Cuando surgieron especulaciones acerca del interés de la neozelandesa Fonterra en vender Soprole, los ojos apuntaron a la fundación eclesiástica Isabel Aninat.

Por una razón: la querella que presentó en enero en contra de los cinco directores que representan a Fonterra en Prolesur, filial de Soprole, por el nuevo delito de administración desleal, incluido en la Ley 21.121, vigente desde noviembre.

Sus penas van desde tres años y un día a 10 años de cárcel para las personas naturales, en este caso, los directores. Y si se acredita que la persona jurídica, es decir, la empresa —que sería Prolesur— obtuvo provecho de la administración desleal de sus directores, podría llegar a ser sancionada con la disolución.

Creada por el agricultor Juan Luis Undurraga con la colaboración del ex vicario general del Arzobispado y ex vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, la fundación que lleva el nombre de su madre fue la destinataria de todos sus bienes. El más importante: el 42,59% de Soprole que Undurraga mantenía al momento de su muerte en 1990.

Con la entrada de Fonterra a la propiedad de Soprole, en 2001, se crisparon las relaciones con la fundación. El primer ejemplo fue que torpedeó todo intento para que la empresa láctea chilena, la mayor del mercado, se aliara con Nestlé para fabricar y distribuir alimentos juntos y así ahorrar costos.

La pelea sin cuartel terminó en 2008 cuando le vendió su paquete accionario a Fonterra en US$201 millones, convirtiéndose en la organización de beneficencia más rica de Chile junto con la fundación Arturo Irarrázaval. Pero mantuvo el 13,6% de Prolesur, la filial de Soprole que compra leche, fabrica quesos, mantequilla y leche en polvo en Temuco, Osorno y Los Lagos, y se los vende a su matriz.

Ese fue el último punto de la discordia: en su querella, la fundación que aparece representada por Enrique Alcalde Undurraga —albacea de los bienes de Juan Luis Undurraga, su pariente lejano— sostiene que Soprole le debería $13.900 millones en distintos períodos entre 2012 y 2018. Se trataría de diferencias en el precio de la leche y derivados elaborados por Prolesur, y vendidos a Soprole.

Las consecuencias de esta acción legal en una eventual venta de Soprole, que por el momento ha sido negada, son leídas en forma muy distinta dependiendo del bando de que se trate.

Desde la fundación aseguran que saben que Fonterra planea deshacerse de Soprole para cubrir sus deudas y no será fácil para un comprador negociar con una compañía, cuya filial tiene a la mayoría de sus directores querellados. Creen que la investigación podría incluir una revisión de la contabilidad de Soprole.

Los representantes de Fonterra en Prolesur atribuyen la querella a una mala gestión de Juan Carlos Petersen, el gerente genera de Prolesur que dejó el cargo en octubre, a quien responsabilizan de haber perdido casi $15 mil millones en contratos con la Cenabasat. Y afirman que las diferencias quedaron saldadas, ya que Soprole y Fonterra le pagaron $7.200 millones a Prolesur por reliquidaciones y ajustes de precios, lo que impactará positivamente sus resultados que, a septiembre de 2018, eran negativos en $4.900 millones.

Igualmente sintomática es la cantidad de abogados en el directorio de Prolesur, lo que suele ser reflejo de conflicto entre los socios.

Por Fonterra, hay tres: Gerardo Varela y Sergio Diez (socios del estudio Cariola) y Tomás Walker. Los tres están querellados junto a los ejecutivos de Fonterra, Paul Campbell y Robert Spunrway.

Por la fundación, que nomina dos directores, hay un abogado: Sebastián Oddo. Quien lleva la causa de la fundación en la Fiscalía Oriente es Gabriel Zaliasnik. Los cinco directores querellados son defendidos por Julián López, según la revista Capital.

Matías Balmaceda, penalista, socio de BCP y asesor de empresas en la aplicación de programas de prevención del delito, afirma que la ley que creó el delito de administración desleal rige desde el 20 de noviembre y no es retroactiva. “Es muy cortito el período en que (la fundación) podría alegar administración desleal. Y la persona jurídica (Prolesur) tendría que haberse visto beneficiada y obtenido provecho por la administración desleal de sus directores, que no es el caso”.

Asegura que difícilmente la querella complicaría una venta de Soprole. “Es una piedrita en el zapato, pero pasa por plata. El querellante quiere llegar a la persona jurídica (Prolesur) para lograr un mejor precio. Si (Fonterra) quiere sacarse la piedrita del zapato, puede hacer un acuerdo reparatorio con los querellantes y se extingue la acción penal”.

Mientras, en la Corte Suprema la fundación Aninat espera el fallo de la demanda presentada por la viuda de Juan Luis Undurraga en la que exigió que el Arzobispado de Santiago le restituya a ella la totalidad de los bienes y declare la inexistencia y la nulidad de derecho público de la fundación.