Por considerar que la justicia militar utiliza una metodología de investigación que atenta contra los derechos humanos y la Constitución, la defensa del general de Ejército Alejandro Villagra Ramírez pidió que la jueza que investiga el fraude en la rama castrense, Romy Rutherford, decrete nula la declaración que dio el viernes 5 de abril de 2019 y los dos careos a los que lo sometió los lunes 8 y 15 de abril, con imputados con los cuales tuvo contradicciones.

Villagra tiene la calidad de inculpado por su presunta relación con irregularidades ocurridas con dineros de los viajes institucionales y de las mudanzas.

El escrito fue presentado en el tribunal por el jurista Juan Carlos Manríquez, quien explicó que a diferencia del nuevo sistema de justicia, el que está siendo utilizado en ese caso no permite al imputado conocer los antecedentes por los que es investigado de manera previa al interrogatorio, ni contar con la presencia de su abogado, para que le advierta las potenciales consecuencias de sus declaraciones o de los permisos que otorgue, por ejemplo, para abrir voluntariamente sus cuentas corrientes. Y el ministro es además el investigador, es decir, no corre la figura de un fiscal y de un tercero imparcial (un juez que no haya indagado) que decida la suerte de la persona en un juicio.

“El general se presentó estando en servicio activo… ante una jueza que tiene un poder sin contrapeso y, además, por el solo hecho de ser citado a ciegas queda encerrado y expuesto ante la opinión pública como si ya fuera culpable, sin poder defenderse adecuadamente. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esto puede llegar a ser un caso de denegación de justicia”, afirmó Manríquez.

En el escrito cita el caso “Vera Fernández con Estado de Chile”, en que el pleno de la CIDH emitió un informe de admisibilidad favorable para la “denuncia de violación de proceso, presunción de inocencia, debida defensa, derecho al recurso, tutela judicial efectiva y denegación de justicia” causados por “el procedimiento militar vigente en Chile”.

Según el escrito, el general se presentó el 5 de abril “sin conocer previamente los antecedentes y sin saber de qué manera ellos podrían vincularlo a un hecho procesal en calidad de autor, cómplice o encubridor y, menos, cuáles sospechas lo conectarían con la necesidad y urgencia de citarlo ante vuestra señoría ilustrísima, restringiendo su libertad personal y, potencialmente, verla más afectada aún más adelante (si es procesado, será detenido)”.