Desde que el Presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de modernización tributaria en agosto del año pasado, el cual de manera inédita contempla un gravamen para empresas de servicios digitales, las firmas del rubro—como Netflix, Uber, Airbnb, entre otras—comenzaron a tantear terreno. En su gran mayoría con domicilio en el extranjero, las compañias utilizaron audiencias en el marco de la Ley de Lobby para contactarse con las autoridades.

¿La fórmula? Contrataron estudios de abogados especialistas o bien actuaron a través de gremios como Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) o la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, Amcham. La primera firma que estableció contacto con las autoridades fue Netflix. Un mes antes de que el Presidente anunciara vía cadena nacional su propuesta de reforma tributaria (23 de agosto de 2018), la compañía de streaming comenzó a tantear terreno con parlamentarios acompañados por sus asesores externos, Claudio Magliona y su socio Nicolás Yuraszeck, ambos reconocidos en el listado internacional de abogados Chambers and Partners, en el área de tecnología.

Según el portal Infolobby, entre el 23 y 24 de julio, la plana mayor de Netflix liderada por Leif Kogl, gerente de Tributación Internacional, Mike Wittig, vicepresidente global de Impuestos, y Paula Pinha, directora de Asuntos Públicos para América Latina, se reunieron con los senadores PPD Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber. En la Cámara se reunieron con los UDI Jaime Bellolio, Issa Kort y Guillermo Ramírez, también con Giorgio Jackson (RD). Además, hubo una cita en el Ministerio de Hacienda con el coordinador tributario de la entidad, Manuel José Alcalde Peñafiel.

La propuesta tributaria del Ejecutivo contempló originalmente un impuesto de 10% a aplicaciones de servicios. En medio de las negociaciones para aprobar la idea de legislar, Hacienda se abrió a aumentar el tributo para equipararlo con la tasa del IVA (19%). También ha pedido que las plataformas “renegocien” los precios con sus clientes.

Sin embargo, lo más probable es que el impuesto se traspase a los usuarios. Por ejemplo en Argentina, Netflix reaccionó a un impuesto similar eliminando el mes gratuito de prueba y traspasando el impuesto a la tarifa a los usuarios.

Más allá del monto del tributo, las plataformas prefieren estabilidad.

En ese sentido, Magliona, quien es Secretario ejecutivo del Comité Legal la ACTI y en el pasado ha estado involucrado en las ventas de empresas tech como Bazuca.com, Deremate.com y Portal Inmobiliario, las empresas están de acuerdo con que el gravamen sea cobrado mediante el IVA y no por un impuesto específico.

Bajo su paraguas gremial, el abogado explica que a las empresas de servicios digitales “prefieren pagar un 19% por un tema de certeza. Si el IVA cambia en Chile, cambia para todos y a las empresas de estas características, como a cualquier inversionista le gustan las reglas claras”.

El experto sostiene que si a las empresas de servicios digitales se les cobra IVA, éste ya viene indexado en el precio del servicio a diferencia de un impuesto específico. Añade que “si se va a encarecer el precio esto será por una decisión tributaria chilena. Si se da este escenario pondría un desafío a las empresas y el consumidor tendrá que definir si contrata o no el servicio de acuerdo a su presupuesto”.

Esta mañana el director de Odecu, Stefan Larenas, se reunió con el director del Sernac, Lucas del Villar, para hablar sobre la demanda en contra de los comercializadores de Apple en Chile por la obsolescencia programada de sus modelos 5, 6, y 7.

“El director del Sernac manifestó su apoyo a la causa de defensa de los consumidores y las organizaciones que los representan”, dijo Larenas referiéndose a la demanda presentada por Odecu en contra de Apple Chile Ltda, MacOnline y Reifschneider, comercializadores en Chile de los teléfonos cuyo fabricante (Apple) redujo deliberadamente su velocidad de navegación para que los clientes cambiaran los modelos, lo que se conoce como “obsolescencia programada”.

En una primera instancia el director del Sernac se mostró escéptico respecto de la acción judicial de Odecu porque los demandados actuaron sólo como vendedores de los modelos que sufrieron este problema.

Pese a las dudas manifestadas por la autoridad en febrero casi 190 mil personas, según Odecu, se inscribieron en su página web como afectados por la “obsolescencia programada”.

Larenas destacó que Odecu lanzó una ofensiva continental y que siete países —Argentina, Perú, Colombia, Brasil, El Salvador, México y Panamá— se contactaron con la organización para seguir sus pasos.

Hasta ahora no hay precedente en Chile de que comercializadores de productos (y no sus fabricantes) hayan pagado indemnizaciones a clientes afectados. Conadecus, la otra organización de consumidores de Chile, demandó hace varios meses a Apple en California, a través de un estudio de abogados estadounidense.