“La Corporación La Esperanza no ha tenido ninguna vinculación con el manejo de platas políticas”, dice Ana Luisa Jouanne, directora ejecutiva de la organización, que en 1995 fundó junto a su marido, el ex senador Jaime Orpis (62). Una frase que repite desde 2015, cuando el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público presentaron una querella en contra su esposo en el marco del caso Corpesca por los supuestos ilícitos de cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios, y cuyo juicio oral partió esta mañana (ver página 7).

Hoy, cuando agrega que “los proyectos deben independizarse de sus fundadores”, remarca que tiene “la tranquilidad de que luego de ser investigados exhaustivamente”, la fiscalía y el SII concluyeron que “La Esperanza solo se dedica a la rehabilitación y reinserción de la gente, a la prevención y a intentar influir en las políticas públicas para disminuir el consumo en Chile”.

El caso llevó a Orpis a alejarse por completo de la Corporación, la cual ya había dejado de presidir en 2008 por su incompatibilidad constitucional de sostener contratos con el Estado, debido a su cargo de parlamentario. Desde entonces es Jouanne quien dirige la organización, que durante 23 años ha ofrecido el servicio de rehabilitación y reinserción social para personas de bajos recursos con adicción a las drogas y/o al alcohol. “La Corporación está muy preocupada de los tratamientos, eso es genuino y dio un servicio aceptable”, dice hoy Mariano Montenegro, quien dirigió el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) entre 2015 y 2016. “Tengo una buena opinión de su trabajo”, remata el hoy director de Espacio Público.

El trabajo de La Esperanza comenzó en 1995 con un centro en San Joaquín. Con el apoyo del mundo privado, donantes particulares, la autogestión y el financiamiento público, la Corporación logró levantar siete centros de atención para 2012, donde se atendían 350 personas anualmente. Sin embargo, en diciembre de 2015 —el mismo año en que comenzaron las investigaciones en contra de Orpis— se produjo el cierre de tres de sedes. Pero Jouanne asegura que el caso Corpesca no fue el detonante de la crisis económica.

También lo sostiene así la ex relacionadora pública de la corporación, Silvia Letelier. Según ella, aunque se resintieron económicamente tras el estallido del caso en abril de 2015, “teníamos problemas desde antes”.

El financiamiento de la Corporación se organiza en tres tercios: fondos públicos, donaciones y autogestión. Para el primer ítem, La Esperanza participa desde 2008 en las licitaciones de Senda. “Entran en licitaciones públicas y se adjudican un servicio que requiere el Estado y en eso ellos estuvieron atentos a que no se mezclaran las cosas. Fueron bastante probos”, sostiene Montenegro. “Senda no nos cubre el total de los tratamientos, cubre el 60% y en otras ocasiones nos cubre el tratamiento de menos de 25 personas (de 300)”, dice Ana Luisa Jouanne. Y el costo, precisa, alcanza a entre 4 y 5 millones de pesos anuales por persona”.

Desde la oficina de Condell, en Providencia, Jouanne relata —a ratos afectada— cómo las dificultades económicas y el caso de su marido han impactado en lo que ella considera un proyecto de vida familiar.

“Muchos donantes han llegado”, y también “muchos otros se fueron. Tal vez por temor de anticiparse a cualquier cuestionamiento de su marca, cuidar su marca. Yo lo respeto”.

Lo que cuenta también se ve reflejado en las memorias de la corporación: En la de 2015 —sobre la gestión de 2014— los agradecimientos en el documento eran para 65 empresas que “son parte de nuestro desafío”, entre ellos los de Elite, Collahuasi, Sigdo Koppers, BCI, Chilexpress, Hush Puppies, Lan, Oxford, Help, Coca Cola, Colbún, Lipigas, Banco de Chile, Aguas Andinas, Metrogas”; pero en la última memoria, publicada en 2018 —sobre la gestión de 2017—, no se mencionan las empresas donantes.

Otros hechos que dan cuenta de los vaivenes de la Corporación quedan en evidencia al comparar las mismas memorias. La cena anual de recaudación de 2014, realizada en Casa Piedra, contó con la presencia de 1.200 personas, quienes disfrutaron de la animación de Diana Bolocco y Cristián Sánchez, logrando una recaudación de $282 millones. Para el evento colaboraron 22 firmas, entre ellas Carozzi, Embotelladora Andina, Jumbo, Don Pollo, Champiñones Abrante, Hotel Kennedy y Hotel Park Plaza Lyon.

En cambio, la cena de 2017 se realizó en el Centro Parque (en el Parque Araucano) y fue animada por María Luisa Godoy —quien entonces todavía no participaba del Festival de Viña— y Pablo Zúñiga. También hubo 1.200 personas según el reporte, pero la recaudación cayó más de $50 millones, totalizando $231 millones. Y sin identificar a ninguna empresa, la Memoria sólo dice que “agradecemos enormemente a todos nuestros colaboradores”.

En tanto, la colecta anual del 8 de agosto de 2014 juntó más de $ 12 millones y la del 4 de agosto de 2017 menos de $ 6 millones. Y de la campaña de Navidad —que en 2014 logró armar 300 cajas para las personas en rehabilitación, más juguetes para sus hijos— nada se dice en la Memoria que abarca 2017.

Pese a los vaivenes —que provocaron que en 2014 los ingresos fueran de $1.256 millones y en 2017 de $1.190 millones—, la esposa de Orpis remarca que en 2018 han visto signos de mejoría, con ingresos por más de $1.600 millones.

“Ha sido tremendamente difícil, pero hay gente que cree en nosotros, yo me reúno con más de 500 empresas para conseguir donantes”, explica Jouanne. “Tengo la tranquilidad de poder ir a golpear puertas con absoluta confianza. Eso no significa que en el camino no puedan haber empresas que prefirieron no meterse”, detalla.

“Hay gente que me pregunta ‘por qué sigues ahí'. Tengo tantas batallas en el frente interno, tanto de qué ocuparme; porque para nosotros este es un proyecto de matrimonio (se quiebra)… Partimos hace 23 años y aunque hoy esté sola, sigue siendo parte del proyecto que los dos iniciamos”, concluye.