que él viajó a Miami con su señora y su madre, justo en la época en que se descubrió el fraude, y dijo que habían realizado operaciones en un banco de allá.

El fiscal Campos ya abrió una investigación separada respecto de los familiares de los imputados que aparecen recibiendo dineros. En el expediente constan esposas, hijos y hermanos que, personalmente o a través de sociedades, recibieron inyecciones sospechosas.

Algunas incautaciones de esa arista ya se han producido. Por ejemplo, de la empresa de transportes Valcar, con camiones y buses interurbanos operando en Chillán. De ellos, están embargados dos vehículos que, se corroboró, fueron comprados con dineros del “Pacogate”, aportados por el excapitán Pedro Valenzuela.

La situación del general (r) Iván Whipple es similar respecto de un grupo de colegios ubicados en Rancagua, los que están a nombre de su hermana.

Según documentos del caso a los que accedió “La Segunda”, los investigadores dieron con transferencias bancarias como las del coronel (r) Jaime Paz, quien entregó $215 millones a su esposa; el excapitán Nelson Valenzuela, quien dividió $150 millones entre dos exparejas, una pareja actual, una prima, un hermano y su padre, y el excapitán Pedro Valenzuela San Martín hizo lo mismo con exparejas, un hermano y una hermana, con $162 millones.

Como algunos familiares compraron autos y propiedades, la fiscalía espera requisar esos bienes en la nueva etapa de la investigación.

Una característica del “Pacogate”, que en parte explica la dificultad para lograr un retorno más elevado a las arcas fiscales, es que la mayoría de lo defraudado fue distribuido entre 17 de los 24 acusados. Cada uno recibió entre $1.000 millones y $3.000 millones, y aunque muchos adquirieron bienes e invirtieron, también gastaron altas cifras en compras que, por su naturaleza, evaporan el dinero.

Algunos acusados registran viajes dentro y fuera de Chile. Por ejemplo, el coronel (r) Fernando Pérez Barría entre 2008 y 2017 salió con su madre y su pareja, Judith Vásquez, a Río de Janeiro, Buzios, China, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia, Buenos Aires, Cancún y Miami. Una vez, en 2011, invitó a sus cuñadas y concuñados a celebrar el cumpleaños de su pareja a Isla Margarita.

También desembolsó $57 millones entre 2008 y 2016 a nombre de un cirujano dentista amigo suyo, justificando esas transferencias con tratamientos para él y su madre. Dicen, quienes lo conocen, que prácticamente “se hizo los dientes de nuevo”... y que justo cuando se detectó el fraude, estaba programada una cirugía estética.

Por su parte, el comandante Robinson Carvajal dijo haber pagado un curso de inglés para su hijo en Oxford; el excapitán Carlos Rojas, aparte de ser un motorista viajero, usaba limusina, helicóptero y viajaba a Las Vegas.

De uno de los principales acusados —en contra de quien la fiscalía pide presidio perpetuo—, el general (r) Flavio Echeverría, se sabe que además de comprar vehículos para él y su familia realizó un MBA en el extranjero y adquirió una parcela en Olmué. Fue en ese campo, que sí está incautado, donde efectivos del GOPE ingresaron con una orden de allanamiento, buscando cajas con dinero en efectivo, que suponían que pudo enterrar en el lugar, diligencia que concluyó sin resultados positivos.

Otra fórmula con la que se perdió el dinero para el fisco salta de los análisis de las cuentas corrientes de los imputados. Registran un “uso intensivo de cajero automático”, plata gastada, dice Campos en su acusación, en “ropa, comida, cabarets, casinos de juego”. Se sabe también que varios de los implicados almorzaban frecuentemente en BordeRío... con whisky.

Y si de platas evaporadas se trata, el comandante Juan Maldonado Gutiérrez invirtió (o creyó que invertía) $130 millones en una empresa que resultó ser una estafa piramidal.

La fiscalía también tiene la dificultad de que a una parte de lo defraudado no le ha podido seguir la pista.

Por ejemplo, hay muchísimas cartolas bancarias que no pudieron ser rescatadas por los investigadores, pues los bancos dijeron haberlas destruido. No respondían necesariamente a un criterio de destrucción por fecha: un banco entregó cartolas de 2016 y 2017 de uno de los imputados, pero dijo no tener las de 2018.

Los investigadores tienen la convicción, forjada por comportamientos personales de los imputados, de que aún tienen dineros escondidos. El excapitán Francisco Estrada es un ejemplo que avala esa postura: se verificó que sus inversiones eran bajas, pero que tenía contratadas dos cajas de seguridad en el banco BCI, las que hasta mayo de 2016 (casi un año antes que se descubriera el fraude) visitaba en promedio cuatro veces al mes. Otra situación es la de la exteniente Pamela Castillo, a quien se le descubrieron cajas de seguridad sin nada en su interior.