Eduardo Pérez vive hace ocho años en Las Encinas, una zona de Vitacura conocida como Jardín del Este. Se cambió desde Providencia —dice—, tras estudiar qué barrio residencial estaba preservado en el plano regulador. En 2009, un plebiscito había resuelto conservar intacto el sector donde se ubica su calle, dentro de la demarcación que señalan San Josemaría Escrivá de Balaguer, Luis Pasteur y Lo Arcaya. Una zona que en 2016 era descrita por la galerista Rosita Lira como “especial para caminar, andar en bicicleta y salir con los perros. Sigue siendo un barrio como de campo en plena ciudad”.

Y así estuvieron las cosas hasta el año pasado, cuando los vecinos supieron de la propuesta del alcalde Raúl Torrealba para dar carácter comercial a la primera línea de edificación de Escrivá.

Se organizaron en un grupo de WhatsApp —dice Pérez que supera las 200 personas—, articularon un comité ejecutivo y, como viven abogados, ingenieros y otros profesionales, elaboraron su propio informe. Les tomó dos meses acabar un documento de 75 páginas, que el 15 de marzo de 2019 le presentaron a la alcaldía de Vitacura. Ahí se indica que si prospera la instalación de comercios, las casas perderán valor en un rango que “puede llegar a un 15-20% comparado con una propiedad que no enfrente una zona comercial (...) Considerando sólo aquellas propiedades a espaldas de avenida Escrivá (…), la pérdida de valor podría ser entre US$ 9 millones y US$ 12 millones”. Esas casas aledañas a los comercios, que podrían ser semejantes a los que hoy existen en Luis Pasteur, quedarían con la vista obstruida hacia el cerro Manquehue y expuestas a robos por las noches, alega.

A fin de estimar cuánto podría crecer el número de autos en la zona, los residentes usaron de referencia el Octavo Informe del Institute of Transportation Engineers (ITE) y calcularon que si las 72 viviendas que actualmente hay se transforman en comercios, de los 1.000 viajes que se pueden generar ahí diariamente en la actualidad, se pasaría a 7.800 viajes. Además, dice el informe, “dada la configuración de Escrivá, será necesario para acceder desde el oriente o retirarse de los locales comerciales hacia el poniente ocupar calles interiores, produciendo un efecto no deseado en calles como Las Encinas, Alfredo Almeyda, Guaraníes, Luis Batlle, Manquehue, Espoz y Lo Arcaya, entre otras”. Los vecinos también fueron al Conservador de Bienes Raíces para saber quiénes son los dueños de la primera línea de edificación de Escrivá, que estarían pidiendo el cambio en el plano. Descubrieron que la propiedad de 10 residencias está en manos de cuatro sociedades.

Pérez integra el comité ejecutivo de vecinos que hizo el informe. “Estamos esperando la respuesta del alcalde, somos realistas. Este barrio nació en los 70. Ahora hay como 40 o 50 casas que han sido remodeladas, con familias que están empezando a hacer sus vidas aquí. Tampoco nos hacemos muchas esperanzas”.

A la idea del cambio del plano regulador se opone el concejal Cristián Araya (UDI), quien afirma que “los problemas no se resuelven con la propuesta que se ha hecho. La modificación es una mala medida porque perjudica a una enorme cantidad de vecinos”. Desde el municipio, el jefe de gabinete del alcalde, Galo Errázuriz, dice que “el informe es una de las tantas cartas que han llegado en un proceso de participación ciudadana. La idea es lograr que todos aporten con fundamentos técnicos para buscar soluciones que son necesarias para el sector”.

Hasta ahora, el Aeropuerto de Pudahuel era sólo conocido como lugar de frecuentes multas a los conductores afiliados a Uber, Cabify o alguna otra plataforma de transporte privado, cuya existencia todavía no ha sido regulada en el país. Pero el capitán de la 27^a Comisaría de Pudahuel, Cristián Almuna Salgado, afirma que en el último tiempo han detectado otra infracción: se trata de los conductores de taxis del terminal (los que tienen la carrocería azul y ocupan patentes naranjas), que usan matrículas provisorias en el parabrisas, aduciendo que la pieza original se dañó o el auto es recién comprado. Dado que todos los accesos al terminal son por autopistas, se presume que su propósito es eludir el cobro del tag.

“En 2018 tuvimos aquí 19.551 infracciones al tránsito. De ellas, 612 correspondieron al Decreto 130, que contempla sancionar a los conductores cuyos autos no tengan adherida la patente a la luneta. Este año, en total ya llevamos 3 mil infracciones y de ese tipo, 220. Vamos a superar con creces este año el tema de la patente”, dice el oficial. “¿Si esto se hace para eludir el pago del tag en las autopistas? Puede ser. Tampoco tenemos cómo saber si estos cartones son falsos. Es un cartón que cualquiera puede hacer en su casa. Hemos hecho saber que esto es un punto que se puede mejorar”, dice. “Entre los vehículos de alquiler formales prácticamente la mayoría tiene esta patente provisoria. Muchos dicen que lo hacen debido a que el auto es nuevo. Si tienen la autorización del Registro Civil, no se puede hacer nada. A nosotros nos llama la atención. Es difícil, por ejemplo, que un auto nuevo tenga daño en la patente”, argumenta.