Aun cuando ya han transcurrido casi tres décadas desde que el FPMR asesinara a Jaime Guzmán a las afueras del Campus Oriente el 01 de abril de 1991, y que nuestro país ha avanzado en construir una cultura que condene la violencia política y los atropellos a los DD.HH. resulta lamentable y a la vez un retroceso en este esfuerzo el que exista una ultra izquierda chilena que siga avalando sibilinamente la violencia política, y haciendo parecer héroes a terroristas.

Esta aseveración se construye a partir de los diferentes episodios en que una parte de la izquierda chilena aparece, ya sea respaldando la dictadura eterna en Cuba, dando vuelta la cara a la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, negando la nefasta situación de Nicaragua, o incluso utilizando lenguaje agresivo e intolerante. Igualmente grave es la reedición de discursos que buscan relativizar la violencia como herramienta política, como los que ofrecieron parlamentarios del Frente Amplio y ex autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet a propósito de los acontecimientos de inicio de año referidos a la postergada justicia del crimen contra el senador Guzmán.

En un contexto global en que los discursos que polarizan a las sociedades han ido creciendo y naturalizándose, se hace necesario poner atención en la irrupción de esta práctica que en nuestro país además es acompañada con mecanismos violentos que de a poco —y con diferentes intensidades— se han diseminado en las diferentes instancias de participación política, al punto de llegar a ser justificada en algunos casos, como los que describiremos más adelante.

Desde el retorno a la democracia, un factor común que ha rondado a innumerables protestas y marchas que se han llevado a cabo en Chile es la violencia con que se expresan. En la medida que avanza el tiempo, este fenómeno, lejos de irse aminorando se ha profundizado. El año 2018 es un claro ejemplo de esta preocupante situación. Recién a su inicio fue noticia la “funa” y golpiza al ex candidato presidencial José Antonio Kast al visitar la Universidad Arturo Prat de Iquique (marzo); las marchas, paros y tomas feministas estuvieron cargadas de lenguaje y expresiones violentas, incluso contra figuras sagradas de la Universidad Católica (mayo); los denominados “overoles blancos” que organizaban protestas en colegios rociaron con bencina a una profesora, y lanzaron bombas molotov a carabineros (septiembre); el presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica fue brutalmente agredido en plena vía pública (diciembre). Finalmente, la exhibición de los rostros acribillados del Presidente Piñera, Jacqueline Van Rysselberghe, José Antonio Kast y Jaime Guzmán en el festival Lollapalooza este fin de semana, terminan de constatar la violencia con que se vienen expresando los malestares desde hace ya bastante tiempo.

Sin embargo, ha sido la figura del senador Jaime Guzmán Errázuriz el centro de ataques violentos de un sector de extrema izquierda el año pasado.

A inicios del 2018, a las afueras del Congreso Nacional, el diputado Boric se reunió con manifestantes a favor de Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, condenado por ser autor material del asesinato de Jaime Guzmán. En dicha ocasión, el diputado Boric exresó su apoyo Hernández Norambuena y al legado del FPMR.

En junio del año pasado, la diputada Marcela Hernando (PR), presentó un proyecto de resolución que pretendía eliminar toda alusión a Jaime Guzmán en los sitios públicos como calles y avenidas. Finalmente, este proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados, pero contó con el voto favorable de un número importante de parlamentarios de oposición, especialmente del Partido Comunista y Frente Amplio. A fines de Agosto pasado, los diputados Boric y Orsini se reunieron, en forma secreta, con Ricardo Palma Salamanca - autor material del asesinato del Senador Jaime Guzmán, condenado y fugado de la cárcel de Alta Seguridad en 1996. El mismo Boric señaló que la reunión fue coordinada por María Paz Santibáñez, representante de la familia, y que en ella se trató acerca de la solicitud de asilo político en favor del terrorista Palma Salamanca. En septiembre de 2018, una turba de jóvenes atacó el mausoleo de Jaime Guzmán en el Cementerio General, con frases alusivas a su muerte y palabras como “traidor” y “asesino” que fueron pintadas en los muros. En diciembre de 2018, se dio a conocer un video del año 2017, en el cual el diputado Gabriel Boric, en una entrevista concedida al programa “El Disco”, recibe del conductor una polera con una imagen del Senador Jaime Guzmán Errázuriz baleado y ensangrentado. La reacción del parlamentario al recibir la prenda fue, entre risas, de clara aceptación.

