A mediados del siglo XX, Chile era un país muy pobre y en muchos ámbitos podía contrastar un desarrollo democrático que despertaba admiración internacional y cierta jactancia interna, contra una gran pobreza y subdesarrollo económico y social, que distaban mucho de las posibilidades y aspiración de la población. Una de las manifestaciones más claras de esa miseria era la situación de la vivienda, una deuda perpetua y repetida promesa electoral.

El Censo de la Vivienda de 1952 mostraba el enorme déficit existente en este ámbito, que persistiría en las décadas siguientes, en parte debido a la creciente migración campo-ciudad. Si bien las distintas administraciones procuraron enfrentar el problema, construyendo viviendas y realizando inversiones al respecto, los propios afectados también decidieron organizarse y comenzar a actuar bajo distintas fórmulas para intentar resolver sus problemas. Uno de los mecanismos utilizados fueron las “tomas” de terrenos, que luego derivaban en la construcción de viviendas hechizas y la formación de “poblaciones callampa”, como se las denominó: sin luz eléctrica ni agua potable, sin alcantarillado y con una miseria que expresaba una de las caras más visibles de la injusticia social que muchos comenzaron a denunciar cada vez con más fuerza. Hubo casos emblemáticos, como la toma de la Victoria en 1957.

En marzo 1967 se produjo otra ocupación que adquirió particular relevancia: la de Herminda de la Victoria. Esta tuvo un significado especial, como ha sostenido Mario Garcés en el libro «Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970» (Santiago, Lom, 2014): ella inauguró “el más significativo ciclo de tomas de terrenos, que no culminó, sino hasta mediados de 1973”.

El gobierno de Eduardo Frei Montalva había sido activo en el tema: creó el Ministerio de la Vivienda en 1965 y construyó una gran cantidad de habitaciones, en buena medida siguiendo el legado dejado en el área por Jorge Alessandri. Sin embargo, también debió afrontar una explosión de demandas en diversas áreas, que se expresó en tomas de terrenos, que eran manifestación de una demanda real y también de la acción de grupos de izquierda, según denunciaban las autoridades. En este ambiente se dieron, en marzo de 1969, los sucesos de Puerto Montt.

En 1968 comenzaron las tomas en los terrenos denominados Pampa Irigoin, en Puerto Montt, donde se ubicaron pobladores de diversas poblaciones de la ciudad y de zonas rurales. Los terrenos pertenecían a Rociel Irigoin, quien ya se encontraba en conversaciones para vender los terrenos al Ministerio de Vivienda, precisamente para construir las casas a los ocupantes, que habían establecido chozas con material hechizo y eran desalojados en ocasiones. Según afirma José Bengoa en su estudio «Pampa Irigoin: lucha de clases y conciencia de clases» (1971), “todas las poblaciones de Puerto Montt son producto de tomas ‘ilegales' de terrenos”.

En el caso específico donde se produjo la tragedia, la situación se precipitó cuando el 8 de marzo de 1969 se produjo una nueva toma, en la cual un grupo de unos 90 pobladores se instalaron literalmente “de la noche a la mañana” en el lugar. Tras ello, el Grupo Móvil de Carabineros —que recibió múltiples críticas en aquellos años— actuó para desalojar, utilizando bombas lacrimógenas y armas de fuego. Los pobladores, por su parte, recibieron la ayuda de cientos de vecinos del lugar, todos los cuales resistieron la desocupación.

La represión policial significó, primero, disparos al aire y, luego, a los propios pobladores, provocando un trágico desenlace de la situación, con muertos y heridos. Al comienzo se explicó que los pobladores fallecidos fueron entre seis y ocho, pero finalmente la cifra alcanzó a diez: José Rosamel Santana, José Fernando Flores, Wilibaldo Vargas, Luis Carlos Alderete, Arnoldo González, Jovino Cárdenas, Federico Cabrera, José Heriberto Aros, Robinson Montiel y David Montiel. A ellos se sumaban 51 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Además hubo decenas de detenidos.

En una nota reproducida por revista Ercilla, el intendente Espinace explicó que el ministerio ya se encontraba gestionando la entrega de terrenos semiurbanizados, a un costo muy bajo, pero que se había producido la toma de terrenos y el levantamiento de viviendas provisorias. En el caso de Pampa Irigoin, Carabineros cumplió una tarea, requiriendo la desocupación de los terrenos, encontrándose “con una resistencia agresiva, perfectamente planeada y organizada, ya que tenían acumuladas piedras, palos, armas de fuego y otros elementos contundentes, e incluso un sistema de alarma”, que con ayuda de otras “mil personas rodearon y lucharon en contra de Carabineros, que fueron obligados a hacer uso de sus armas”.

Las autoridades gubernamentales culpaban de la agitación y aprovechamiento político a Luis Espinoza, regidor y diputado socialista recién elegido, acusándolo de “instigador” de la ocupación ilegal. El diario oficialista La Nación acusó que “los luctuosos hechos” que conmovían al país tenían su origen en un dirigente marxista —el propio Espinoza— que había olvidado su filiación, actuando “como si fuera un ferviente devoto del anarquismo”. El gobierno de Frei se querelló contra él por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En el plano más institucional, el ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic asumió la responsabilidad política, si bien no había dado personalmente la orden de reprimir la toma en Pampa Irigoin. Contra él se desatarían todas las críticas y ataques en los días siguientes, incluso de algunos de sus correligionarios, especialmente de la juventud de la Democracia Cristiana, aunque también de otros actores relevantes de la línea más izquierdista del partido.