El año 2019 comenzó también con otro agravio contra la figura del senador, pues en enero se conoció el registro audiovisual en que la diputada del Partido Progresista, Marcela Santibáñez, ofendía nuevamente su figura, en una intervención realizada en la celebración de la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

Este avance de la violencia política en sus diferentes expresiones, y más aún, la normalización de esta por parte un sector de la izquierda, en la práctica sólo ha contribuido progresivamente en los últimos años a radicalizar el lenguaje, para ir avalando graves acciones que se oponen a los principios medulares de la democracia.

Entre las diferentes expresiones de violencia política que ha sufrido nuestro país las últimas décadas, el asesinato del senador Jaime Guzmán es uno de los de mayor impacto, no sólo por tratarse del único asesinato político contra un senador en ejercicio, sino además porque dicho crimen terrorista pretendió desestabilizar nuestro reciente regreso a la democracia. Por eso, y en virtud de que tanto los autores del crimen como algunos actores políticos —explícita o sibilinamente— han justificado dicho atentado como una “necesidad puntual de ajusticiamiento”, resulta necesario saber qué ha sido de aquellos terroristas que validaban sus crímenes en pos de una ideología y supuesto contexto que ameritaba actuar con violencia.

Hoy ni Galvarino Apablaza, Iván Figueroa, Juan Gutiérrez Fischmann, Enrique Villanueva, Mauricio Hernández Norambuena, Marie Emanuelle Verhoeven, autores intelectuales del atentado; ni Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete, autores materiales, cumplen una pena de cárcel en nuestro país, a pesar de haberse acreditado en el proceso judicial su participación, y de haber sido, algunos de ellos, condenados por la justicia chilena. La única que cumple condena en la cárcel es Marcela Mardones. Durante 2018 se dio a conocer el asilo político otorgado por Francia a Palma Salamanca, lo que contribuyó a la denegación de su extradición; y el encarcelamiento en México de Raúl Escobar Poblete, cuya extradición a Chile está pronta a concretarse.

Ricardo Palma Salamanca (“El Negro”): Condenado en 1994 a presidio perpetuo en calidad de autor material en el asesinato de Jaime Guzmán. Escapó de la Cárcel de Alta Seguridad en diciembre de 1996 y fue protegido después por Cuba, país al que se dirigió y donde escribió su libro “El gran rescate”. Reapareció en México en junio de 2017, vinculado a una banda de secuestros y huyó a Francia, donde fue detenido y luego dejado en libertad. En noviembre de 2018, la Ofpra le otorgó el asilo político y, posteriormente, el Estado Francés negó su extradición a Chile.

Raúl Escobar Poblete (“Emilio”): Autor material del asesinato del senador Guzmán. En 1996, comandó el grupo que realizó el rescate en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad. Participó del secuestro Washington Olivetto en Brasil y escapó a Cuba. Fugitivo hasta junio de 2017, cuando fue apresado en México por otro secuestro. En julio, la Corte Suprema chilena solicitó su extradición: autoridades mexicanas la condicionaron a que su pena no superara los 60 años, lo que aceptó Chile. Este proceso se encuentra suspendido hasta que se decida un juicio de amparo solicitado por Escobar.

Mauricio Hernández Norambuena (“Comandante Ramiro”): Condenado a presidio perpetuo en enero de 1994 como autor intelectual. También tiene otra condena por el secuestro de Cristián Edwards. Tras huir de la Cárcel de Alta Seguridad en diciembre de 1996, se dirigió a Cuba. Fue detenido en Brasil en febrero de 2002 por secuestro, siendo condenado a 16 años. Chile ha pedido su extradición, pero Brasil exige que la pena a cumplir en Chile sea inferior a 30 años.

Juan Maco Gutiérrez Fischmann (“El Chele”):

Uno de los fundadores del FPMR y tercer hombre de la máxima jerarquía junto a Apablaza y a Hernández Norambuena. Cuando detuvieron a este último, huyó, al parecer alertado por gente de la “Dirección de Informaciones y Seguridad Pública”, sucesora de “La Oficina”, organismo de inteligencia del Gobierno. Aún permanece prófugo, se especula que en Cuba, por su relación con Mariela Castro, hija de Raúl Castro.

Enrique Villanueva Molina (“Comandante Eduardo”): En agosto de 2014 se le condena a cinco años de libertad vigilada, al aplicársele la media prescripción del delito y no los 15 años recomendados por la Fiscal Judicial.

Marie Emmanuelle Verhoeven (“Comandante Ana”): En enero de 2014 fue detenida en Hamburgo, Alemania, por una orden de captura internacional vigente desde 1996. Tras ser liberada, fue nuevamente detenida en 2015 en India, pero en 2017 el gobierno indio puso fin al proceso de extradición. Se accedió así a una petición del gobierno francés, país donde actualmente se encuentra, sin orden de arresto internacional.