En carta al presidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, el presidente Eduardo Frei condenó la “actitud traidora” de los democratacristianos que atacaban al gobierno sin considerar la verdad de lo ocurrido. Luego reflexionaba: “No es un misterio para nadie en Chile que ciertas fuerzas políticas vienen predicando y practicando la violencia como método para hacer fracasar los programa del gobierno y producir en Chile las condiciones de una lucha armada. Esto es ya público y reiterado en el caso de dirigentes socialistas de Puerto Montt”. Por lo mismo, sostenía que “las víctimas no son de responsabilidad del Gobierno, lo son de quienes quieren destruir nuestra democracia y lucrar con la muerte de seres inocentes”.

En los días y meses siguientes, Frei ratificó la confianza en su ministro Pérez Zujovic.

En materia política, los sucesos provocaron dos reacciones principales, que afectaron la relación del gobierno con los partidos de izquierda —que fue lapidaria en sus críticas—, así como dificultaron la convivencia interna dentro de la Democracia Cristiana, donde existieron posturas encontradas.

En el primer plano, la diputada comunista Gladys Marín afirmó resueltamente que “una vez más el gobierno democratacristiano ha mostrado su esencia reaccionaria al disparar contra el pueblo, en lugar de buscar y dar solución a los graves problemas de la gente”. El Comité Central del Partido Socialista fue especialmente duro, y además de solidarizar con los pobladores y referirse a la “prepotencia del régimen” de la DC, sostuvo que el PS “responsabiliza al gobierno democratacristiano, en particular al señor Frei y a su ministro del Interior de esta nueva masacre contra el pueblo y de haber actuado premeditadamente y conforme a su política de mano dura en estos luctuosos sucesos que han consternado a la opinión pública del país”. La Comisión Política del Partido Comunista sostuvo que “para derrotar la política de las balas de este régimen y la ofensiva de los reaccionarios de dentro y fuera del gobierno, corresponde más que nunca reforzar la unidad en las organizaciones que agrupan a los trabajadores y en general a todas las fuerzas populares”. La izquierda, en general, aprovechó la ocasión para recordar la matanza de El Salvador, producida bajo la misma administración en marzo de 1966.

Probablemente, la postura más lapidaria fue el senador Salvador Allende, quien viajó a Puerto Montt a informarse de los sucesos. En un discurso en la Cámara Alta acusó las contradicciones de Frei senador y Frei Presidente de la República, recordando las palabras del líder democratacristiano en el Senado en 1962, cuando señaló con ocasión de las muertes en la población José María Caro: “A la primera actuación, siempre hay balas para los pobres. Y yo pregunto: ¿estamos construyendo en este país algo positivo o acumulando en esa gente un sedimento de odio que mañana nadie podrá contener, ningún partido político ni ningún hombre?”. Invitaba a Frei a pesar esas palabras “en su propia conciencia”.

El gobierno de Frei, por el contrario, sostenía que la tragedia era fruto de la acción irresponsable de la izquierda. “Quien siembra vientos, cosecha tempestades”, recordó el senador falangista Ignacio Palma Vicuña durante la discusión en la Cámara Alta, a la vez que señalaba que “a la violencia reaccionaria y asesina, responderemos con violencia revolucionaria”.

El 4 de junio, la izquierda presentó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, que comenzaba con un análisis de la situación política del momento y la interpretación de los sucesos: “La masacre de Puerto Montt no es un hecho aislado, es parte de un proceso que vienen realizando algunos sectores desde altas esferas de gobierno para hacer desaparecer en Chile el estado de derecho; para establecer el cesarismo y la omnipotencia presidencial; para avasallar a los trabajadores; para echar pie atrás la reforma agraria; para contener la exigencia de que Chile rescate las riquezas usurpadas por el imperialismo; para acallar las demandas del pueblo, que exige el cumplimiento de las promesas de solucionar el problema habitacional y que no haya más compatriotas sin techo. Esta masacre no fue un mero accidente”. A Pérez Zujovic se le imputaba “infracción de la Constitución, abuso de poder y atropellamiento de leyes”.

Finalmente, el 12 de junio y después de una dura discusión, la votación fue rechazada por 54 votos a favor y 78 en contra (hubo además tres abstenciones, entre ellos los jóvenes diputados democratacristianos Luis Maira y Pedro Felipe Ramírez). El ministro Pérez Zujovic no estuvo presente para evitar escuchar “tergiversaciones”, “injurias” y ataques al gobierno. La prensa reportó incidentes en la sesión, que finalmente —a pesar de lo agrio del tema y del debate— no terminó con la salida anticipada del ministro. El cambio de gabinete se produciría poco después, el 10 de julio, cuando fue reemplazado por Patricio Rojas.

La dramática historia de la matanza de Puerto Montt no terminaría ahí. El cantautor Víctor Jara popularizó después “Preguntas por Puerto Montt”, inspirada en los sucesos de marzo de 1969, como un homenaje a los que murieron “luchando por el derecho/de un suelo para vivir”. Ahí dirigía una invectiva contundente contra el ministro del Interior de Frei: “Usted debe responder/señor Pérez Zujovic/Por qué al pueblo indefenso/contestaron con fusil./Señor Pérez su conciencia/la enterró en un ataúd/Y no limpiarán sus manos/ni toda la lluvia del sur”.

Finalmente, el 8 de junio de 1971, el comando extremista Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) asesinó a Edmundo Pérez Zujovic, cuando el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular todavía no cumplían un año en La Moneda. Esta muerte tendría, a su vez, un gran impacto social y político en el Chile de la era de las revoluciones.