Galvarino Apablaza Guerra (“Comandante Salvador”): Máximo líder del FPMR desde 1988. En 1992, reivindicó el crimen para su organización. Fue detenido en Argentina en 2004, la justicia chilena pidió extramitarlo, pero la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina lo consideró refugiado político.

Marcela Mardones (“Ximena”): Expareja de Raúl Escobar Poblete, “Emilio”. En marzo de 1992 se detectó su presencia en Colliguay, junto a Escobar Poblete y a otros subversivos. En 2012 se la localizó en Cuba. Fue detenida en 2017, al ingresar a Chile huyendo desde México. Fue condenada en marzo de 2018 a 10 años y un día de presidio, como autora intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

Iván Figueroa (“Comandante Gregorio”): Parte de la cúpula del FPMR. Organizó varios de los atentados atribuidos a esta célula terrorista. Asesinado en 1995 por sus compañeros de armas, por investigar supuestas “platas perdidas” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue acusado de quedarse con ese dinero.

El fenómeno de la violencia política no es algo nuevo, a lo largo de la historia se ha visto cómo ha sido un instrumento para lograr diferentes objetivos. Si bien hay ocasiones que se enlaza al poder, por lo general la violencia política es ejercida por quienes carecen de él (Harendt 2006). El fenómeno de la violencia no es monocausal, responde a varios factores, tales como “etológicos (biológicos), psicológicos (mentales), psicosociales, simbólico-culturales, políticos, éticos e históricos” (Arostégui, 1994, p.19). Pero en particular la violencia política pretende justificarse a través de su eje discursivo. Es así que las estrategias discursivas pueden traducirse en técnicas para legitimar los actos de violencia. Por eso, autores como Van Dijk invitan a analizar el Contexto Pragmático, que es “un conjunto de datos a base del cual se puede determinar si los actos de habla son o no son adecuados” (Van Dijk, 2001), es decir, si al emitir un discurso cumple con la intención el acto de habla es eficaz. Todo esto es atingente en la medida que la extrema izquierda en Chile ha buscado legitimar actos de violencia, normalizándolos, a través de sus ejes discursivos.

En un contexto social en que somos invadidos por la información por diferentes medios, y en que la influencia de esta puede naturalizar invisiblemente un fenómeno, el riesgo de asimilar inconscientemente determinada conducta como aceptable es alto. Si aceptamos además que la ideología se transmite semánticamente como mensajes organizados en las diferentes dimensiones y capas de la vida social (no necesariamente en la esfera propiamente política), entonces, un mensaje repetido y validado en distintos momentos y por diferentes actores que valide la violencia, puede adquirir una connotación capaz de calar en la ciudadanía como una acción justificada o una verdad (Barthes, 1999). Así, cuando un televidente observa que unos diputados visitan a un terrorista que asesinó a un senador, u observa que en reiteradas ocasiones ocurren golpizas a personajes públicos y ataques a autoridades, o que el mismo parlamentario que visitó al terrorista celebra una polera con el rostro acribillado de un senador, puede obviar que es un acto violento y puede llegar a justificarlo e incluso legitimarlo.

Parecía de sentido común asumir la premisa de que nuestra democracia, fortalecida con el transcurso de los años, había dejado atrás la legitimación de la violencia como método de actuar en política. Sin embargo, los diferentes episodios que han protagonizado algunos nuevos actores el último tiempo, junto con el discurso estructural de defensa de otros a dictaduras que violan los DD. HH., obliga a una reflexión transversal sobre la necesidad de erradicar y condenar cualquier justificación de la violencia política, con el objeto de evitar que su validación permee la cultura, arriesgando incluso que la violencia política abra paso o naturalice la violencia civil (Arostégui, 1994, p.20). Esta preocupación se sostiene además en el marco de la proliferación de la llamada “corrección política” en nuestro país, la cual tiene como horizonte político -precisamente por la vía de la violencia en sus diferentes formas- acallar el pensamiento de la diferencia.

No obstante, la principal alerta del resurgimiento de la validación de la violencia política como herramienta, es que -a pesar de que ya han pasado 28 años del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, perpetrado por terroristas del Frente Manuel Rodríguez en plena democracia, y que vivimos en un Estado de derecho y en una democracia robusta- aun existan sectores (como la ultra izquierda emergente chilena) que, tras expresiones públicas y solapadas, sigan lamentablemente avalando la violencia política, haciendo apologías de quienes cometieron terribles crímenes, sin considerar la red de protección que ha montado la izquierda internacional para apoyar a los autores de este crimen.